Por Dr. phil. Eda Cleary / Socióloga, doctorada en ciencias políticas en la Universidad de Aachen en Alemania Federal

Cuando Violeta Parra compuso su canción de „Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza sombrero con tanta cinta a quien no tiene cabeza” probablemente no habría creído que a casi medio siglo después de su muerte estos versos conservarían su plena validez.
El “pituto” no es otra cosa que la versión chilena del fenómeno conocido universalmente como “nepotismo”. La palabra “nepotismo” viene del griego antiguo “nepos” que significa “sobrino” y consiste en la preferencia que algunos gobernantes o funcionarios públicos tienen para dar gracias o empleos públicos a familiares, amigos o conocidos. Según el profesor Patricio Orellana Vargas de la Universidad de Chile, en el caso específico de Chile, existía hasta el golpe militar de 1973 un acuerdo transversal entre historiadores e investigadores de distintas tendencias políticas, en que Chile era “probo” a pesar de la tradición del “pituto” debido a que se practicaba en un país donde no existía un contexto de corrupción estructural que lo acompañara y lo potenciara.
Otro enfoque analítico del “pituto” desde el punto de vista del desarrollo, lo ha planetado el investigador Sergio Reyes de la Universidad de La Frontera de Temuco basándose en los conceptos desarrollados por el fundador de la sociología alemana Max Weber. Según Weber, existiría una correlación entre la economía rural con un tipo de organización social jerárquico basada en la familia o en grupos de la comunidad y una lógica de la “racionalidad en función de los valores” (Wertrationalität) que privilegiaría al colectivo por sobre el individuo. En contraste con ésto, en la economía moderna capitalista, surgiría un tipo de organización social que respondería a la “racionalidad en función de los fines” (Zweckrationalität) y privilegiaría la individuación de las personas a través del mérito. Trasladando este análisis a la realidad chilena, Reyes plantea que Chile sufre una suerte de disfuncionalidad en su desarrollo actual ya que coexiste la economía moderna capitalista con un tipo de organización social perteneciente a la economía rural que es la “hacienda” y que privilegia el clientelismo o el “pituto”.
Interesantes son estas investigaciones porque arrojan luz sobre la evolución de los alcances que ha llegado a tener el “pituto” en Chile y nos permiten comprender los mecanismos y factores que han conducido a dos situaciones claras: 1) El término de la probidad pública en Chile o el “fin de la inocencia” como lo han llamado algunos autores y 2) la instalación del “pituto” dentro de un marco de corrupción estructural.
Es de público conocimiento que la dictadura pinochetista inauguró un sistema de corrupción y pitutos amparado en leyes y decretos resultantes de un poder absoluto sin controles de ningún tipo. Algunos de sus casos emblemáticos son según Orellana: el despido arbitrario de 200.000 funcionarios públicos, la exoneración de 2000 profesores universitarios, los sobresueldos de todos los nuevos jefes de la administración pública, las privatizaciones de las empresas públicas y su venta a los mismos privatizadores, la manipulación del poder judicial, las indemnizaciones a todo evento de los directivos de las empresas, la ley de amarre de los directivos públicos, la compra y venta de empresas al hijo del dictador, los contrabandos de armas a Croacia y el enriquecimiento ilícito de la familia Pinochet que costaron al fisco millones de dólares.
Cuando se inició el proceso de transición a la democracia, la concertación conservó intacta la base legal de la corrupción pinochetista a pesar de sus pretensiones democráticas y modernizadoras. Pronto empezarían a acumularse una gran cantidad de casos de corrupción y nepotismo (“pituto”) que dejaban atónita a la población chilena. Baste mencionar tan solo algunos: las ventas a futuro de CODELCO, ESVAL, CORFO-INVERLINK, Ferrocarriles del Estado, INDAP, Becas presidente de la república, las mochilas de PRO-CHILE, Coimas MOP-GATE, Casas COPEVA, Chile-Deportes, el tráfico de influencias en el TRANSANTIAGO, becas CONYCIT y la contratación de una amplia gama de parientes y amigos de los presidentes y de altos funcionarios de gobierno en la administración pública. Jocosa resulta la coronación virtual de la actual ministra del trabajo Claudia Serrano como la “reina del pituto” en infinidades de páginas web y blogs, donde se denuncia que junto a su marido ( Gerente General de Correo) y tres de sus hermanos contratados en otras reparticiones públicas percibirían salarios por un monto cercano a los 25.000 millones de pesos al mes. Cuando el hijo de la presidenta calificó de “chaqueteros” y “mal agradecidos” a los chilenos que criticaban el nepotismo y el ex presidente Lagos expresaba su “molestia” frente a la publicación del “Mapa del Nepotismo en Chile”, donde aparecían los parientes de su mujer y los suyos como depositarios de licitaciones y puestos del estado; lo hacían seguramente con mucha sinceridad porque se sentían ofendidos de corazón.
