¿Se acerca el fin de las preexistencias?: El detalle del nuevo proyecto del Gobierno que busca reformar las isapres

El Gobierno cumplió con lo acordado, y la noche de este lunes ingresó, a través de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley para reformar el sistema privado de salud, el cual había comprometido en el marco de la discusión de la ley corta de isapres.

“La presente iniciativa de ley busca cumplir con el último de esos compromisos, presentando un proyecto que permita la libre movilidad de las personas en el sistema privado de financiamiento de salud, terminando con las discriminaciones por preexistencias, sexo y edad en este sistema”, se lee en el texto que iniciará su tramitación con urgencia simple, y cuya discusión legislativa se anuncia compleja.

Si bien la promesa explícita en la ley corta era que la iniciativa considerara la eliminación de las preexistencias, La Moneda fue más allá, ya que el texto presentado al Congreso pone fin además a la tabla de factores, definiendo una tarifa plana para el sistema de salud privado.

Sin perjuicio de lo anterior, establecer que la tabla de factores “subsistirá en los contratos de aquellas personas afiliadas que a la fecha de entrada en vigencia del plan común de salud deseen permanecer en aquel, pues el cambio a este plan será voluntario”. Con todo, todos los nuevos contratos deberán regirse por la tarifa plana.

Por otro lado, se prohíbe la diferenciación de planes en las isapres, lo que implica que las aseguradoras deberán ofrecer un producto “único y comprabale”, sin la posibilidad de ofrecer planes alternativos. “Con ello, las Instituciones de Salud Previsional competirán entre ellas por precio y por la red de prestadores que incluyan en su oferta”, señala la propuesta.

El contenido de este plan único de salud incluirá las prestaciones actualmente cubiertas por Fonasa y las Garantías Explícitas en Salud (GES), ente otros beneficios, como cobertura adicional para enfermedades catastróficas (CAEC) y atención de urgencias.

En cuanto a la eliminación de preexistencias, que son enfermedades o condiciones de salud que los afiliados a isapres deben declarar antes de su afiliación, el proyecto indica que esta declaración “se ha constituido en un instrumento a través del cual las Isapre restringen el acceso a este sistema y limitan la movilidad de las personas afiliadas entre Instituciones”.

Por lo tanto, el proyecto busca eliminar la necesidad de esta declaración de preexistencias y prohíbe que las aseguradoras restrinjan la afiliación o cobertura en función de ella.

Por otro lado, la iniciativa formaliza la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas (CAEC). Y, para mitigar los riesgos financieros que podrían enfrentar las isapres al afiliar a personas con altos costos de salud, el texto establece la obligación de contratar reaseguros.

El proyecto del Gobierno pone énfasis en que los cambios se implementarán con gradualidad, y que las personas que ya están afiliadas a isapres podrán mantener sus planes actuales, pero todos los los nuevos afiliados deberán optar por el plan común de salud.

“Poner fin a las preexistencias, a la tabla de factores y a las discriminaciones por razones de edad, sexo y condición de salud suponen un cambio estructural en el sistema de salud privado largamente esperado para nuestro país. El impacto de esta nueva regulación y las expectativas en torno a ella justifican que las medidas que se proponen en este proyecto se apliquen con gradualidad”, plantea el proyecto.

“Avanza en unos aspectos, retrocede en otros”

En relación al proyecto, el decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de Las Américas y exministro de Salud, Osvaldo Artaza, comentó a The Clinic que este “cumple con el compromiso suscrito por el Ejecutivo, al momento de viabilizar la ley corta, de enviar proyecto de ley que eliminará preexistencias y alineará a las isapres plenamente a la lógica de la seguridad en salud de no discriminar a sus afiliados. A su vez evita establecer un fondo de compensación interisapre lo que se había constituido en la piedra de tope del debate político”.

“En vez de un fondo de compensación plantea la obligación de las isapres de reasegurarse para enfrentar el riesgo de su cartera de afiliados. El Ejecutivo cumplió con lo prometido, pero la tramitación augura ser tormentosa y con un alto riesgo de no prosperar dada la actual polarización parlamentaria que se acentuará en periodo electoral”, acotó Artaza.

Luis Castillo, decano de la facultad de ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, en tanto, plantea que “en general, el proyecto presentado recientemente por el Ministerio de Salud para el sector ISAPRES cumple las expectativas que se esperaba de ella”.

Eso sí, señala que “lo que se echa de menos es la generación de un plan de compensación de riesgo entre las isapres. Tal como está planteado, las probabilidades de fortalecimiento desde el punto de vista económico de las isapres se reducen al mínimo. Creo que con esto, si no hay un mecanismo de compensación y si se pierde la declaración de salud, no hay ni una posibilidad de que las isapres puedan hacer gestión o puedan compensar sus riesgos si la cantidad de preexistencias se establecen en una o en dos instituciones de salud”.

“Creo que este programa o esta reforma, si bien se avanza en unos aspectos, retrocede en otros. Y como novedad, se formaliza la cobertura adicional para enfermedades catastróficas y se establece el deber de la isapre de tener un reaseguro. Sin embargo, aquí, con este proyecto, no está asegurada para nada la viabilidad económica de estas instituciones previsionales“, apuntó Castillo.

Mientas que Patricio Fernández, abogado y ex superintendente de Salud, también declaró que “uno de los puntos más críticos y técnicamente inadmisibles de este proyecto es la ausencia de un esquema de compensación de riesgos. En los sistemas de salud de otros países que han adoptado reformas similares, la compensación de riesgos es una herramienta esencial para redistribuir los costos de los afiliados de alto riesgo entre todas las aseguradoras. Esto permite que las isapres que reciban a más personas con enfermedades crónicas o de alto costo no colapsen financieramente”.

“En Chile, la falta de este mecanismo significa que las isapres con mayor carga de afiliados de alto riesgo se verán forzadas a aumentar las primas o reducir beneficios, creando un ciclo de alzas insostenibles. Esto, además, fomentará la selección adversa, expulsando del sistema a los afiliados sanos que buscarán alternativas más económicas, lo que agravará aún más la crisis financiera de las aseguradoras con carteras de mayor riesgo. Es incomprensible que un proyecto que pretende reformar de forma tan drástica el sistema de salud privado no contemple una solución de este tipo, indispensable para evitar el colapso del sector”, añadió.

A su vez, Fernández cuestionó que “la imposición de un plan común sin medidas para incentivar la competencia en calidad de atención es otro de los grandes problemas del proyecto. La reforma podría llevar a una homogenización de los servicios, limitando la capacidad de las isapres para ofrecer productos diferenciados y de mayor valor”.

“Es evidente que el proyecto busca eliminar todo incentivo para mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios en la salud privada, buscando un sistema que se convierta en una extensión costosa y menos efectiva del sistema público, sin lograr los beneficios de una competencia privada real”, cerró Fernández.