Contraloría detecta atención express en listas de espera: funcionarios de hospitales y sus familiares se operan hasta 40 veces más rápido que otros pacientes

Más de tres millones de personas esperan en el país por una atención de salud en listas de espera, una cifra que ha venido en aumento sostenido luego de la pandemia y que llegó a su máximo nivel histórico durante el año pasado. En promedio, un paciente del sistema público aguarda un año y dos meses para acceder a una cirugía, y poco más de un año para poder acudir a una consulta de especialidad. 

Pero mientras millones de afiliados esperan pacientes y esperanzados a ser llamados para recibir una atención en un hospital, otros han encontrado fórmulas de saltarse la demora. 

Una serie de auditorías realizadas por Contraloría han detectado un problema sistemático en distintos recintos del país: la atención express de funcionarios y sus familiares en listas de espera, que llegan a recibir una intervención hasta 40 veces más rápido que el promedio de los pacientes. 

En total, son más de 370 casos detectados en los últimos cuatro meses, identificados en cinco recintos a lo largo del país: Hospital Provincial de Ovalle, Hospital de La Florida, Hospital de Curicó, Hospital Regional de Talca, y el Hospital de Ancud. 

Listas de espera express

En el Hospital de Ancud, en Chiloé, se comprobó que entre enero y diciembre de 2023, se realizaron 167 cirugías a pacientes vinculados por parentesco con funcionarios del recinto. Según el informe, todos ellos tuvieron tiempos de espera por debajo de los promedios generales, “sin que se advierta alguna circunstancia que justifique estas situaciones”. 

Por ejemplo, para acceder a una cirugía de cabeza o cuello, los cuatro pacientes que recibieron atención por  lista de espera tardaron más de dos años en ser operados, mientras que el único paciente que tenía relación con funcionarios del hospital, tardó poco más de cuatro meses. 

Enrique Paris, exministro de Salud, asegura que “es una situación inaceptable. Esto tiene que ser perseguido y castigado. En este momento, teniendo más de tres millones de personas en lista de espera, es un daño enorme para los pacientes que aún no son atendidos”. 

Y es una práctica que se repitió en cada uno de los establecimientos analizados por Contraloría. En el Hospital de Ovalle, en la Región de Coquimbo, se detectaron 16 casos donde un funcionario o familiar fue intervenido de manera en la misma fecha en que por causas propias del hospital –administrativas, equipo quirúrgico o unidad de apoyo clínico–, se suspendió la cirugía a otros pacientes. 

Al revisar el tiempo de espera de esos pacientes, todos están por debajo de los promedios de atención del recinto. Mientras para una cirugía cardiovascular un paciente promedio espera 14 meses, los funcionarios o familiares intervenidos esperaron solo 9 días. En el caso de las cirugías digestivas, la diferencia fue de más de un año a 10 días. 

Piden transparentar la forma de priorizar las listas de espera 

Paula Daza, directora ejecutiva de CIPS-UDD, advierte que “estos son los casos que se detectan”, pero advierte que “probablemente la lista de este tipo de irregularidades es mucho más grande”.

La exsubsecretaria de Salud Pública, enfatiza que esta situación “es grave”, y explica que “esto significa para un paciente promedio tener que estar más tiempo en lista de espera aguardando por una atención de salud que puede haber sido de mayor prioridad. Y cuando un paciente queda atrás en la lista debe esperar más, y eso significa un mayor riesgo para su enfermedad. Pero además, esto genera una gran desconfianza en la ciudadanía”.

Las auditorías de Contraloría también detectaron este tipo de irregularidad en el Hospital de Curicó, donde  se verificaron 69 situaciones en las que funcionarios y sus familiares directos fueron intervenidos quirúrgicamente en tiempos de espera inferiores al promedio, nuevamente “sin que se adviertan las razones que justifican una resolución quirúrgica más rápida”. 

Una situación similar a la registrado en el Hospital de La Florida Dra. Eloísa Díaz, donde un total de 278 funcionarios o familiares fueron atendidos en tiempos de espera de menos de 30 días, e, incluso, en menos de cinco días, en circunstancias en que la lista de espera existen casos pendientes de resolver que han debido aguardar por más de cinco años. 

Cecilia Rodríguez, fundadora de la fundación de pacientes Me Muevo y exvocera de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, lamenta que “las listas de espera es algo muy sensible para la comunidad“, y que con esto “la confianza se ve debilitada, por lo que la única manera de recuperarla es saber que hay una auditoría permanente, y saber que este no es un hallazgo casual”.

Según Daza, “mientras no se transparente la información del sistema, cómo se priorizan las atenciones, probablemente este tipo de situaciones van a seguir pasando“.

Ministerio de Salud anuncia investigaciones para determinar responsabilidades

Consultados por The Clinic respecto a las irregularidades detectadas, el Ministerio de Salud asegura que se instruyó “una investigación de todos los casos de posibles faltas a la probidad encontrados en las auditorías realizadas tanto por Contraloría General de la República, como en aquellas realizadas por orden del Ministerio de Salud”.

Este proceso, según comenta la cartera, se inició con la designación de un fiscal del nivel central, que ya inició la investigación y ha elevado a sumario el proceso. Además, explican que “en el caso de que algún servicio o establecimiento tuviere iniciada también una investigación, esta deberá acumularse a la del nivel central, para asegurar la imparcialidad del proceso”.

En cuanto a las auditorías realizadas por Contraloría, la Subsecretaria de Redes Asistenciales, encargada del funcionamiento de la red pública, afirma que “ha efectuado medidas para que los establecimientos asistenciales subsanen las observaciones realizadas y en los casos que amerita, se determinen las responsabilidades ante posibles faltas a la probidad administrativa”.

En la misma línea, comentan que se están efectuando visitas en terreno a los establecimientos con la finalidad de realizar seguimiento a las acciones solicitadas por la Contraloría en sus Informes finales, y debido a la gravedad de los hecho, la subsecretaría consideró “necesario instruir un procedimiento disciplinario, resolución exenta Nº 63, con el propósito de determinar eventuales faltas a la probidad administrativa en el contexto de Lista de Espera“.