“Hay más personas que dieron el visto bueno”: defensa de Carlos Contreras afirma que apelará a la medida de prisión preventiva

Durante la tarde de este viernes, el Juzgado de Garantía acogió la petición realizada por la Fiscalía de Antofagasta y dictó la medida de prisión preventiva contra Daniel Andrade y Carlos Contreras (ambos exRD), quienes fueron detenidos el miércoles en medio de las investigaciones que está llevando el ente persecutor sobre el Caso Convenios, específicamente con la arista de la Fundación Democracia Viva. Además, se dispusieron seis meses para la investigación.

“Se accederá a la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público de los querellantes, la que dice relación con la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad”, dijo la jueza Sissi Bertoglio-Talap al finalizar la audiencia.

Sin embargo, el abogado defensor del exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, señaló que buscará revertir la medida ante la Corte de Apelaciones. Dentro de los argumentos, el legista Andrés Bustos indicó que “hay más personas que dieron el visto bueno y revisaron los antecedentes para que se aprobara el acuerdo y los convenios con las fundaciones, sobre todo con Democracia Viva”.

“No ha tenido ningún tipo de responsabilidad sobre las decisiones de a qué otras fundaciones se deciden para entregar fondos”, agregó el representante de Contreras.

Por otro lado, el abogado enfatizó que “un punto muy importante, que no fue considerado por el tribunal, es que Carlos siempre preguntó y se asesoró por la División Jurídica de la Seremi. Él preguntó a las personas adecuadas y capacitadas del punto de vista legal para efectos de tomar una decisión. Quedó claro en nuestros descargos que cuando Carlos Contreras ve que hay una cuestión que puede ser irregular, él pide una auditoría”.

Al ser consultado por la prisión preventiva de su cliente, la que se extenderá por lo seis meses que dure la investigación, Bustos aseveró que “sin duda nosotros vamos a apelar a esta resolución, tenemos cinco días, y esperamos que la Corte confirme nuestras peticiones”.

“Es imposible que un seremi de una región tenga la autonomía y la voluntad para aprobar convenios que son extremadamente complejos desde el punto de vista económico, legal y de las garantías que se solicitan”, agregó el profesional

Sobre si se deben recoger responsabilidades en el gobierno central, Burgos afirmó que “sin duda es una arista que yo creó que quedó manifestada por nuestras alegaciones y que tiene que investigar la Fiscalía”.