Iván Poduje a cuatro años del 18-O: “La pandemia salvó a la democracia, porque apagó la violencia del estallido”

Una radiografía de un país donde reina “la ley del más fuerte” es lo que busca presentar “Chile Tomado”, el nuevo libro del arquitecto y magíster en desarrollo urbano, Iván Poduje (55). El ensayo de 134 páginas, editado por Uqbar, se lanzó el fin de semana en el Festival de Autores de Santiago, a pocos días de un nuevo aniversario del estallido social, uno de los fenómenos que explicarían -a su juicio- la situación actual del país.

En el libro -que incluye mapas, ilustraciones y fotografías tomadas por su autor-, el socio de la oficina de urbanismo Atisba explica que la violencia y la criminalidad en distintos sectores se entienden también por la influencia de la crisis migratoria y la pandemia, que habrían dejado en evidencia la ausencia del Estado en zonas clave del país.

–¿De dónde surge el nombre del libro? ¿Cuál es el diagnóstico que hay detrás?

-El diagnóstico es que hay sectores importantes del país, tanto urbanos como rurales y productivos, donde el Estado o no tiene control o ha perdido gran parte del control de lo que ahí ocurre. Esto abarca desde usurpaciones de terrenos hasta expansión del comercio informal, pasando por los campamentos, zonas controladas por bandas, narcotráfico, etcétera.

Entonces, el libro lo que hace es relatar cómo el país ha ido perdiendo control de su territorio en sectores bien específicos y muy relevantes. Son sectores como la frontera norte, la parte norte de Arica, el sector de Chacalluta, Alto Hospicio y Colchane. Pero también varias rutas de la Macrozona Sur, un tramo de 260 kilómetros de la Ruta 5, sectores de Victoria y Ercilla -la zona roja de La Araucanía. Además, hablamos de áreas urbanas: 57 avenidas y calles importantes de Santiago, paseos peatonales y zonas capturadas por el narco en las periferias de casi todas las ciudades importantes.

–¿Quiénes son los que se han “tomado” estos territorios?

-Son organizaciones de poder paralelas al Estado, que imponen sus lógicas por la ley del más fuerte, se imponen por hechos consumados. Eso es lo que hacen el comercio informal o las bandas, que reemplazan incluso las funciones de seguridad del Estado. También hay organizaciones que comprometen y amenazan la conectividad territorial de Chile, que es lo que pasa en este país cortado que se produce en la Macrozona Sur.

Son entidades muy distintas, muy diversas, que están operando con una lógica violenta, y donde los más afectados son los vecinos que viven en esos sectores o transitan por esas áreas. Y, por cierto, el país en su conjunto, por la envergadura de las zonas que están siendo tomadas.

–¿Cuál debiese ser el rol del Estado en esos lugares?

-Lo primero, y lo más básico, es ofrecer seguridad a los vecinos, que pagan impuestos para tener seguridad y no estar expuestos a la acción de bandas. Lo mismo con los comerciantes, que tienen una competencia desleal en sus narices. Lo segundo es prestar servicios de educación y salud en las periferias urbanas más densamente pobladas, donde el Estado se ha ido retirando.

Esto no es sólo un tema de seguridad. Hay un repliegue que tiene que ver con los servicios y con la mantención de los espacios, que es bien general. En el caso de los campamentos, la situación es más crítica, porque ahí sencillamente no hay nada. Son verdaderas ciudades donde viven 12 mil personas, donde no hay agua potable, alcantarillado, consultorios, jardines infantiles ni escuelas.

–En el libro planteas que hay aspectos donde se va notando concretamente la ausencia del Estado. Algunos son el crecimiento urbano informal o las usurpaciones. ¿Qué otros más pudiste identificar?

-Está la proliferación de toda la informalidad urbana, en sus distintas manifestaciones, que es el comercio, los arriendos clandestinos, los campamentos y las usurpaciones de tierras. También, la ocupación -con razones más violentas- de sectores completos de ciudades, la ausencia de policías, o el mal estado de los colegios y los jardines infantiles… el hecho de que algunos estén blindados porque no hay presencia policial.

La ciudad tomada tiene muchos rostros que van dejando en evidencia que hay un abandono, y ese abandono afecta fundamentalmente a familias de clase media y sectores populares, que están a merced de la ley del más fuerte.

–Una idea fundamental que planteas en el libro es que hay cuatro crisis que han influido en que Chile esté tomado: la crisis migratoria, el estallido social, la pandemia y el alza de la criminalidad. ¿Cómo interactúan esos fenómenos en el ‘Chile tomado’?

-La crisis migratoria viene dándose desde 2017. Entre 2017 y 2023, la población extranjera aumentó en casi un millón de habitantes, en muy poco tiempo. Esto se combina con la crisis social, el estallido, que tiene un efecto gigantesco de demolición del control del orden público, del Estado de derecho y de validación de la violencia y actitudes criminales por razones políticas.

