Pensiones de gracia del estallido: beneficiario recibió $2,5 millones el mismo día que el Gobierno dijo que se revocarían

Era el 15 de enero cuando el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), respondía a las polémicas pensiones de gracia brindadas a afectados por el estallido social que tenían antecedentes penales. Desde el Congreso, el integrante del Ejecutivo aseguró que “el Presidente va a usar la facultad de revocación administrativa (…). Se están fijando los criterios y no tengo ninguna duda a propósito de los plazos que el Presidente los va a usar lo antes posible“.

No obstante ese mismo día, en paralelo, se estaba realizando una transferencia desde la Tesorería General de la República (TGR) hacia uno de los beneficiados. Se trataba de Gabriel Allende Torres, de quien se supo que había lanzado una molotov a Carabineros en una protesta de Curacaví, el 21 de octubre del 2019.

De acuerdo a Ex-Ante, la TGR depositó a Allende $2.516.477 ese 15 de enero, en medio de la polémica generada por los beneficios. La razón del monto se encontraba radicada en que en el 23 de febrero del 2023, el Ministerio del Interior firmó el decreto que aumentaba el monto de la pensión vitalicia que se estaba entregando, en pos de cumplir con la palabra que dio el Presidente Gabriel Boric en su primera cuenta pública, donde anunció la medida.

Allende recibió el primer pago de la pensión de gracia en noviembre del 2022, dos meses antes de la modificación del monto. No obstante, materializado el decreto de febrero del 2023, continuó recibiendo 0,7 ingresos mínimos mensuales, lo establecido en un comienzo —el decreto modificó el monto a 1,5 ingresos mensuales, equivalentes a 444.767 a finales del 2023—.

Fue por ello que recibió el pago retroactivo de enero: la TGR saldó los montos adeudados por la no modificación de su pensión en los meses anteriores.

La condena de Allende y su selección para recibir pensiones de gracia

El pensionado por gracia fue condenado a tres años en un juicio abreviado que concluyó en abril del 2022. En esa oportunidad, la pena de Allende correspondió a tres años de prisión, las cuales fueron sustituidas por una pena en libertad vigilada. La razón de la comparecencia del sujeto tenía que ver con el lanzamiento de artefactos incendiarios.

Allende, de acuerdo a la carpeta investigativa, estuvo involucrado en una conformación de barricadas en Curacaví. No obstante, al momento en el que arriba Carabineros para frustrar la acción, son recibidos con piedras y molotov.

Al aprehender a los atacantes es en donde se detiene a Allende. El individuo portaba consigo un “morral marca Puma, el cual se encontraba completamente húmedo y con un fuerte olor acelerante”. En su interior, además, había 5 botellas de vidrio, dos con un paño de género en sus boquillas.

En tanto, Allende figura como víctima —y candidato a recibir pensiones de gracia— por la situación que se constató en ese mismo día, en su detención. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en un comienzo inició una querella por homicidio frustrado, la cual rectificaron por apremios ilegítimos.

Estos últimos consistieron en el disparo de perdigones por parte de Carabineros. Para detener a Allende, luego de que éste huyese tras participar en una “protesta ciudadana”, la fuerza policial le persiguió en un vehículo. Para frustrar la huida, utilizaron su escopeta antidisturbios, la que impactó las extremidades de Allende. La formalización habla de 16 heridas ocasionadas en el cuerpo de Allende.