Nuevo capítulo: la expropiación de un terreno en pleno corazón de Sanhattan que enfrenta a Copec con el Fisco

A fines de 2022, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, firmó el decreto que expropiaba el terreno donde se ubicaba una tradicional estación de servicio del barrio El Golf. La bomba Copec estaba emplazada en el paño donde confluyen las avenidas Andrés Bello, Isidora Goyenechea y Vitacura.

En ese lugar se instalará la futura estación Isidora Goyenechea, de la Línea 7 del Metro.

Como reporta el Diario Financiero, la expropiación desató una disputa entre el Fisco y la Compañía de Petróleos de Chile (Copec). Uno de los aspectos en discusión fue el monto de la indemnización, que el Estado solicitó rebajar, bajo el argumento de que “ahí no se puede construir nada”. La empresa, en tanto, calculó que la compensación debía ser cercana a los $6.900 millones de pesos, el triple de lo propuesto por el Fisco.

Ahora, la disputa entre la compañía y el Fisco -representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE)- sumó un nuevo episodio. Esta vez, los peritos designados por las partes ampliaron las diferencias de cálculos. Mientras Guillermo Condemarin, designado por Copec, determinó una indemnización de $7.229 millones por el terreno, Angélica Seura, nominada por el Estado, la fijó en $1.225 millones.

“Error en el cálculo”: el origen del conflicto entre Copec y el Fisco

El proceso se inició luego de que el Fisco estimara que se estaba pagando a Copec un valor superior al correspondiente por la expropiación del terreno. Su argumento fue que existió un “error en el cálculo” realizado por la comisión tasadora.

La compañía, por su parte, rechazó los argumentos del CDE y presentó una demanda de reclamo de monto de indemnización provisional por expropiación. A su juicio, “el terreno expropiado tiene un valor superior al fijado por la Comisión de Peritos del MOP”. Esa instancia cifró el monto de la compensación a Copec en $4.226 millones por la superficie total.

Pero, para la empresa, ese valor no bastaba. Por ello pidieron a la justicia que se les compensara con poco más de $6.972 millones de pesos. Al mismo tiempo, el Fisco exigió dejar la indemnización en $2.201 millones por toda la superficie.

Los argumentos de las partes

La perito designada por el Fisco argumentó que el lote expropiado tiene una superficie de terreno excluida del Plan de Regulador Comunal de Las Condes. Eso implica serias restricciones para su comercialización. Entre ellas estaban las servidumbres, la afectación a utilidad pública, la prohibición de funcionamiento de una bomba de bencina y que no existe alguna normativa que regule su uso.

“Al ser desde siempre considerado, como se comprobó en el presente informe, un predio de reserva vial, un nudo de tránsito, que puede ser requerido en cualquier momento, como lo fue ahora para el desarrollo vial del sector”, aseguró la tasadora.

Pero, desde Copec, la tesis usada fue distinta. Según el especialista, el terreno no se encuentra afecto a utilidad pública y “es perfectamente posible desarrollar construcciones”. Además, enfatiza que no está destinado a vialidad ni sería afectado por el ensanche de la Costanera Sur.