Columna de Álvaro Ramis: ¿Cuándo seguiremos el dinero de los delincuentes?

La actual ola de crímenes e inseguridad ha motivado una justa preocupación de la ciudadanía. El narcotráfico representa sólo una de las industrias ilícitas a las que se dedican los grupos delictivos organizados. También se debe perseguir el tráfico de personas, de armas, la extorsión, el contrabando, el blanqueo de dinero y la corrupción financiera, todas formas de delincuencia relacionadas y acompañadas de altos niveles de violencia.

El problema es que en la búsqueda inmediata de soluciones se suele perder de vista la eficacia de la respuesta del Estado. En función de captar la atención mediática y disputar electoralmente la atención de la población, es tentador proponer medidas efectistas que llevan a la militarización de las funciones policiales o a generar acciones televisivas espectaculares que acaparen los focos de los matinales. La experiencia internacional, particularmente la mexicana, debería alertarnos respecto a la inutilidad de esas soluciones milagrosas y advertirnos de sus peligros.

Han sido las propias fuerzas armadas, en distintos países, las que han evaluado las malas políticas que han confundido la función militar, orientada constitucionalmente a la defensa de la soberanía y la integridad del territorio nacional, de la función policial, que debe mantener la seguridad y el orden en lugares públicos; hacer respetar las leyes y proteger a las personas y sus bienes de peligros y actos delictivos.

Confundir estos planos daña, en primer lugar, a las fuerzas armadas, desnaturaliza a las policías y termina profundizando la crisis. Basta revisar los efectos que tuvo en México la llamada “guerra frontal contra el narcotráfico” que lanzó el gobierno de Felipe Calderón y que se tradujo en aumento del consumo de drogas, una mayor penetración del crimen en las instituciones estatales, violaciones masivas a los derechos humanos y el nacimiento de nuevas formas de paramilitarismo.

A la vez, llama la atención la falta de prioridad que se otorga en el debate parlamentario a la persecución de las redes de financiamiento y acumulación patrimonial de las industrias ilícitas. El gobierno propuso en su Estrategia Nacional de Integridad Pública el levantamiento del secreto bancario, como una medida anticorrupción para controlar la evasión y elusión. Sin embargo, parlamentarios de los partidos de derecha manifestaron su oposición a esta iniciativa. De esta manera, quienes exigen ante las cámaras medidas contra el crimen organizado, en las instancias de decisión rechazan abordar y legislar los temas de fondo que pueden ser más eficaces para controlarlo. La ciudadanía debería preguntarse sobre las motivaciones que hay detrás de la oposición al envío de un proyecto de ley de esta naturaleza.

Ninguna acción policial será eficaz si no se atacan frontalmente los flujos financieros de la delincuencia organizada transnacional. Su capacidad de expansión y control territorial depende de su posibilidad de ganar, transferir y utilizar los activos financieros generados ilegalmente. Para eso han encontrado apoyo en las nuevas tecnologías, como los pagos mediante dispositivos móviles y criptomonedas digitales, que se han hecho cada vez más difíciles de detectar.

Sin embargo, por más digitales que sean las transacciones, existen fases en el ciclo económico de la delincuencia que poseen carácter tangible, lo que ofrece posibilidades de identificación y captura. Todo el entramado parte por los flujos monetarios o por los bienes que los delincuentes buscan ocultar o disimular, con relación a su naturaleza, origen, ubicación, y propiedad. Para eso recurren al blanqueo que consta de tres fases: colocación en el sistema financiero, dispersión de los fondos mediante empresas ficticias anónimas y la reintegración del dinero, que permite su retorno al grupo delincuente a partir de una fuente de apariencia legítima, como los bienes inmuebles o empresas de fachada.

Por eso, atacar la actividad delictiva callejera (asesinato, secuestro, robo con intimidación, hurto) es inseparable de la persecución de las prácticas tributarias y comerciales ilícitas, elusión fiscal, evasión tributaria y las actividades comerciales ilegales sin las cuales el sistema criminal no puede redituar. Los grupos delictivos organizados no se detienen a la hora de penetrar en todos los mercados ilegales, ya que el tráfico de drogas lleva necesariamente al tráfico de armas, al contrabando de mercancías, a la industria de las apuestas ilegales y a todo lo que les permita una ganancia inmediata. Y para eso hacen uso del soborno, malversación, abuso de funciones, tráfico de influencias, testaferros, penetración en las zonas francas, manipulación de las empresas de juego y cualquier mecanismo que asegure el blanqueamiento de su enriquecimiento ilícito.

Las medidas anticriminales eficientes, basadas en evidencia, no tienen nada de espectacular. No lucen ante las cámaras ni se pueden publicar en la portada de los periódicos. Se trata de la creación de unidades o equipos policiales cada vez más especializados, con capacidad de acción nacional e internacional, que puedan compartir información de inteligencia, investigar los flujos financieros ilícitos, identificar e incautar activos para así detectar y desmantelar el corazón de las redes delictivas organizadas.

Para eso es necesaria una forma de regulación más integrada del sector financiero, tanto de su institucionalidad formal y de los procesos financieros informales, como las criptomonedas y sistemas semejantes. Es necesario garantizar el cumplimiento efectivo de los Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del crimen organizado. Sin reforzar esta dimensión, por más tanques y soldados que se ponga en la calle, nada tendrá efecto y lo único que se logrará es que los delincuentes incrementen su poder de fuego, sus formas de crueldad y su poder territorial.  

Álvaro Ramis, Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Doctor en Educación, periodista y columnista.