Un breve comunicado del Poder Judicial y una ironía de Marcel: el conflicto por la entrega de Lexus a la Corte Suprema

La controversia por la aprobación de compra por parte de la Corte Suprema de 22 vehículos de alta gama para los magistrados —marca Lexus— llegó al Gobierno. Tras el reproche por el alto valor de cada vehículo (el precio de lista de es desde los $57 millones, lo que generaría un gasto fiscal de poco más de $1.200 millones), el ministro de Hacienda, Mario Marcel comentó irónicamente la situación.

En primer lugar, el jefe de la billetera fiscal salió a señalar que en esta materia y la decisión, el Ejecutivo no tenía nada que ver. “El Poder Judicial en la ejecución de su presupuesto es autónomo del gobierno. El gobierno no resuelve qué autos se compran ni cuándo se hace. Lo que se ha conocido estos días es una decisión autónoma del Poder Judicial“, selló el líder de Hacienda.

“No tengo mucho más que decir. Quizás simplemente hacer un contraste: yo tengo un vehículo del 2015, con 260 mil kilómetros recorridos y todavía funciona bien”, cerró, sin precisar si era de él o del ministerio. En todo caso, de acuerdo a su declaración de patrimonio e intereses, Marcel figura con dos vehículos. Uno es del año 2017 (Jac), mientras que el otro es del año 2021 (Peugeot).

El comentario nace a raíz de que uno de los justificativos brindados por la Suprema para cambiar los vehículos institucionales responde a ello. Los Toyota Camry con los que cuentan actualmente los magistrados tienen más de 8 años de antigüedad, argumentando que algunos comenzaron a presentar fallas en sus baterías.

No obstante, la queja porque se designase una nueva marca —y de alta gama— tuvo otra respuesta. El Poder Judicial argumentó que ello respondió a que el fabricante descontinuó en Chile en 2021 el modelo que estaba siendo solicitado.

Citación a pleno extraordinario

Un día después de conocida la noticia, tras el revuelo causado, el pleno de la Corte Suprema acordó reunirse de forma exprés. En todo caso, de acuerdo a La Tercera, los ministros argumentan que la decisión está tomada y que contaba con el visado del Ejecutivo, que fue en parte lo que salió a comentar Marcel esta mañana.

Allí existe un pequeño conflicto. Ello porque la Dirección de Presupuestos (Dipres) dependiente de Hacienda, descartó haber dado el visto bueno para la compra de autos.

“La Ley de Presupuestos 2024 aprobada por el Congreso no incluye recursos asignados para la adquisición ni renovación de vehículos para el Poder Judicial. Además, no se ha realizado ninguna modificación presupuestaria al respecto”, señalaron al medio citado. De hecho, fueron más categóricos: “Dipres no ha visado recursos para la renovación de flota de automóviles del Poder Judicial”.

A esa quitada de piso se sumó una del exministro de Hacienda del expresidente Sebastián Piñera, Ignacio Briones (Evópoli). El jefe de la billetera fiscal reveló que en 2020 recibió una solicitud de renovación de 100 vehículos institucionales de la Corte Suprema.

“Con la deferencia del caso, llamé al Presidente de la Corte Suprema y gentilmente le señalé que, por razones obvias, no accederíamos a esa solicitud“, dijo Briones. Por ese entonces, el presidente de la Suprema era Guillermo Silva.

“No se han ejecutado los recursos fiscales”

Por la incesante polémica, el Poder Judicial liberó un comunicado de prensa en su página web. Allí precisaron que “es oportuno aclarar que el acuerdo sobre el particular fue adoptado luego de un procedimiento de evaluación iniciado con anterioridad por la Corporación Administrativa del Poder Judicial“.

Además, precisaron que “este proceso no ha culminado, por lo que aún no se han ejecutado los recursos fiscales“. En todo caso, señalaron, nuevamente, al Ministerio de Hacienda como el que “ha dispuesto” los recursos para este “preciso fin“.