Por Patricia Olea Castro y Soledad Rojas Bravo
En el actual contexto político, con la derecha en el gobierno, los derechos de las mujeres no sólo se ven severamente amenazados sino que van en franco retroceso. En efecto, las políticas que promueve la actual administración han puesto el énfasis en la afirmación de los roles más tradicionales para las mujeres: la familia y la maternidad en primer orden como lugar de destino, al cual las mujeres debieran subordinar cualquier otro proyecto de vida.

En diversas oportunidades, los pronunciamientos y anuncios programáticos del gobierno, no sólo a través del Sernam, sino también de otras instituciones, muestran ignorar los avances en derechos humanos establecidos internacionalmente en un sinnúmero de tratados y convenciones de los cuales el Estado chileno es parte . Hoy es mundialmente reconocido que la violencia contra las mujeres es un grave problema social y constituye una violación a sus derechos humanos, cuyo origen principal se encuentra en las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres: desigualdades salariales en los mismos puestos de trabajo, violencia en las calles, en las escuelas y en el espacio doméstico, acoso y violencia sexual, femicidio, publicidad sexista, trata de mujeres y niñas, control de los cuerpos en la penalización del aborto y otras expresiones cotidianas de la inferiorización y victimización permanente.

Esta dura realidad para las mujeres pareciera querer ser borrada de una plumada en las ‘célebres’ palabras de la actual ministra de Sernam: ‘la guerra de los sexos ha terminado’, pronunciadas simbólicamente y con desparpajo en el día del padre. Reducir la discriminación que vivimos las mujeres a una ‘guerra’ no permite ver que nos enfrentamos a un asunto de derechos y garantías fundamentales que toda democracia debe otorgar a las personas; y que las mujeres hemos hecho una larga trayectoria para identificarlos y situarlos como tales.

La creación de la comisión ‘Mujer, trabajo y maternidad’ y el llamado a las mujeres a ‘levantar Chile’ en los programas de reconstrucción post terremoto muestran desde temprano un reforzamiento de las ideas que esencializan a las mujeres en el cuidado de los otros, sostenedoras materiales y emocionales de la familia y la comunidad. De derechos reproductivos y maternidad voluntaria ni hablar… La Sra. Schmidt solicita expresamente a nombre del gobierno de Sebastián Piñera que no se mencionen los derechos sexuales y reproductivos en la declaración de Consenso de la XI Conferencia Regional de la CEPAL recientemente celebrada en Brasil.

Todas a ser madres, no hay alternativas ….y cuidado con aprovecharse de los servicios públicos, como sugiere la vicepresidenta ejecutiva de la Junji Sra. Ossandón, quien manifestara con dichos clasistas y discriminatorios una impresentable falta de sensibilidad hacia las mujeres que utilizan estos servicios. Juicios acompañados de actos simbólicos que, entre vírgenes y rosarios, refuerzan el modelo mariano para las mujeres.

Y esto no es todo, acabamos de enterarnos que a partir de septiembre comenzará a aplicarse el plan piloto del programa ‘Chile Acoge’ en los Centros de la Mujer, servicios para la atención de las mujeres que viven violencia: desde esa fecha serán atendidos sus agresores en las mismas instalaciones. Aquí la cosa se pone color de hormiga…. nos enfrentamos a una grave trasgresión de principios éticos fundamentales reconocidos mundialmente. Personas cuyos derechos humanos han sido violados, sometidas a tratos crueles y degradantes, no pueden ser atendidas ni reparadas en su dignidad junto a su victimario. Mala señal de parte del Estado chileno cuya obligación es la de garantizar los derechos de las personas.

Desde la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual hemos puesto énfasis en visibilizar la violencia contra las mujeres como un delito y a los agresores como delincuentes:

‘Los acosadores de mujeres, violadores y femicidas no son enfermos. Medios de comunicación, políticos y jueces definen a los agresores sexuales como sicópatas. Esto no es así. La mayoría de las veces son hombres ‘normales’, de ‘irreprochable conducta’ en el trabajo, en el barrio, en el partido y con los amigos.

Calificar a violadores y agresores sexuales de mujeres como personas enfermas solo contribuye a ocultar este grave problema que afecta la integridad y la vida de mujeres y niñas’ (Campaña ¡CUIDADO! EL MACHISMO MATA, 2008).

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud , el abordaje de la violencia contra las mujeres y el tratamiento a las víctimas debe considerar elementos éticos sustantivos entre los cuales cabe mencionar, en primer lugar, que se trata de una infracción criminal, y que las acciones que se emprendan no deben generar revictimización por parte de aquellos que pretender apoyar a las mujeres que viven violencia.

Experiencias en Chile y otros países muestran la resistencia de los hombres agresores a asistir a programas de rehabilitación y el fracaso de las terapias cuando no acuden por voluntad propia. En algunos casos esto puede dar resultado pero son la minoría. Sin embargo, erradicar la violencia contra las mujeres requiere destinar esfuerzos y recursos a la atención de una multiplicidad de factores, que en su conjunto tiendan a cuestionar y transformar las actuales relaciones de poder entre los géneros.

El movimiento de mujeres ha transitado un difícil camino para visibilizar de modo integral la violencia contra las mujeres en sus dimensiones social y política. En 1994, la primera legislación reduce la violencia contra las mujeres al espacio doméstico, y subvalora sus consecuencias calificándola como una simple falta. Hoy sabemos que esta violencia específica puede terminar en muerte. El femicidio, es el resultado extremo del continuo de violencia contra las mujeres, en lo privado o en lo público. Sin embargo, el actual debate parlamentario muestra las resistencias de amplios sectores políticos para comprender y tipificar el delito de femicidio. Basta mirar las indicaciones del Senado al proyecto de ley para darse cuenta que según este estamento hay crímenes de mujeres (femicidios) menos grave, de acuerdo a si estaba casada o convivía con el asesino al momento de ser asesinada. Los otros femicidios, cometidos por ex cónyuges o ex convivientes no califican como tales. Menos aún las mujeres asesinadas por sus novios o pololos, éstas no han llegado a ser consideradas siquiera en el proyecto de ley.

¿Señales confusas o coherentes una vez más con el discurso de protección a la familia por sobre los derechos de las mujeres?

Santiago, 17 de agosto de 2010
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* Coordinadoras Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual