La inclusión no se mide en matrículas

Cada año conocemos nuevas cifras sobre el aumento de estudiantes con discapacidad y neurodivergencias que ingresan a la educación superior. Es una buena noticia. Significa que las universidades chilenas han comenzado a derribar barreras que durante décadas impidieron que miles de personas ejercieran plenamente su derecho a estudiar.

Pero también es una noticia incompleta. Hemos aprendido a celebrar el acceso. Lo que todavía no hacemos es preguntarnos qué ocurre después. ¿Cuántos de esos estudiantes permanecen en la universidad? ¿Cuántos participan plenamente en la vida académica? ¿Cuántos logran titularse? Y, sobre todo, ¿cuántos deben invertir buena parte de su energía en adaptarse a un sistema que sigue esperando estudiantes “promedio”; en lugar de reconocer la diversidad como parte de la normalidad?

Ahí está hoy el verdadero debate sobre la inclusión. Durante años, el principal desafío fue abrir las puertas de la educación superior. Era una deuda histórica y era imprescindible abordarla. Sin embargo, cuando seguimos evaluando el éxito de las políticas inclusivas únicamente por el número de estudiantes que ingresan, corremos el riesgo de confundir acceso con inclusión. No son lo mismo.

Quienes investigamos las trayectorias universitarias de estudiantes con discapacidad y neurodivergencias escuchamos una y otra vez relatos similares: plataformas digitales que no son accesibles el día de una evaluación; docentes que continúan utilizando una única forma de enseñar y evaluar; estudiantes que deben volver a explicar, semestre tras semestre, por qué necesitan apoyos que la institución ya conoce; y personas que terminan dedicando más tiempo a gestionar barreras administrativas que a aprender. Nada de eso aparece en las estadísticas de matrícula. Y, sin embargo, ahí es donde muchas veces comienza la exclusión.

Cuando un estudiante debe demostrar constantemente que merece los apoyos a los que tiene derecho; cuando participar en una clase depende de la buena disposición de un profesor y no de una política institucional; cuando la accesibilidad sigue siendo una excepción y no una condición básica de calidad, el problema deja de estar en el estudiante. El problema está en la universidad.

Por eso, la inclusión no puede seguir descansando únicamente en oficinas especializadas o programas de apoyo. Su trabajo es indispensable, pero insuficiente. Una universidad inclusiva se construye en el diseño de las asignaturas, en las formas de evaluación, en las plataformas tecnológicas, en los reglamentos, en la formación del profesorado y en la convicción de que la diversidad no es un desafío que gestionar, sino una realidad que debe orientar las decisiones institucionales.

Quizá ha llegado el momento de cambiar también la forma en que evaluamos el éxito de nuestras universidades. No basta con informar cuántos estudiantes con discapacidad y neurodivergencias ingresan cada año. Deberíamos exigir la misma transparencia respecto de cuántos permanecen, cuántos egresan y cuáles son las barreras que siguen encontrando durante su formación. Solo entonces podremos saber si la inclusión está ocurriendo de verdad o si simplemente hemos desplazado la exclusión desde la puerta de entrada hacia el interior de las instituciones.

Las universidades chilenas ya demostraron que pueden abrir sus puertas. El desafío ahora es mucho más ambicioso: construir espacios donde nadie tenga que hacer un esfuerzo extraordinario para permanecer, aprender y graduarse.

Porque la inclusión no empieza cuando un estudiante recibe su carta de admisión. Empieza el día siguiente.