“Detrás de esto hay familias”: Crisis por falta de caja en el Ministerio de Vivienda provoca retraso en obras habitacionales de la RM y reclamos de los gremios

El pasado 26 de junio la Asociación Gremial de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS) se reunió, por Ley de Lobby, con la subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta. Estaban preocupados por los pagos de adelantos, enlaces de créditos, e incluso algunos estados de pago, desde el Estado a empresas y fundaciones encargadas de proyectos de obras habitacionales en la Región Metropolitana.

Los proyectos de vivienda, en mayor medida, corresponden a DS49 y DS19, programa de integración territorial que permite acceso a viviendas sociales a través de subsidios y diferentes herramientas.

Al día siguiente, la subsecretaria de Vivienda tuvo otra reunión. Esta vez con la fundación Alcanzable. El motivo y las inquietudes, eran similares: el financiamiento de un proyecto en Cerrillos, previamente aprobado.

“Es alarmante que, en la región con mayor déficit habitacional del país, hoy no haya disponibilidad de anticipos ni préstamos de enlace para iniciar nuevos proyectos de vivienda. Esta situación está frenando la producción de viviendas de interés público y, si no se revierte con urgencia, tendrá un impacto directo en la continuidad de la industria: no partir obras este año significa reducir drásticamente el stock de viviendas en ejecución que se entregará durante los próximos años, afectando no solo a las familias que esperan una solución, sino también al crecimiento y al empleo. Esperamos se pueda resolver a la brevedad”, Carlos Marambio, director ejecutivo de la ADVS a The Clinic.

Según su página web, la Asociación de Desarrolladores de Viviendas Sociales actualmente “está constituida por 44 organizaciones que, con un espíritu colaborativo, buscamos asumir un rol activo en el desarrollo de más y mejores proyectos de viviendas sociales”.

No es el único que ha recibido reclamos de distintas entidades. Slaven Razmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) también está al tanto del problema.

“Eventuales retrasos en el cumplimiento de estados de pago, en la entrega de anticipos ya comprometidos y, en general, cualquier restricción al financiamiento de obras en desarrollo es algo sumamente delicado y preocupante”, plantea Razmilic.

Y añade: “La estabilidad en el flujo de financiamiento de los proyectos en construcción es indispensable pensando en la sostenibilidad a la política de vivienda más allá de los ciclos de cada gobierno”.

La ADI se define como “una entidad gremial que agrupa a los principales actores de la industria inmobiliaria de Chile y nuestra misión es la promoción del desarrollo y progreso del sector inmobiliario en el país, en los ámbitos de vivienda, comercio, industria, turismo y servicios”.

Los casos en Techo para Chile

En todo caso, son varios los que acusan tener programas cerrados en la Región Metropolitana. Por ejemplo, la Fundación Techo para Chile, tiene tres proyectos paralizados. Es más, este viernes habrá una reunión entre la subsecretaria Elgueta y varias organizaciones para abordar el tema.

Bárbara Callejas, directora de la Inmobiliaria Social de TECHO-Chile, reconoce el problema. “Efectivamente el escenario es así. A nosotros en la Región Metropolitana se nos ha dicho que está sin recursos y esto nos tiene en una situación bastante complicada con tres proyectos. Estamos bien apretados con cuatro casos, pero además nos preocupa la realidad del Servicio y saber de qué manera van a solucionar ellos el tema de recursos”, dice.

También comparte detalles de los proyectos. “Hay uno que ya está en ejecución de obras, el proyecto Santa Olga, de Quilicura, es un proyecto de 47 departamentos y aquí el problema que hemos tenido es con respecto a los estados de pago del Servicio (Serviu) hacia la empresa constructora a cargo del proyecto”, desarrolla.

Otro caso es de 70 departamentos para un comité de allegados en La Pintana. “El proyecto tuvo problemas para iniciar ya que el Serviu no contaba con los recursos para los anticipos. La empresa decidió empezar igual, pero con una promesa de que los estados de pago van a ser pagados. Y existe la incertidumbre con respecto a aquellos pagos, porque no se ha dicho cuándo se va a pagar”, comenta Callejas.

El último caso es el de Tiltil. “Es bien emblemático, porque viene de campamentos, que inició su tránsito en 2013, que nos costó mucho calificar el proyecto e iniciar obras. Pero la empresa constructora no puede hacerlo porque no tiene la certeza ni respaldo de los anticipos y estados de pago”, advierte.

“Lo que me gustaría recalcar es nuestra preocupación con respecto a la sostenibilidad de estas obras, porque detrás de estos proyectos hay familias en situación de exclusión habitacional que requieren de una solución pronta”, dice Callejas. Y cierra: “Valoramos también que el Servicio nos reciba, han sido receptivos en escucharnos y en entender, pero lo que nos preocupa es que si bien hay voluntad, no hemos visto de qué manera se va a resolver y de qué manera se va a pagar”.

El Serviu reconoce “pagos ralentizados” en obras de vivienda

Desde el Serviu Metropolitano respondieron a The Clinic, reconocieron el problema y dijeron que están buscando soluciones. “Nos encontramos enfocados en el cumplimiento de la meta del Plan de Emergencia Habitacional (PEH) la que plantea en la RM 81.155 soluciones habitacionales y que en la actualidad ya ha entregado 51.544 viviendas en nuestra región y en proceso de ejecución 36.530, lo que ha requerido esfuerzos adicionales tanto en producción de viviendas, diversificación de líneas como arriendo a precio justo, viviendas industrializadas, banco de suelo y grandes obras urbanas”, escribieron por escrito.

Y agregaron: “En estos momentos, como Región Metropolitana estamos en plena fase de finalización y ejecución de obras del PEH con algunos pagos ralentizados debido a procesos derivados de la situación nacional fiscal. En este contexto, y en la búsqueda de soluciones, hemos informado sobre esta situación a la dirección de presupuestos (DIPRES) y a las distintas empresas y gremios. El objetivo de nuestra institución, es abordar con las empresas constructoras y los gremios del sector, los distintos mecanismos que permitan seguir ejecutando las obras sin detención y asegurando el funcionamiento del sector constructivo de viviendas públicas por el compromiso que existe con las familias que esperan una solución habitacional”.

Al interior de los gremios han planteado que todos los años es normal que se acabe el financiamiento, pero que eso ocurre en los últimos meses del año, como diciembre o noviembre, y que es inédito que pase en julio.

Lo grave, señalan fuentes conocedoras, es que los contratos con el Estado ya están ejecutados, por lo que los costos serán traspasados a futuras administraciones. No solo eso: dentro de los gremios se ha planteado que la intención del Gobierno es priorizar aquellos proyectos que terminen antes del 11 de marzo de 2026 -es decir, el cambio de mando- para alcanzar a ejecutar el Plan de Emergencia Habitacional.