Tras escándalo: Suprema se ve obligada a desistir de comprar Lexus de lujo

Este jueves, la Corte Suprema informó que dejó sin efecto la polémica compra de 22 autos Lexus que utilizarán 21 ministros y un fiscal judicial. La adquisición de los vehículos ―considerados de alta gama― generó una amplia controversia, pues cada ejemplar tenía un costo cercano a los $57 millones. Eso totalizaba, para el Poder Judicial, una inversión de $1.253 millones.

El secretario de la Corte Suprema, Jorge Sáez, afirmó que “la Corte se ha comprometido a orientar su labor cumpliendo altos estándares en materia de transparencia, con una política de amplia publicidad”. Además, remarcó que “el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto, en el ámbito administrativo y de gestión”.

“La Corte Suprema toma sus decisiones, en lo relativo a la adquisición de bienes y servicios, ponderando y analizando en su mérito los antecedentes de que dispone al momento de adoptarlas”, agregó el secretario.

En ese sentido, Sáez ―quien leyó un comunicado de seis puntos― señaló que “este tribunal no es ajeno a la contingencia o el contexto de los acontecimientos que preocupan al país. La decisión de renovar los vehículos institucionales asignados a la Corte Suprema en 2014 se funda en antecedentes técnicos y de seguridad. Se prefieren estándares de sustentabilidad ambiental”.

“Son esas, y no otras consideraciones, las que se tuvieron en vista para adoptar, en su momento, la aprobación de la renovación de los vehículos”, insistió.

El secretario del máximo tribunal aclaró que “si bien la Ley de Presupuesto 2024 no contempló la renovación, lo cierto es que la Dirección de Presupuesto comprometió el 9 de noviembre de 2023 ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto la autorización de fondos adicionales provenientes del saldo inicial de caja para necesidades manifestadas por el Poder Judicial”.

Así, dijo, se ratificó “el acuerdo previo adoptado por el ministro de Hacienda y el expresidente de la Corte Suprema”. Este pacto incluía “la renovación de vehículos institucionales”.

En quinto lugar, Jorge Sáez declaró que tras formalizar a través de un oficio la petición de saldo a la Dipres el pasado 26 de enero “no ha habido respuesta”.

“Atendidas las consideraciones expuestas, con la cuenta detallada del director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, se decidió dejar sin efecto el acuerdo adoptado para la compra de 22 automóviles Toyota Lexus modelo ES300h que se tomó por la mayoría de los miembros que concurrieron a esa decisión”, cerró el magistrado.

Así, la Corte Suprema zanjó una controversia ―la primera de Ricardo Blanco como su presidente― en la que se involucró también el Gobierno. La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que la renovación de vehículos “no está visada. Esa glosa no está activada”.

En tanto, el titular de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que “el Poder Judicial en la ejecución de su presupuesto es autónomo del Gobierno. El Gobierno no resuelve qué autos se compran ni cuándo se hace. Lo que se ha conocido estos días es una decisión autónoma del Poder Judicial”.

“No tengo mucho más que decir. Quizás simplemente hacer un contraste: yo tengo un vehículo de 2015, con 260 mil kilómetros recorridos y todavía funciona bien”, ironizó el jefe de la billetera fiscal.