Ministerio de Bienes Nacionales admite “imposibilidad” de realizar todas las fiscalizaciones para evitar tomas ilegales: tiene solo 55 fiscalizadores

El Ministerio de Bienes Nacionales afirmó tener problemas para enfrentar las tomas ilegales de terrenos. Así lo señaló en un informe de julio pasado presentado en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto del Congreso. En este se señalaba “la imposibilidad de realizar todas las fiscalizaciones requeridas por falta de recursos”.

Según consignó El Mercurio, el documento indica que el fisco es propietario de 54,75% del territorio de Chile, equivalente a 41.397.778 ha, de las cuales 25.124.526 permanecen bajo la tutela de la cartera.

“Frente a esta envergadura, es necesario informar que el ministerio cuenta con solo 55 fiscalizadores en el país y 15 drones asociados a la labor fiscalizadora, además de recursos limitados de transporte terrestre para efectuar las inspecciones que se requieren”, se lee en el documento.

Se agrega que “dada la demanda por este recurso escaso, algunos emprendedores han optado por instalarse sin autorización en sitios fiscales y de esta manera asumir el riesgo de acciones judiciales y/o desalojos que se soliciten por el ministerio”.

De acuerdo al informe de Bienes Nacionales, también están las denominadas “tomas VIP”, que se encuentran principalmente en el borde costero y que tienen una función turística. Este es otro de los problema, sumado al déficit de primera vivienda.

Según el informe, las falencias legales, normativas e institucionales facilitan la permanencia de los ocupantes ilegales “al no contemplar multas por instalarse ilegítimamente en suelo fiscal; demoras e inejecuciones de desalojos por parte de las delegaciones presidenciales provinciales y regionales”.

La ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, dijo que la cartera “está constantemente fiscalizando e inspeccionando la situación en la que se encuentran los terrenos fiscales. Además, atendemos denuncias ciudadanas de municipios, de las delegaciones presidenciales y otras instituciones y trabajamos en coordinación con ellos y las policías para resolver los problemas que se detecten y realizar los desalojos, en los casos donde sea necesario”.