Maite Orsini y la sospecha de los privilegios en la política

Ante una pregunta en el matinal de Mega acerca de si las conductas que se le reprochan a la diputada Maite Orsini serían razones para no repostularla en representación del Frente Amplio (FA) el entrevistado fue categórico: “Mi opinión personalísima es que alguien que ejerce imprudentemente su poder, no debe ser reelecta  (…)”. Probablemente el lector sin conocer la fuente no tendría duda que se trata de un adversario político de la diputada. El punto es quien hace el comentario es su compañero de partido y colega en el Congreso diputado Diego Ibáñez.  

El malestar con la parlamentaria es un hecho creciente en la opinión pública. Para muchos sus actuaciones sería un claro ejemplo la espectacularización de la política. El tema está generando ruido en La Moneda, en el bloque oficialista y en su partido el FA que decidió este miércoles que su caso sea pasado al Tribunal Supremo partidario para que se pronuncie sobre su actuar político. Lo anterior da cuenta de cómo las recientes revelaciones sobre la intervención de la diputada Maite Orsini en asuntos que trascienden su rol parlamentario han intensificado las tensiones en la ya frágil relación entre los representantes y los representados en Chile.

Este caso pone de relieve dos problemáticas estructurales de nuestro sistema político: la percepción de privilegios de la élite política y el uso discrecional del poder. Ambos factores no solo agravan la crisis de representación, sino que también erosionan la confianza pública, debilitando aún más la legitimidad de las instituciones democráticas.

En una democracia, el mandato parlamentario tiene límites claros, establecidos para garantizar que quienes ocupan cargos públicos actúen dentro de un marco que equilibre poder y responsabilidad. La intervención de Orsini, al parecer fuera de estos límites, refuerza la imagen de una clase política que actúa en beneficio propio o de sus círculos cercanos, más que en favor del bien común. Este tipo de episodios, que no son aislados, alimentan la percepción ciudadana de que la política es un espacio de privilegios y no un servicio público, profundizando el desencanto y la desafección.

La discusión no debe centrarse únicamente en los detalles del caso de Maite Orsini, sino en lo que este refleja sobre el estado de nuestra política. Chile vive una crisis de representación que no es nueva, pero que se ha intensificado tras el estallido social de 2019. La falta de rendición de cuentas y el distanciamiento de los estándares éticos que se esperan de los representantes han generado una desconexión entre la ciudadanía y sus instituciones. En este contexto, cualquier señal de privilegio político o uso discrecional del poder actúa como gasolina sobre el fuego.

La urgencia de fortalecer la rendición de cuentas

Para superar esta crisis, es imprescindible reforzar los mecanismos de rendición de cuentas. Estos deben ser más que una formalidad burocrática: deben ser herramientas efectivas para garantizar que quienes ocupan cargos públicos cumplan con sus responsabilidades de manera transparente y en beneficio de toda la ciudadanía. Esto implica, entre otras cosas, una mayor supervisión parlamentaria, el fortalecimiento de los órganos contralores y la existencia de sanciones claras y efectivas frente a cualquier tipo de abuso.

El apego a estándares éticos como base para reconstruir la confianza

De igual forma, el estándar ético de la política chilena debe elevarse. Esto no se trata únicamente de evitar conductas ilegales, sino de promover acciones que sean coherentes con los valores democráticos. Los representantes deben ser conscientes de que su conducta, tanto en el ámbito público como privado, tiene un impacto directo en la percepción ciudadana de las instituciones. No basta con cumplir la ley; es necesario actuar con integridad y ejemplaridad.

Un momento de oportunidad para la política

El caso Orsini es un reflejo de una crisis más amplia, pero también puede ser una oportunidad. La molestia ciudadana debe transformarse en una demanda por cambios estructurales que fortalezcan la rendición de cuentas y promuevan una ética política más robusta. Los actores políticos, en lugar de encerrarse en la defensa corporativa, deben asumir esta situación como una señal de alarma que exige una acción inmediata.

La crisis de representación no se resolverá de la noche a la mañana, pero el camino pasa necesariamente por cerrar la brecha entre la ciudadanía y sus representantes. Esto implica no solo restaurar la confianza perdida, sino construir un sistema político que sea verdaderamente inclusivo, transparente y comprometido con el bien común. Chile no puede permitirse seguir alimentando el desencanto. La política debe entender que es tiempo de actuar.