A Jacqueline Van Rysselberghe nadie la tocó mientras fue alcaldesa. Según algunos concejales, ella se encargaba de hacer que cada fiscalización no se realizara. Sin embargo, su imperio poco a poco ha ido cayendo. A la denuncia hecha por el senador Navarro en el verano, y que casi le cuesta la Intendencia, ahora se suman una serie de investigaciones que la Contraloría Regional lleva a cabo en el municipio por pago excesivo de horas extras, déficit municipal y asignaciones de departamentos a gente de su círculo. Muchos apuestan que ahora sí caerá.

Foto: Alejandro Olivares

Ahora es la Contraloría Regional la que amenaza con convertirse en un peligro para la polémica intendenta de Concepción, la UDI Jacqueline Van Rysselberghe. Una serie de denuncias de sus tiempos de alcaldesa de la ciudad prometen ser noticia y sumarse al escándalo veraniego que la tuvo por las cuerdas, a raíz de las denuncias del senador Navarro. Esta vez, la polémica no será entre gobierno y oposición, porque los propios partidos de la Alianza están divididos.

El 10 de noviembre del año pasado, la Contraloría interna de la municipalidad de Concepción le envió al alcalde Patricio Kuhn (UDI) la auditoria sobre procedimientos administrativos y pagos de horas extras que tres meses antes había iniciado. Las conclusiones fueron tan malas que la Contraloría Regional asumió el caso, se instaló en la municipalidad y se espera que prontamente se pronuncie sobre esta irregularidad.

El informe de noviembre concluyó que los pagos en horas extras fueron excesivos. Entre los meses auditados -octubre de 2009 a junio de 2010- se detectó que se canceló un total de $62 millones, por “trabajos extras que habría realizado el personal directivo que no fueron ordenados ni autorizados por la ex alcaldesa”.

El caso más sobresaliente es el de María Cecilia Jaque, ex administradora municipal, que cobró más de $14 millones en horas extras en dicho período y que sólo en marzo de 2010 se pagó de $4 millones en ese item. Dato curioso: todas sus horas extras fueron autorizadas por Juan González, un funcionario de menor rango que ella. Según las copias del libro de control de asistencia, María Cecilia Jaque entre octubre y diciembre de 2009 trabajó de lunes a sábado.

Los registros indican que la mayoría de los días entraba a las 8:00 y se retiraba cerca de las 22:00. Sin embargo, desde enero hasta marzo, según el libro, trabajó de lunes a lunes con la misma hora de entrada y de salida. Otro dato curioso: el día del terremoto, el 27 de febrero, aparece marcando su entrada a las 8:20 de la mañana, sin embargo, según funcionarios municipales, ese día nadie entró al edificio.

Otro caso es el de Juan Garrido Lizana, ex director de planificación, que ganó $10 millones en horas extras en nueve meses. Ambos ex funcionarios trabajan hoy con la intendenta en el gobierno regional. La primera como jefa de la división de análisis y gestión y el segundo como jefe de la división de administración y finanzas.

REGALANDO CASAS

Hace un mes la Contraloría Regional regresó a la municipalidad de Concepción. Esta vez, y por insistencia de la concejala DC Alejandra Smith, investiga la asignación de subsidios de viviendas sociales que debían ser entregados a las familias que en el invierno de 2005 y 2006 perdieron sus casas por las inundaciones. En el 2009 esos departamentos, construidos a diez cuadras del centro de la ciudad, fueron entregados. El problema es que, según Alejandra Smith, allí no sólo se fueron a vivir las familias perjudicadas por las inundaciones, sino que también funcionarios municipales, familiares de funcionarios municipales y gente de otros sectores.

“Los fondos extraordinarios enviados desde Santiago llegaron a través del Serviu y esa plata se repartió por comuna de acuerdo al porcentaje de damnificados que dejaron los inviernos. El beneficio era sólo para los damnificados, pero como esto se gestionó a través de la EGIS (Entidades de Gestión Inmobiliaria y Social) municipal entró otra gente”, cuenta la concejala Alejandra Smith.

La denuncia agrega que entre los beneficiarios hay esposas, esposos y parejas de funcionarios municipales como jardineros, secretarias, auxiliares y choferes; y también familias que provienen de otros sectores que no fueron afectados, como personas que según la ficha de protección social fijan domicilio en las comunas de Trehuaco, Chiguayante y Coelemu, como el caso de la nana de un asesor de urbanismo de la municipalidad que recibió uno de los departamentos, según denuncian los opositores a la intendenta.