Cae el estallido y entra la pandemia, que en la práctica castiga nuevamente a los sectores vulnerables y obliga a cerrar la ciudad. Esto es aprovechado por los grupos criminales para expandir el comercio informal, los campamentos, las tomas y las usurpaciones. Esto, aprovechándose del cierre de la ciudad y de que el Estado y las policías están agotados y diezmado. Además, con un Gobierno en knock out.

–Pero también dices que la pandemia tuvo otros efectos…

-Claro, la pandemia agudiza la falta de control, porque la ciudad se vacía. El comercio informal nunca respeta las cuarentenas, y se aprovecha de la existencia de estas cuarentenas para poder expandirse sin control sobre la ciudad.

Pero también bajó la tensión. La pandemia salvó a la democracia, porque apagó la violencia del estallido. Indudablemente, fue fundamental para controlar ese flagelo, pero a su vez trajo otros de vuelta.

–¿Cómo crees que el país llegó a la situación que diagnosticas?

-Es una combinación de tres factores. El primero es una sucesión de crisis muy fuertes, muy intensas, que ocurren en poco tiempo. El segundo, una incapacidad completa de las élites gobernantes, empresariales y culturales para entender lo que estaba ocurriendo y controlarlo. Hay, en ese sentido, una autosegregación de la élite, que se encierra en un pedazo de la ciudad y se desconecta de la realidad del resto.

Lo tercero, que es muy incidente, es que estos fenómenos tienen una componente criminal que nosotros nunca hemos visto, que es la importación de delitos o conductas que antes no existían y que, producto de la incorporación de estos grupos internacionales, agudizan sobre todo la parte delictual. Eso lleva a usurpaciones de terrenos, control del comercio informal, desplazamiento de los homicidios a las zonas centrales, disputas de zonas con violencia, secuestros y sicariatos.

–Uno de tus diagnósticos es que esta élite que dices que está autosegregada está mucho más preocupada de temas ideológicos y causas que de problemas como la seguridad y la situación de las ciudades…

-Como se autosegrega la élite, crea una realidad paralela. Eso ya lo vemos en el estallido social. El estallido social estuvo lleno de utopías que nunca fueron reales. Nunca fue real la revuelta popular. Nunca fue real que no había violencia. Nunca se consideró el efecto de las barras bravas que fueron clave para la expansión de la violencia en el estallido.

Desde entonces hemos visto reacciones que no guardan ninguna relación con la realidad. Esto permite que todas las patologías crezcan sin control. Todo, mientras este grupo de personas que tienen el poder desde las empresas, los medios y la política se desvela en temas como la Constitución o los 50 años, que le ocupan a ellos fundamentalmente.

–Mirando hacia atrás, ¿cómo explicas tú el estallido social, a cuatro años de que se produjera? ¿Qué crees que lo causó?

-Yo creo que fue una suma de factores. No hubo una sola cabeza. No hubo una sola motivación. Aquí hubo problemas que se acumularon por años, particularmente en las periferias de las ciudades, patologías sociales que se acumularon, malestar social que se acumuló. Pero, lo más importante, es la rapidez con se propaga la violencia y el uso político de esa violencia por parte de grupos que vieron que empujando esa violencia podían botar al Gobierno.

Creo que ese último factor, que no controlaban todas las cabezas, cuando hacen el pacto del 15 de noviembre se genera esta fantasía de que la violencia iba a terminar y que iba a haber una salida institucional que nunca llegó. Es una suma de fuerzas, con una idealización política de la violencia muy peligrosa, que casi nos hace quebrar la democracia.

–¿Qué vías de solución identificas tú para salir del “Chile tomado”?

-Este no es un problema sólo de delincuencia. Es un problema de falta de control territorial para sectores estratégicos para el país, pero también de ciudades. Esto está afectando la calidad de vida de millones de chilenos. Entonces, lo primero que hay que hacer es dimensionar la magnitud del problema.

Pero lo segundo es enfocarte 100% en las soluciones. Eso implica tener una estrategia de seguridad nacional y de integración social, con una agenda social importante que recupere la presencia del Estado y reactive la política habitacional, para frenar la demanda que están teniendo los campamentos. Eso es lo que se requiere y, lamentablemente, el proceso constituyente ha sido el peor de los mundos, porque tiene a la élite un poquito embobada. Eso impide que se dimensione la magnitud del problema que tenemos.

–A las élites de la izquierda y de la derecha, ¿no?

-Derechas e izquierdas. Todos. Esto parte con la izquierda, pero también la derecha ha estado desconectada. El sector empresarial ha estado muy desconectado. Nadie habla de lo que está pasando en Alto Hospicio. Casi no se habla de lo que está pasando en Arauco, en Lo Espejo o en la parte alta de Valparaíso. Es realmente impresionante la indolencia que existe respecto de los problemas que afectan a los chilenos.