Contraloría obliga al alcalde de Renca, Claudio Castro, a devolver pagos por contratación de abogado con fondos municipales

La Contraloría General de la República declaró improcedente la contratación de un abogado, mediante trato directo, por parte del alcalde de Renca, Claudio Castro Salas. Los servicios del abogado fueron desembolsados con fondos municipales, por lo que, según estipuló el organismo contralor, se deberán restituir los montos pagados.

La Contraloría ordenó dejar sin efecto la contratación del abogado para representar al alcalde y que el restituya los montos pagados, a través de la jefatura comunal subrogante.

La contratación del “servicio de asistencia jurídica especializada” para el alcalde se llevó a cabo luego de que la concejala Camila Avilés, durante una sesión del concejo municipal, lo acusara de “tráfico de influencias” y “nepotismo” al favorecer a un familiar en “eventuales operaciones con empresas inmobiliarias”.

Luego del hecho, el municipio, mediante decreto alcaldicio, autorizó la contratación de asistencia jurídica especializada para la defensa del alcalde. El hecho fue llevado a Contraloría por la concejala Avilés, donde se declaró ilegal.

“No resultó procedente que la Municipalidad de Renca dispusiera la contratación de un abogado para que representara al alcalde en las instancias judiciales correspondientes, por lo que ese municipio deberá regularizar la situación en estudio, dejando sin efecto dicha contratación y requiriendo que el edil restituya los montos pagados al efecto a través de la jefatura comunal subrogante”, dictaminó la CGR.

La respuesta del municipio

La Municipalidad de Renca se refirió a la resolución de Contraloría: “Tenemos la convicción de que la defensa a la que hace mención este dictamen ha sido conforme a la legislación vigente, dado que es una defensa institucional y no personal”.

Además, “de no haber instruido la Municipalidad esta defensa, la jefatura comunal habría quedado desprotegida institucionalmente en el ejercicio de sus funciones, socavando a su vez la reputación de este municipio. Sobre la discrepancia en este dictamen en particular, la Municipalidad ha ejercido su derecho a solicitar la re consideración a la Controlaría General de la República”, explican.

“Como municipio siempre hemos actuado en conformidad a los más altos estándares éticos y resguardando el respeto por nuestra Municipalidad y funcionarios”, sentencian.