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6 de Mayo de 2026

La compra de Azul Azul bajo la mira: cómo el Caso Sartor estalló en la U y los presuntos delitos que investiga la Fiscalía

Tras la serie de allanamientos que se llevaron a cabo el lunes, desde el Ministerio Público explicaron que una de las líneas investigativas del Caso Sartor tiene que ver con la adquisición del mayor paquete accionario de Azul Azul por parte de Michael Clark. El persecutor sospecha de entrega de información falsa, negociación incompatible y administración desleal de fondos. En medio de ese panorama, desde la concesionaria el pronunciamiento oficial lo realizó el abogado Jorge Arredondo. "Desconocemos mayor antecedente respecto al proceso investigativo porque no somos parte", fue parte de lo que dijo. Cecilia Pérez no se ha manifestado públicamente, como tampoco lo ha hecho la Casa de Estudios.

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El Caso Sartor estalló esta semana en el corazón de Universidad de Chile, ya que entre la serie de allanamientos que se llevaron a cabo el lunes, funcionarios de la PDI llegaron hasta las dependencias de Azul Azul para incautar documentos físicos y digitales que puedan estar relacionados con los presuntos ilícitos que investiga la Fiscalía.

Dichas diligencias tienen como objetivo recabar evidencia sobre presuntos delitos de negociación incompatible, administración desleal y fraude a la Ley de Mercado de Valores, además de omisión de oferta pública de adquisición de acciones por parte de la administradora general de fondos Sartor.

En concreto, el Ministerio Público sospecha que Sartor generó un esquema para utilizar dineros de aportantes, para destinarlos a entidades vinculadas a sus controladores, entre ellos Michael Clark, quien hasta hace pocos días era el presidente de la concesionaria que administra el club de fútbol de la Universidad de Chile.

Por lo anterior, el domicilio particular de Clark fue allanado, como también las oficinas de sociedades vinculadas a Sartor. Estas son: Bulla SpA., Inversiones Antumalal Limitada, Romántico Viajero SpA. y RedWood Capital SpA..

Al explicar dichas diligencias, el fiscal de alta complejidad oriente, Juan Pablo Araya, explicó que incluso la adquisición del principal paquete accionario de Azul Azul por parte de Clark está en la mira.

“Se han obtenido distintos medios de prueba, como documentos y computadores, que permitirán desarrollar las próximas diligencias. Una de las líneas investigativas tiene que ver con la adquisición de Azul Azul por parte de Clark a través de la sociedad Antumalal sin realizar una OPA, además de los delitos que forman parte del caso Sartor, como entrega de información falsa al regulador, negociación incompatible y administración desleal de fondos”, declaró.

Cabe consignar que más allá del caso de Clark, las indagatorias de la Fiscalía también involucran al paquete accionario controlado por el abogado José Ramón Correa, ya que fueron allanadas las oficinas de la sociedad Romántico Viajero, con la cual compró el 21,44% de la concesionaria que le pertenecía a la familia Schapira, por un monto de $6.700 millones.

Azul Azul se pronuncia a través de su abogado

En medio de este panorama, Cecilia Pérez, recientemente electa como presidente de Azul Azul, no se ha manifestado públicamente. El pronunciamiento oficial por parte de la concesionaria llegó por parte del abogado Jorge Arredondo.

“La diligencia se ha llevado sin ningún tipo de problema. Hemos dado todas las facilidades como club, a través de las gerencias que estaban presentes, para que los representantes del Ministerio Público y también de la Policía de Investigaciones pudiesen llevar a cabo su trabajo”, declaró Arredondo tras el allanamiento del lunes.

“Desconocemos mayor antecedente respecto al proceso investigativo porque no somos parte. Aquí simplemente ha concurrido personal de la PDI. Nosotros tenemos una obligación legal de que las resoluciones judiciales se cumplan”, añadió.

Por otro lado, desde la Casa de Estudios de la Universidad de Chile tampoco ha existido pronunciamiento oficial ante estos últimos antecedentes. The Clinic solicitó una versión al respecto, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Eso sí, algunos de los candidatos a la rectoría se han manifestado. Uno de ellos fue Pablo Ruiz Tagle, quien declaró lo siguiente: “Queremos que se nos rinda cuenta, queremos que se separen los negocios ilegales de la actividad que corresponden a las relaciones contractuales con la Universidad”.

Mientras tanto Alejandra Mizala manifestó: “El convenio con Azul Azul debe ser revisado en cuanto a las obligaciones establecidas y su cumplimiento por parte de la concesionaria. Asimismo, estudiaré los antecedentes de la investigación en curso para actuar con la seriedad y responsabilidad institucional que esta situación amerita”.

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