Fiscalía sigue sin descartar tráfico ilícito de migrantes por llegada de niños haitianos a Chile: indagan vuelo que pasó por Lima

Hoy sesionó nuevamente la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados dedicada a solicitar información relativa a la llegada en masa de niños y adolescentes haitianos entre 2023 y 2025, luego de que en junio la noticia movilizara a todas las instituciones del país bajo el supuesto de un tráfico ilícito de migrantes a Chile.

Allí expusieron representantes de la PDI y de la Fiscalía, quienes abordaron los cuestionamientos y las dudas que existen en torno a la realidad de la llegada de niños haitianos al país.

Ernesto León Borquez, jefe nacional de migraciones en la PDI, reforzó lo que ya se sabía sobre que los padres de los menores comenzaron a llegar a Chile y luego por su propia cuenta se organizaban y contrataban aviones charter para que sus hijos arribaran al país, lo que se masificó en 2023.

Y si bien asegura que aquello se realizó con un procedimiento riguroso por parte de las policías y con alertas y coordinaciones levantadas a otros organismos, el funcionario de la PDI precisó que sí se detectaron anomalías en las terceras personas que acompañaban a los menores.

Precisamente por aquello es que en 2023, menciona, se levantó la alerta a la DGAC para que hubiera un cambio en la normativa y no pudiera haber más de cuatro niños por adulto en los vuelos.

Además se denunció en el Ministerio Público, en investigaciones que siguen en proceso. También, puesto que en un comienzo los menores arribaban a Chile en “condiciones paupérrimas, con poco abrigo o sin haber almorzado ni sido alimentados”, la PDI solicitó también a las aerolíneas que se preocuparan de aquello.

Con todo, el representante de la PDI se sinceró: “¿Tenemos un mea culpa respecto a esto? Sí, tenemos un mea culpa. ¿Podríamos haber hecho las cosas mejores? Sí, puede haber sido. Pero en su momento creo que nosotros cumplimos con lo que estaba establecido en la normativa para hacer ingresar a los menores a Chile”.

Consultado luego sobre qué cosas se podrían haber hecho mejor, León mencionó que “creo que la comunicación entre las instituciones que estamos relacionadas con esto no quiero decir que falló, pero sí podíamos haber tenido una mejor comunicación al momento de generarse la alerta. Si bien es cierto que nosotros informamos, no teníamos puntos de contacto, por ejemplo, con Mejor Niñez”.

Aun así, el funcionario de la PDI fue enfático en decir que “no tenemos ninguna denuncia de algún ciudadano haitiano, padre de algún menor haitiano que ingresó a Chile, que reclame por algún tema de trata o delito de tráfico de menores”.

De hecho, aseguró que como institución conversan con la comunidad haitiana en Chile, la que se ha sentido fuertemente estigmatizada y afectada a raíz de este caso, dado que “piensan que la comunidad chilena piensa que ellos son traficantes de menores, y no es así”.

Una investigación transnacional y un delito de tráfico de migrantes que no puede descartarse del todo

Con todo, luego de que estallara el caso a fines de junio, filtrado el preinforme de Contraloría, la Fiscalía Nacional formalizó un equipo de investigación en conjunto con la Fiscalía de República Dominicana, para abordar este tipo de delitos transfronterizos.

Y si bien Ignacio Castillo, jefe de la Unidad Especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía, aseguró que las causas que tenían en la institución “propiamente vinculadas con tráfico ilícito de migrantes eran más bien escasas”, no descartó que pudiera haber este tipo de delitos.

“Hay una investigación interesante, que tiene que ver con supuestos en que eventualmente algún aspecto de la antijuridicidad del tipo de tráfico ilícito se da en otro país. Por ejemplo, estos niños haitianos cruzan hacia República Dominicana, y de República Dominicana vienen hacia Chile”. 

“No quiero dar demasiados detalles, pero en ese pasar se pueden cometer ilícitos que se relacionen eventualmente con un tráfico ilícito de migrantes”, explicó el representante de la Fiscalía, quien mencionó que es precisamente lo que se está investigando en conjunto con ese país.

Y tras ser consultado por la diputada Stephanie Jéldrez directamente sobre si se podía descartar que haya habido algún delito de tráfico de migrantes en torno a las visas de reunificación familiar.

A lo que el representante de la Fiscalía respondió: “No se está descartando ninguno de los ilícitos, y desde luego además tampoco, y por el contrario, obviamente que es parte de ello este vuelo que habría llegado a Perú”. 

El vuelo de Haití con escala en Lima que el Ministerio Público sigue investigando

El vuelo que se detuvo en Lima, al que también hizo alusión la diputada Jéldrez, es precisamente uno por el que también alertó en junio la contralora Dorothy Pérez, quien le pidió información a su par de Perú.

Se trata de un vuelo con 124 niños y 26 adultos que habría salido desde Haití con rumbo a Santiago, identificado como WAL-801, el cual hizo una escala en Lima que no estaba contemplada donde parte de los menores bajó del avión.

Los menores habrían descendido de la aeronave de Caribbean Sun para luego ser reubicados en otro avión de la misma aerolínea, el cual llegó casi diez horas después de lo que tenía previsto el avión inicial, y lo hizo identificándose también como vuelo WAL-801.

La diferencia fue, según los antecedentes que denunciaba en ese entonces Contraloría, que dicho vuelo llevaba 154 pasajeros a bordo, de los cuales solo 44 eran niños.

La propia contralora aseguró en ese entonces que “tenemos la situación de niños que descendieron en Perú y de los cuales no tenemos información”.

¿Cómo era en la práctica el procedimiento para el ingreso de niños haitianos a Chile?

Para concretar la llegada de sus hijos a Chile, los padres contrataban a una tercera persona, que además tenía que sacarlos por República Dominicana, dado que no podían salir directamente de Haití.

Y si bien “algunos fueron estafados, otros menores llegaron”, dijo el representante de la PDI, lo concreto es que a cada familia se le cobraba entre US$ 4.000 y US$ 6.000 por hijo.

Una vez que el avión llegaba al aeropuerto de Santiago, tanto los niños como los adultos que los acompañaban pasaban a las salas de control y casetas específicas que disponía la PDI en el recinto para el caso de los menores haitianos, relató el funcionario.

En salas de espera afuera de las casetas, se encontraban los padres de los menores, a los que luego se llamaba para verificar y comparar los documentos y emitir un acta de entrega del menor, con lo que las personas podían salir del aeropuerto.

“Ningún menor haitiano que ingresó a Chile lo hizo sin la documentación debida o fue entregado a quien no debiese ser entregado”, aseguró León.