Corporación dependiente de Mejor Niñez denuncia a excandidato a concejal por millonario fraude: lo acusan de desviar fondos y “secuestrar” correos institucionales

La Corporación Acogida, colaboradora de Mejor Niñez, presentó una querella criminal contra Hernán Briones Cordero, exrepresentante legal de la organización, por una serie de delitos entre los que se encuentran malversación de fondos, extorsión y amenazas.

En total son cuatro delitos que se imputan: delitos contra el patrimonio y la probidad; delitos informáticos; delitos contra la fe pública y la identidad; y delitos contra las personas.

Respeto al primer punto, a Briones —quien fuera candidato a concejal de Villa Alemana por cupo Evópoli en 2021—, se le imputan distintas causas, que son apropiación indebida y malversación de fondos, administración desleal y extorsión o coacción. Del segundo punto la querella acusa acceso ilícito e interceptación ilícita. Finalmente, de los últimos dos lo acusan de usurpación de la identidad y amenazas, respectivamente.

Cabe destacar que no es primera vez que el excandidato está involucrado en una causa legal. En 2023, según expuso un reportaje de Ciper, fue investigado por desviar más de $200 millones de Mejor Niñez, a través de distintas organizaciones dependientes del programa, entre ellas Corporación Acogida.

Ahora, si bien los montos que se le adjudican son menores, de acuerdo a la querella sus acciones podrían comprometer el futuro de la organización. Esto, considerando que los fondos que reciben de Mejor Niñez son claves para su funcionamiento, y con este antecedente se pondría en duda futuros depositos.

Los hechos que le imputan a Briones

En la querella se imputan tres casos de sustracción de fondos por parte de Hernán Briones. Uno de marzo de 2022, es por la suma de $1.939.220. El otro, de junio de 2025, por $8.336.842. El documento legal apunta a que el ex representante legal de la Corporación Acogida realizó transferencias no autorizadas desde cuentas de la fundación a cuentas personales.

Del monto mayor señala que fue “desde la cuenta corriente del centro PEE San Miguel. Cabe destacar, que este centro se encuentra actualmente en proceso de cierre técnico y financiero ante el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, por lo que la integridad de dichos fondos es crítica para cumplir con las obligaciones legales de cierre“.

Finalmente, se atribuye una tercera sustracción de febrero de este año, cuando legalmente no era funcionario de la institución ya que había presentado su renuncia en noviembre. En esa instancia se le acusa de sustraer $1.500.000 desde la cuenta corriente perteneciente a la Administración Central de la Corporación Acogida. Así, la totalidad de los montos sustraídos es de $11.776.062.

Al ser emplazado por la dirección del organismo, Briones argumentó que fueron “autopagos” por servicios profesionales. Como representante legal habría tenido acceso a las cuentas, lo que le permitió realizar los pagos sin autorización. De todas formas, se le acusa de apropiación indebida, ya que, naturalmente, las cuentas no eran de su propiedad.

Además apuntan a malversación de caudales públicos. Esto, ya que “atendida la naturaleza de colaborador acreditado de la Corporación, el querellado detentaba la calidad de empleado público para efectos penales conforme al Art. 260 del Código Penal. Al sustraer caudales que tienen la naturaleza de públicos por su origen y destino, incurre en esta figura agravada“.

Vulneración a la protección de la niñez y delitos informáticos

Dentro de la querella, Corporación Acogida apunta a Briones de vulneración de la normativa especial de protección de la niñez.

“El desvío de estos fondos atenta contra el principio del Interés Superior del Niño, al privar a la institución de los recursos necesarios para garantizar los derechos de los sujetos de atención en centros críticos como el PEE San Miguel”, detalla.

La querella incluye otras irregularidades de su gestión, como un intento fallido de cambiar la sede de funcionamiento de la organización a un punto de su conveniencia, y el intento de contratar familiares no aptos para los cargos sugeridos.

Además, es acusado de amenazar y hostigar miembros del directorio, entre ellas a su propia prima.

Una de las acusaciones más inéditas que incluye la querella tiene que ver con delitos informáticos. En particular, al excandidato a concejal lo acusan de haber “secuestrado” el correo electrónico de la fundación, exigiendo un monto de $5 millones de pesos para devolver la cuenta. Esto último lo gestionó posterior a presentar su renuncia en noviembre de 2025.

“El querellado mantiene hasta la fecha la administración exclusiva y arbitraria de la casilla de correo electrónico [email protected]. Este correo constituye el medio de comunicación oficial de la institución, por el cual transita la totalidad del flujo informativo crítico, incluyendo notificaciones de tribunales, organismos públicos y comunicaciones de usuarios y proveedores”, detalla.