Reset

Al revisar la prensa y los casos que ocupan sus titulares por corrupción, distorsiones de las reglas de la justicia y la administración, descalificaciones y especialmente, quejas ciudadanas sin resolver, cabe preguntarse donde está el botón de reset de nuestro país. Qué tecla apretar, qué iniciativa mover y qué hebra tirar para que todo se ordene y logremos alcanzar una sensación de razonable tranquilidad que permita desarrollar nuestra vida diaria, desplegar proyectos y divisar un camino de desarrollo que acoja con solidez a las generaciones futuras.

Todo parece indicar que las teclas son al menos tres: se requiere limpiar y despejar todo lo no revelado sobre tramas de intereses cruzados, desconocidas y oscuras. También lograr que la justicia actúe con rapidez y ecuanimidad respecto a sus integrantes y a personas sometidas a procesos. Finalmente, reformar el sistema político para asegurar que contamos con un marco institucional en que diferentes fuerzas se organizan para trabajar por el bienestar de los ciudadanos, instalando para ello los incentivos correctos.

A lo anterior deberíamos agregar una mejora sustancial a los procesos administrativos del estado, para filtrar malas prácticas y evitar el mal uso de los recursos públicos, además de asegurar que los funcionarios cuentan con las competencias adecuadas para ejercer los cargos. Y si seguimos, falta un refuerzo a la Contraloría y su estructura de decisión, fortaleciendo el análisis de los casos a través de un cuerpo colegiado en lugar de concentrar el poder en una persona.

Si además de prevenir irregularidades queremos activar dinámicas de desarrollo, surge la necesidad de modernizar el marco de inversiones, entregando seguridad a empresarios de diferentes tamaños, sobre la continuidad regulatoria y la protección de la propiedad.

Uniendo las partes y a partir de esta lista, llegamos a concluir que un camino posible es revisar las propuestas de cambios a la Constitución que contaron con apoyo transversal en el último Consejo Constitucional, y activarlas como proyectos de ley en forma separada. 

En ese texto estaban reconocidas todas las deficiencias institucionales cuyas consecuencias estamos sufriendo, y contenía el diseño de soluciones respecto de las que se logró amplio apoyo. Cabe preguntarse entonces por que, si es tan evidente y si existe consenso, no se logra ni siquiera definir una estrategia conjunta que abra este camino. 

La respuesta a esa interrogante parece llevarnos a la pieza más crítica: la voluntad de cambios al sistema político. Como era previsible, no podemos esperar de los incumbentes cambios que les imponen restricciones y nuevas exigencias. Nos encontramos así con un problema recursivo, en que los propios interesados proponen cambios muy limitados y graduales, dejando fuera piezas clave para una transformación integral.

Estamos frente a un camino sin salida. La solución existe, pero los encargados de implementarla no muestran voluntad de hacerlo, aun cuando sus propios representantes declararon y votaron su acuerdo con los cambios necesarios. La opción de un nuevo proceso que obligue a modificaciones como resultado de una votación mayoritaria, no tiene posibilidad alguna de ocurrir. Y los avances hacia -al menos- un acuerdo preliminar se han diluido progresivamente.

El gobierno, que hizo anuncios en esta línea y anticipó la posibilidad de liderar un cambio fundacional, terminó por restar su participación en el tema. Las elecciones parlamentarias de 2025 podrían ser una oportunidad si los candidatos tomaran estas reformas como parte de sus compromisos, lo que en las condiciones actuales tampoco se anticipa promisorio, puesto que la lógica instalada responde precisamente a la dinámica defectuosa que queremos corregir.

Así las cosas, un esfuerzo de buena voluntad parece ser el único camino posible. Imperfecto e insuficiente, pero al menos una partida. Lograrlo requiere en todo caso contar con una masa crítica de Senadores y Diputados, suficiente para activar los mecanismos de cambio. Por triste que parezca, formar un grupo dispuesto a sacrificar posicionamiento de corto plazo para favorecer un cambio fundacional en beneficio de Chile, no resulta fácil. 

Un requisito es particularmente complejo de lograr: no basta con la intención de cambio y la capacidad de propuesta, disponibles en abundancia en el nivel de analistas y centros de estudios. Se requiere que ese grupo tenga también capacidad de incidir en las decisiones, por lo que deberían ser parlamentarios. La tecla de reset está entonces en las manos de un grupo que aun desconocemos, y confiamos que exista.

Si no logramos al menos una lista transversal en el Congreso, de personas dispuestas a ir delante en el camino transformador, tendremos que resignarnos a vivir por largo tiempo más entre conflictos y creciente deterioro del país, con alto costo para todos, particularmente para los más vulnerables. Comenzar la búsqueda de ese pequeño grupo se hace cada vez más necesario y valioso para nuestra democracia.