Considerando este cuadro, podría afirmarse que Chile ha asistido durante los últimos cuarenta años de su historia a un proceso de “convergencia cultural” que responde a la lógica de la “hacienda” a pesar de las profundas diferencias ideológicas que separan a la dictadura de los gobiernos de la concertación. Un rasgo común de estos dos períodos es la negación, ocultamiento o relativización de los hechos de corrupción y apitutamientos en pos de la así llamada “paz social”.
Es un hecho curioso que todas las medidas burocráticas para prevenir este flagelo, tales como el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, la Ley de Probidad y Transparencia, la creación del Consejo de Alta Dirección Pública y recientemente la Ley de Transparencia de acceso a la información pública aprobada en abril del 2009 no han podido con la escalación de casos de corrupción.
Interesante es destacar la lógica de esta última ley que obliga a todos los organismos del estado a publicar los sueldos de los funcionarios públicos como símbolo de probidad. Según el Banco Mundial mientras Alemania Federal genera ingresos per cápita casi tres veces más alto que Chile con 41.254 US dolares, Chile llega a los 14.500 US dólares. Sin embargo los diputados de ambos países reciben casi los mismos salarios de aprox. 5,6 millones de pesos mensuales, con la diferencia que los chilenos se adjudicaron otros 5.6 millones de pesos adicionales mensuales por concepto de asignaciones de traslado, arriendos de oficina y pago a terceros llegando a la suma de 11,2 millones de pesos. La desproporcionalidad entre estos sueldos y el potencial de riqueza que genera el país queda al descubierto. Pero comparando estos sueldos con los de los 25.000 empleados públicos chilenos que ganan el mínimo de 175.000 pesos, estos montos resultan escandalosos porque son 32 veces más altos.
Uno de los logros más celebrados por toda la clase política chilena es el así llamado estado eficiente y pequeño con 90.000 empleados del gobierno central y que constituirían el 6% de la fuerza de trabajo nacional. Sin embargo según diversas fuentes consultadas, si a esta cifra se suman 80.000 empleados públicos a contrata, 185.000 empleados municipales, 85.000 funcionarios de las universidades públicas y empresas del estado, los cerca de 43.000 carabineros y cerca de 120.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, tenemos que el estado maneja más de medio millón de empleos públicos ( 603.000 puestos) por lo que controlaría más del 40% del empleo del país llegando a igualarse a otros países de la región y del mundo.
En este contexto el progreso de Chile no resiste más el “pituto” ni los “apitutados” porque ellos entorpecen los procesos de ascenso por mérito en el estado y crean patrones de obedediencias ajenos a las instituciones públicas debilitándolas sistemáticamente.
El desarrollo en el mundo globalizado se basa en la generación del conocimiento, la innovación tecnológica y las técnicas organizacionales orientadas a la consecusión de objetivos concretos, tanto en el ámbito público como privado. La libertad de pensamiento, el libre flujo de ideas, la honoración de los mejores talentos independientemente de su origen social, étnico o partidario y el control de la gestión pública en pos del progreso de todos se hacen impostergables en un país que quiere avanzar y vivir mejor. Esta es la única manera de crear bases de confianza entre los chilenos y fortalecer la cohesión social.
Esperanzador es el hecho que cada vez más personas expresan su hastío frente a este estado de cosas. Basta ingresar a los buscadores de internet la categoría de “pituto” o “corrupción” en Chile para que la pantalla arroje miles de informaciones provenientes de la prensa, sitios web y blogs independientes donde la ciudadanía pone en tela de juicio estas malas prácticas y demuestran que el pensamiento crítico en Chile está creciendo.
Resulta urgente para el progreso de Chile superar el flagelo del pituto y “PONERLE EL SOMBRERO CON CINTAS A QUIEN REALMENTE TIENE CABEZA”.

14 de noviembre 2009, Managua.