Columna de Álvaro Ramis e incendios en Región de Valparaíso: ¿Qué reconstruir, qué modelo seguir y cómo financiarlo?

El dron sobrevuela la ciudad destruida. Entrando por el Marga Marga, su cámara va recorriendo los cerros con sus calles cubiertas de ruinas, algunas aún llameantes. Hay lugares donde no queda una sola vivienda sin daño; en otras no hay rastro de vida. Es inevitable pensar en la disyuntiva entre recuperar lo que había o sumir que la destrucción sobrevenida exige levantar un nuevo tipo de ciudad. Sea cual sea la opción, en lo inmediato la palabra “reconstrucción” es el concepto obligado, vinculado a las acciones de auxilio, apoyo y reedificación en los incendios de la región de Valparaíso.

Esta es una palabra que puede dotarse de múltiples sentidos y que representa la exigencia de revisar problemas que nos están esperando mucho más al fondo de la zona de impacto de estos gigantescos incendios y de sus dramáticas consecuencias.

Necesitamos reconstruir ahí, en los cimientos institucionales de nuestros conflictos. Esa reconstrucción política nos está esperando desde hace ya algunos años, mucho más de los que nos gustaría reconocer.  Afrontar esa dimensión es la vía más rápida para construir con más eficacia y con mayores garantías de éxito. La clave está en poner en el centro a las personas afectadas por la crisis y que los diferentes sectores políticos se concentren en plantear propuestas viables para salir de ella.

Si de esa actitud nace el más mínimo atisbo de acuerdo, aunque solo fuera para las reformas inmediatas que tanto necesitamos para enfrentar este tipo de desastres naturales, todo el trabajo de rescatistas, bomberos, personal de salud y voluntarios tendría pleno sentido y vería en ello un importante hito para una reconstrucción sólida y perdurable.

Para ello, el Gobierno, con el apoyo de todas las fuerzas políticas, deberá dar respuesta a tres preguntas básicas: qué reconstruir, qué modelo seguir y de dónde saldrá el dinero. Caminos, viviendas, instalaciones industriales, agrícolas, sanitarias, educativas, vehículos, bienes públicos y privados, extensos ambientes urbanos y naturales han sido degradados a una situación extrema. Sin considerar tantísimas vidas humanas perdidas o afectadas irremediablemente.

La historia nos muestra muchos modelos exitosos de reconstrucción, desde el Tennessee Valley Authority organizado en Estados Unidos en 1933, pasando por el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, hasta las más recientes agencias especializadas que distintos países han creado para abordar las acciones posteriores a las catástrofes naturales. Por ejemplo, en Australia existe la Queensland Reconstruction Authority, un ente autónomo y permanente, instaurado después de los enormes incendios que afectaron Queensland durante los veranos de 2010 y 2011.

Un modelo parecido se creó en Indonesia luego del tsunami de Acech en 2016. Este tipo de agencias altamente especializadas son capaces de identificar prioridades estratégicas y coordinar a los gobiernos regionales y locales, que en la práctica son los responsables de implementar los programas que llegan desde el nivel central hasta la gente.

Para que opere este tipo de institucionalidad enfocada en reconstrucción hay que dejar atrás las dinámicas de polarización absurda en las que ha entrado la política nacional. Ese es un ejercicio saludable que permitiría que la atmósfera política fuera lo suficientemente respirable como para que se asuman las diferencias, pero también se reconozcan las coincidencias.

Para reconstruir tras los incendios no sólo hacen falta chuzos y palas. Debemos proteger el sistema institucional de las mentiras, difamaciones, infamias en todo lo relativo a la canalización de las acciones de emergencia. Mientras se intente sacar provecho mezquino y sectario de estas catástrofes las condiciones de vida de las personas seguirán quedando en un segundo plano. Ello no niega que existan momentos de avaluación deliberativa y de rendición de cuentas de las autoridades. Pero dentro de una comprensión adecuada de las fronteras entre poderes del Estado, y dentro de procedimientos legislativos ordenados y eficientes, ya que esa es la única manera en la que una democracia puede funcionar de manera sana.

Reconstruir es dar cabida al desacuerdo y, cuando sea necesario, también el acuerdo. Y esto es ahora más necesario que nunca. Reconstrucción remite al ensanchamiento de las miradas que necesita la política nacional. Al menos, en todo lo relativo al proceso de toma de decisiones y a procedimientos de emergencia, sin pretensiones de bloqueo, tanto a nivel nacional, regional y municipal.

Reconstrucción es una palabra que podríamos utilizar para avanzar hacia las buenas prácticas que son exigibles a todo nivel, desde el Municipio hasta el Congreso, desde la Presidencia de la República hasta a los dirigentes de una Junta de Vecinos. A todos se les pide el respeto a las instituciones, a la ética mínima de su cargo, al cumplimiento de sus atribuciones y competencias constitucionales. Es cambiar un clima de desconfianza y desacuerdo que impide el funcionamiento normal de la institucionalidad que aborda las catástrofes y sus efectos. 

Reconstruir es priorizar la palabra “escucha”, que es lo opuesto a la proliferación de tantas voces irresponsables que no solo acusan y descreen, sino que combaten abiertamente los principios básicos de la democracia al sembrar la duda en la posibilidad misma de dialogar con el diferente.

Pese a que la emergencia inmediata continúa, algunas tareas de largo plazo deben comenzar ya, sobre todo aquellas que devuelvan a la población una cierta sensación de normalidad. Recuperar el suministro de agua y energía, construir viviendas prefabricadas e infraestructura básica temporal para recomenzar son algunas de ellas. A más largo plazo, será la ocasión para modernizar infraestructuras obsoletas y cambiar regulaciones urbanas de una época anterior a los tiempos de sobrepoblación, calentamiento global, sequía y saturación vial de la actualidad. 

Es el momento de ampliar las fuentes de energía renovables, agua, basura y saneamiento, siguiendo los últimos criterios de sostenibilidad. Y avanzar hacia la eliminación de formas de monocultivo forestal en tierra cultivable, especialmente si se ubican en zonas inseguras para la población.

Lo más urgente es facilitar el regreso de miles de personas desplazadas internamente, que se han visto obligados a abandonar sus hogares tras los incendios. Junto a sus necesidades materiales, será necesario atender a su salud mental, dañada tal vez para siempre. Una tarea no menor será adecuar la educación a un nuevo contexto, marcado por habitar en un entorno dañado y que nunca volverá a ser igual para los niños que juegan en esos cerros.

Pero necesitamos comprender a fondo —como país— que la implementación de los programas de ayuda y emergencia son tareas de Estado, y nadie tiene derecho a afectar su despliegue y dañar la confianza pública en su implementación. Para eso sería bueno reconfigurar la institucionalidad abocada a la reconstrucción, blindándola políticamente de los electoralismos, las narrativas de última hora, extremos de cualquier signo, populismos de conveniencia y teorías de la conspiración.

En ese objetivo, la decisión del Presidente de nombrar a la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, como la encargada de liderar un comité de reconstrucción creado para la ocasión, es un paso importante, pero convengamos que ese comité carece de las facultades constitucionales y las herramientas presupuestarias para lograr sus objetivos.

Para afrontar la tarea deberíamos pensar en modelos de reconstrucción en la línea de la autoridad australiana de Queensland o de la agencia especializada de Indonesia, creada después del tsunami de Aceh. Si somos capaces de analizar esos modelos estaremos, paradójicamente, ante una gran oportunidad. Si la aprovechamos, contribuiríamos de manera clara a incrementar nuestra eficacia como país en la lucha contra las dramáticas consecuencias que nos está dejando esta desgracia. Eficacia que, sin duda alguna, vamos a necesitar. Conviene, por tanto, reconstruir también nuestra autoestima institucional como paso imprescindible a la salida de un tipo de catástrofe que se está volviendo recurrente y que no nos puede encontrar desprevenidos.