Tres exfuncionarios del Ministerio del Medio Ambiente que viajaron con licencias médicas evitaron sanciones al renunciar antes de informe de Contraloría

El 22 de mayo, desde la Cámara de Diputados se emitieron varios oficios, firmados por un grupo de parlamentarios de la UDI —que incluyeron a su presidente, Guillermo Ramírez—, que fueron dirigidos a distintos ministerios del Poder Ejecutivo. La finalidad era que se dieran a conocer la cantidad de funcionarios públicos de esa reparticiones que se vieron involucrados en el polémico informe de la Contraloría, que dio a conocer que 25.078 empleados públicos salieron del país durante una licencia médica en curso.

Fue en el marco de esas respuestas que fueron enviando las carteras del Ejecutivo en donde se marcó un punto, en particular en el Ministerio del Medio Ambiente. Allí de los 11 funcionarios que la Contraloría identificó con la falta cometida, tres de ellos estaban excluidos de ser sumariados administrativamente. ¿El motivo? la salida de esos funcionarios de la repartición antes de que se revelara el caso.

La respuesta al oficio por parte del ministerio provino desde la propia ministra Maísa Rojas. En su escrito, al secretaria de Estado dice que ha dado “cumplimiento” al oficio de la Contraloría a raíz de los resultados del informe que emanó el ente contralor, y que se han instruido sumarios administrativos con la finalidad de “determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades“.

Es en eso en que Rojas adjunta en su respuesta un oficio reservado que envió el subsecretario de la cartera, Maximiliano Proaño (Frente Amplio), a la contralora general, Dorothy Pérez. Es en ese escrito en donde se da cuenta de la situación que acontece en el ministerio con tres funcionarios que incumplieron la norma, pero de los que no se podrán, en palabras de la ministra, “hacer efectivas” las sanciones.

El oficio data del 28 de mayo. Está compuesto por una carilla que contiene cinco párrafos, en donde, entre ellos, se notifica el inicio de un ocho procesos sumariales. En él, Proaño advirtió a la contralora de la situación.

“Se debe hacer presente que, del listado de once personas (…), existen tres personas incorporadas en la nómina respectiva, que ya no pertenecen a este Servicio, por lo que, conforme al literal b) del artículo 157 del Estatuto Administrativo, la responsabilidad administrativa de tales funcionarios se extinguió”, señaló el subsecretario.

Asimismo, Proaño adjuntó las respectivas resoluciones en las que se aceptaron las renuncias de aquellos funcionarios en su momento, en las que dos renuncias ocurrieron este año: Catalina Urzúa, administrativa, la que se hizo efectiva el 7 de mayo; y Rocío Vera, profesional, que renunció el 19 de marzo pasado. Katherine Díaz es el nombre de la otra funcionaria que dejó la repartición, aunque ocurrió el 28 de marzo de 2023.

Licencias médicas sin sumario: “Cuántos casos similares pueden estar repitiéndose”

La respuesta del oficio no dejó con buen auguro a los requirentes, los diputados Ramírez, Jorge Alessandri, Felipe Donoso y Natalia Romero, en donde se previó que los funcionarios renunciados previamente podrían ingresar a otros organismos públicos sin mayor problema.

Donoso señaló a The Clinic que era “preocupante” la actitud que había tomado la Subsecretaría del Medio Ambiente. “Ese desinterés con el que han actuado ha permitido que tres funcionarios públicos queden completamente impunes, sin ninguna sanción administrativa ni se les podrá exigir la restitución de los recursos que mal utilizaron por no haberse iniciado los sumarios oportunamente”.

Pero, el parlamentario consideró que lo más grave surgía en “la sospecha de cuántos casos similares pueden estar repitiéndose en otras reparticiones públicas“.

“Si en una subsecretaría se permitió que tres funcionarios escaparan de la sanción por haber renunciado antes de que se iniciaran los sumarios, es razonable temer que este patrón se esté repitiendo en otros ministerios o servicios”, afirmó, señalando que la duda sembrada debe ser respondida por el Gobierno y, particularmente el Ministerio de Hacienda para aclararlo “a la brevedad posible“.

Donoso señaló que como bancada UDI comenzarán a exigir que se asuman las responsabilidades políticas “que correspondan”, afirmando que no bastaba el inicio de sumarios y la desvinculación de los trabajadores involucrados, sino que también se hacía necesario “identificar y sancionar a las jefaturas superiores que fallaron en su deber de supervisión y control, permitiendo situaciones como la ocurrida“.