Caso Convenios: Fiscalía presenta acusación contra 11 personas y pide 20 años de cárcel para exjefe de la Gobernación del Biobío

La Fiscalía Regional del Biobío presentó este martes al Juzgado de Garantía de Concepción una acusación contra 11 personas investigadas en la arista Bonhomía del denominado Caso Convenios, solicitando 20 años de presidio para el exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional.

Se trata de Simón Acuña, quien arriesga la pena más alta en esta causa, además de una multa de 6.738 UTM (unos $488 millones). Según el Ministerio Público, el imputado es culpable de dos delitos de fraude al fisco.

“Se presenta una acusación en contra de 11 imputados por distintos delitos que van desde corrupción de funcionarios públicos, como es el fraude al fisco como también delitos de obtención fraudulenta de prestaciones estatales, delitos de lavado de activos y además delitos tributarios”, dijo la fiscal María José Aguayo.

En el caso de Acuña, la solicitud de 20 años de presidio radica en su reiteración en los delitos de fraude al fisco cuando ejercía como funcionario público en la Gobernación del Biobío.

Asimismo, la Fiscalía pide 13 años y 70 días de presidio para Benjamín Pavón por cuatro delitos económicos, además de una multa de 850 UTM. Mientras que para Rodolfo Adriazola 10 años de presidio y una multa de 6.090, 76 UTM por fraude al fisco.

Según la acusación, la Fundación Bonhomía habría sido utilizada para cumplir los requisitos de acceso a los fondos públicos a cambio de un 3% del financiamiento, quedando en manos de empresas privadas vinculadas a uno de los acusados. El Gobierno Regional transfirió a la fundación dos pagos que en total sumaban $356.108.000 en 2022.

“Estos hechos se basan en el convenio celebrado entre el Gobierno Regional del Biobío y Fundación Bonhomía. La mecánica, al igual que sucedió con otros convenios celebrados en la misma época, trataba que particulares que tenían empresas con fines de lucro, utilizaron a distintas fundaciones, en este caso Fundación Bonhomía con la quiescencia de los representantes legales de dicha fundación, para, por medio de estas, poder presentar determinados proyectos al Gobierno Regional”, explica la persecutora.

Y ahonda: “En este caso en particular, este proyecto no tenía una estructura de tal. También se falseó información acerca de los presupuestos, y de tal forma que, asignados los recursos, pasaron casi en su integridad a las cuentas personales tanto de las empresas asociadas a los imputados como incluso de los imputados mismos. Y a contar de ese traspaso, además comenzaron una serie de maniobras por parte de los imputados, en este caso los particulares, para poder alejar el delito de esta fuente ilícita de obtención de estos fondos estatales”.

A raíz de esto último, el Ministerio Público también presentó cargos por lavado de activos.

En un hecho separado, sostiene que se devolvieron garantías de fiel cumplimiento por $35.610.800 sin que se cumplieran las condiciones del convenio. La acusación también incluye la facilitación de boletas de honorarios por servicios que, según la Fiscalía, no se prestaron, y su uso en declaraciones de renta para reducir la carga tributaria.

Según la participación atribuida a cada persona, la acusación incluye delitos de fraude al Fisco, obtención fraudulenta de prestaciones estatales, lavado de activos y delitos tributarios. La Fiscalía ofreció 114 testigos y seis peritos, además de prueba documental y otros medios de prueba, y solicitó al tribunal citar a una audiencia de preparación del juicio oral.