Constanza Martínez desliga al Frente Amplio de caso ProCultura y resalta que gobernadores más complicados son ex DC, donde militó Alberto Larraín

Dar cuenta de una distancia de su partido con el caso ProCultura y una defensa del término “espionaje político” fue lo que hizo esta mañana presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Esto último a pesar de que el abanderado presidencial de su partido, Gonzalo Winter, tomó distancia del concepto, además del propio mandatario Gabriel Boric.

El Presidente, militante del Frente Amplio, dijo —desde Japón— que no se presionara a las instituciones y que se les dejara funcionar. En tanto, el diputado Winter, a pesar de que le otorgó un respaldo inicial al uso del término “espionaje con fines políticos” que utilizó su partido en un comunicado liberado el sábado para referirse a los trascendidos del caso ProCultura, posteriormente dijo que no estaba de acuerdo con el término utilizado.

A pesar de ello, la timonel frenteamplista —en conversación con Tele13 Radio— defendió esta mañana la postura que ha tenido la directiva sobre el tema. Pero no se quedó solamente allí. El primer punto que levantó fue que el partido que dirige no está “envuelto en un caso”.

“El Caso ProCultura no es un caso del Frente Amplio. Es una fundación que tiene vinculaciones personales con algunos miembros del Frente Amplio, pero donde la mayoría del aumento de montos fueron provocados por gobiernos regionales de la Región Metropolitana y del Biobío, ambos exmilitantes de la DC. Y la única militancia que se conoce de Alberto Larraín es la Democracia Cristiana“, destacó Martínez.

Su alusión era a Claudio Orrego, el gobernador de la RM, y a Ricardo Díaz, exgobernador del Biobío. De este último, de hecho, una investigación de The Clinic dio cuenta de uno de los antecedentes más fuertes que sostienen un presunto financiamiento ilegal de campañas políticas.

Larraín militó en la Democracia Cristiana hace poco menos de diez años. Fue parte del grupo Cardumen, una facción juvenil de la DC en la que fue uno de sus líderes y de los encargados de la campaña presidencial de Carolina Goic en 2017. Allí compartió espacio con los también ex DC Claudio Castro, alcalde de Renca, y Pía Mundaca, exjefa de gabinete en el Ministerio del Interior de Carolina Tohá. Ambos hoy en día son actores claves de la campaña presidencial de Tohá (PPD).

En todo caso, Martínez precisó que no estaba diciendo que la responsabilidad del Caso ProCultura “sea de ellos (la DC) o de nosotros, sino que este no es un caso del Frente Amplio. No lo es“. Además, resaltó que el aumento de fondos considerable que obtuvo ProCultura entre 2021 y 2022, año en el que asumió la gestión de Boric, fue “por aumento sólo de los gobiernos regionales, que no tienen nada que ver con el gobierno central. Ni siquiera son parte del oficialismo“.

El “espionaje político” acusado por el Frente Amplio

Con respecto al término del “espionaje con fines políticos” acuñado al comunicado que liberó el Frente Amplio el fin de semana, Martínez volvió a marcar sus puntos.

En ello, señaló que lo que han planteado “es que acá hay un tema de fondo, que tiene que ver con que se ha filtrado, sistemáticamente, cierta información preliminar o, incluso, que luego es descartada en este y otros casos por parte de la fiscalía, que luego es recogida por los medios y termina siendo un juicio previo al juicio total”. Y dijo que eso ocurría en distintos “tenores políticos, pero que el nivel de recurrencia que ha ocurrido respecto al Frente Amplio es bastante más que el resto“.

Para sostener su último punto, ejemplificó con los casos del exministro Giorgio Jackson, cuando fue acusado de ser el líder de una “banda delictual“; el caso de Irina Karamanos, al momento en que se le vinculó —y se le investigó como imputada— por la arista ProCultura, fundación en la que trabajo; y con el propio Winter, cuando hace unas semanas se señaló que estaba involucrado en el caso Sierra Bella.

Y respecto a la conversación interceptada entre el Presidente Boric y Josefina Huneeus, la cual fue cuestionada por el partido, señaló que no se debió escuchar porque el teléfono de Huneeus no estaba siendo requerido por la fiscalía, y que el ente persecutor llegó a ella dado que su línea telefónica estaba a nombre de Larraín, a quien la fiscalía pidió interceptar tres números telefónicos. Uno de esos números era el de la expsiquiatra del mandatario.

“Nosotros estamos poniendo una alerta política y por lo tanto, si usted quiere cambiar el nombre de espionaje a persecución o lo que sea, lo que nosotros estamos planteando es que acá hay un problema de funcionamiento en unos aspectos del Ministerio Público, que sí pueden tener un problema“, concluyó Martínez.