Millonaria multa a salmonera de Villarrica: amplió infraestructura de cultivo y produjo ocho toneladas sobre lo permitido

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) tomará acciones sancionatorias contra la Comercial Agrícola y Forestal Nalcahue Ltda. y Acuícola e Inversiones Nalcahue Ltda., propietarias de la Piscicultura Chesque Alto en la comuna de Villarrica, Región de la Araucanía. Esta medida surge debido a “modificaciones significativas al proyecto original sin contar con el permiso ambiental requerido”, según declaraciones de la SMA.

La salmonera contaba con autorización de de la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura (Subpesca) para producir 42 toneladas anuales de Salmón Coho, Salmón Atlántico y Trucha Arcoíris, según informó la SMA. Sin embargo, “amplió la infraestructura de cultivo con más estanques y bateas, y cambió el sistema de tratamiento de residuos industriales líquidos (RILes)”. Ambos cambios, por sí solos, requieren el ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Estas modificaciones sin autorización permitieron un aumento de producción de más de 8 toneladas sobre lo permitido.

Las inspecciones del regulador ambiental se llevaron a cabo tras 20 denuncias, que incluyeron informes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). La Piscicultura Chesque Alto está ubicada en una zona cordillerana habitada por comunidades mapuches y negocios turísticos. La zona depende que dependen de las aguas de los esteros Nalcahue y Los Quiques, los cuales desembocan en el río Chesque. Los vecinos reportaron problemas como malos olores, contaminación de aguas y suelos, y un sistema de tratamiento de efluentes no autorizado.

Un historial problemático

Este no es el primer altercado de la empresa salmonera, dirigida por Germán Malig, Julio Malig y Cristián Ruiz, con las regulaciones ambientales. En octubre de 2022, la Corte Suprema invalidó la Resolución de Calificación Ambiental para un proyecto de la piscicultura Nalcahue en el río Chesque, después de denuncias de comunidades indígenas y empresarios turísticos locales. El proyecto, que incluía el cultivo de salmónidos, fue objetado por exceder los límites permitidos y operar sin permisos adecuados desde 1998 hasta 2019.

Luis Muñoz, jefe de la SMA en La Araucanía, precisó que “esta formulación de cargos se sustenta en una investigación tras recibir varias denuncias relacionadas con actividades no establecidas en el permiso original”.

Las infracciones, consideradas graves, pueden acarrear multas de hasta 5.000 UTAs, equivalentes a $3.900 millones. En el peor de los casos, la salmonera se enfrenta a la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental o su clausura. Los titulares tienen 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento, o pueden formular descargos en los próximos 15 días.