“Claramente acá hubo una intención política para beneficiar a la gente que maneja la actual intendenta. Ese es el sistema de operación que tiene territorialmente la ex alcaldesa, aprovechando todos los recursos sociales que otorga el municipio. Si a una persona le dan un departamento, que no tiene la posibilidad de obtenerlo por otra vía, la gente la va a defender y va a tener una incondicionalidad ¿Cómo se entiende que fueron beneficiados y ni siquiera fueron parte de los damnificados? Obviamente hay una intención de favorecer a su gente a través de estos beneficios del gobierno”, denuncia la concejal Smith.

Y agrega: “mucha gente del sector de Aníbal Pinto me ha dicho que hay mucho vehículo municipal que llega por allá y que en el 2009, durante la campaña parlamentaria, tenían plagado de banderas de Enrique Van Rysselberghe, el hermano de la alcaldesa que era candidato a diputado”.

DÉFICIT

Para el concejal UDI Patricio Lynch, estas actitudes clientelistas son las que han hecho que el municipio hoy se encuentre en números rojos. No lo dice por antojo, sino que fundamentado en la auditoría que la Contraloría entregó el 8 de febrero y en la que se determinó que la municipalidad tiene un déficit presupuestario de $3.074 millones que se ha ido agrandando desde el 2005.

“Este hoyo financiero se generó porque desde el 2005 se venía sobrestimando los ingresos. Al mismo tiempo se subestimaron los gastos y eso hizo aumentar la brecha. Esa plata se gastó en transferencias sociales, como canastas y eso es lo que tiene que comprobar la Contraloría”, denuncia Lynch.

Además, según el informe de la Contraloría, existen depósitos y giros de cheques que no se encuentran registrados en la contabilidad.

“La Contraloría estableció además que hay depósitos del orden de $1.623 millones que no se encuentran registrados en la contabilidad del municipio. Todavía más, aparecen giros de cheques por $157 millones no registrados contablemente”, denuncia el concejal UDI.

Hoy, la Contraloría realiza un sumario administrativo para determinar responsabilidades. Para Lynch, la actual intendenta simplemente les mintió: “Cuando planteamos este déficit presupuestario, la alcaldesa siempre me aseguró que los presupuestos estaban financiados, que no había déficit. Pero lo que dice fiscalía es que la municipalidad formuló y aprobó presupuestos deficitarios desde el 2005. Eso significa que la alcaldesa nunca le dijo la verdad a los concejales y las deudas eran chuteadas para adelante. Por eso hoy hay muchos proveedores que no quieren trabajar con la municipalidad, porque se les debe mucha plata”.

TRAJE A LA MEDIDA

Si bien la madeja en la municipalidad de Concepción recién comienza a desenredarse, muchos funcionarios -y los concejales- han sacado sus propias conclusiones de por qué esto no se supo antes. Dicen que la punta del hilo está en el poder y las redes que logró conformar Van Rysselberghe en sus 10 años como alcaldesa.

Según dice un político de la Alianza, desde ese sillón la actual intendenta se encargó de no dejar nada al azar y se preocupó de que las fiscalizaciones que realmente importaban nunca se hicieran. El modo de operar -dice- era modificar a comienzos de cada año los programas de auditorías del municipio: “el director de control, Carlos Sanhueza, le mandaba por mano el programa y ella le tarjaba lo que no quería que se auditara”.

Como esto se hacía por mano, quedaban pocas pruebas. Sin embargo, en las respuestas del director de control quedaban registradas las modificaciones: “Adjunto remito a Ud. Programa de Auditoría año 2009 debidamente modificado, de acuerdo a sus instrucciones indicadas en el documento”, dice una minuta enviada el 13 de enero de 2009 por Carlos Sanhueza.

Ese año no se auditaron, entre otras cosas, los exámenes de gastos, los contratos de barridos y limpieza de la calles, el uso telefónico y celular y los procedimientos de horas extraordinarias.

Según los papeles de los años anteriores, siempre se objetaban los mismos ítems. El 5 de abril de 2010 es el único registro que hay de cómo se modificaban las auditorías. La petición no fue de Van Rysselberghe, que a esa altura ejercía como intendenta, sino que de María Cecilia Jaque -la misma de las horas extras y que hoy es jefa de la división de análisis y gestión regional- que en su rol de alcaldesa subrogante le escribió a Sanhueza: “En relación al documento antecedente, medio por el cual la dirección de control remitió Programa de Auditoría para el 2010, comunico a usted los alcances del programa propuesto. Por consiguiente, agradeceré a usted reformular el programa en cuestión considerando el cronograma de auditoría adjunto”.

Observa el documento de la Contraloría interna del municipio penquista.