Negocios
25 de Agosto de 2026CPC y ratificación de artículo 31: “El costo de una política pública termina siendo asumido por empresas que operan bajo marcos tarifarios y regulatorios previamente establecidos”
Asimismo, desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) manifestaron que la norma ratificada por el Tribunal Constitucional "establece plazos uniformes de reconexión que son imposibles de cumplir precisamente en una catástrofe, cuando la prioridad debe estar en reparar la infraestructura y recuperar el servicio para el mayor número posible de personas, resguardando siempre las condiciones de seguridad".
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Luego de que el Tribunal Constitucional rechazara el requerimiento interpuesto por el Gobierno en contra del artículo 31 de la megarreforma, el que establece la obligación de reconectar gratuitamente los servicios básicos en zonas declaradas en estado de catástrofe, desde la Confederación de la Producción y el Comercio se manifestaron preocupados.
Así lo expresó Susana Jiménez, presidenta de la CPC: “Respetamos la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, todavía no se conocen los fundamentos de la sentencia, por lo que corresponde esperar ese pronunciamiento antes de sacar conclusiones respecto de los argumentos específicos que fueron considerados por el Tribunal”.
En la misma línea, Jiménez planteó que “mantenemos nuestra preocupación respecto de los efectos regulatorios y económicos de esta norma”.
En ese sentido, sostuvo que “el punto de fondo es que no se limita a resolver situaciones directamente provocadas por una catástrofe, sino que obliga a reconectar, sin costo y sin pago previo, suministros que incluso podían encontrarse suspendidos por no pago desde antes de la emergencia”.
“Esto significa que el costo de una política pública termina siendo asumido por empresas que operan bajo marcos tarifarios y regulatorios previamente establecidos, lo que puede generar efectos sobre las cuentas incobrables, alterar los incentivos al cumplimiento de las obligaciones y sentar un precedente complejo respecto de cómo se financian futuras medidas de apoyo”, argumentó.
Junto con ello, la líder del gremio del gran empresariado manifestó que la norma ratificada por el TC “establece plazos uniformes de reconexión que son imposibles de cumplir precisamente en una catástrofe, cuando la prioridad debe estar en reparar la infraestructura y recuperar el servicio para el mayor número posible de personas, resguardando siempre las condiciones de seguridad”.



