Corte Suprema multa a Maipú por no acreditar saldos de subvenciones educacionales superiores a $477 millones

La Corte Suprema condenó a la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú al pago de una multa de 501 UTM, equivalente a $34.840.542, por no acreditar adecuadamente los saldos de subvenciones en el área de educación en 2022. La entidad no entregó la información requerida para justificar la disponibilidad total de los saldos correspondientes a las subvenciones SEP y Pro-retención, que ascendían a $477.119.858.

La Subvención Escolar Preferencial (SEP) entrega más recursos a los colegios según la cantidad de estudiantes prioritarios, que son aquellos que formen parte del tramo más vulnerable según el Registro Social de Hogares. La subvención Pro-Retención es un aporte anual para estudiantes vulnerables de séptimo a cuarto medio del sistema municipal y particular subvencionado.

En primera instancia, la Corporación Municipal apeló ante la Corte de Apelaciones con el objetivo de reducir la multa impuesta por la Superintendencia de Educación.

El municipio defendió que había cumplido con la obligación de rendir cuentas y que la infracción debía ser considerada leve, no grave. Argumentaron que un cambio en la numeración de sus cuentas bancarias había generado inconsistencias en la información entregada y que, en ningún momento, obtuvieron un beneficio económico de la infracción.

“El sostenedor no entregó la información solicitada por la Superintendencia de Educación”

Sin embargo, la Corte de Apelaciones rechazó el reclamo, y la Corte Suprema finalmente ratificó la multa aplicada por la Superintendencia. El máximo tribunal resolvió que la Corporación Municipal no entregó la información en la forma requerida, y que por lo tanto, la multa no era desproporcionada y se ajustaba al rango legal.

“El sostenedor no entregó la información solicitada por la Superintendencia de Educación, referente a acreditar la total disponibilidad de los saldos de subvenciones y/o aportes del Estado percibidos durante el año 2022, en la forma y plazos instruidos por esta Superintendencia”, sostiene el fallo.

“De la revisión de los antecedentes, es claro que la reclamante no acompañó los certificados válidos para acreditar los saldos bancarios requeridos, según le fue requerido por la Superintendencia reclamada, por lo que se configura precisamente el supuesto normativo previsto por la ley”, sentencia el fallo.