Este lunes, la ex senadora y actual ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, informó que el gobierno retiró de la tramitación parlamentaria la llamada “Ley Monsanto”, la que buscaba que Chile adhiriera al convenio UPOV 91 para así regular “el registro y los derechos del obtentor vegetal” inscribiendo estas en el Servicio Agrícola y Ganadero.

La baja de este proyecto, logrado tras un acuerdo con la oposición y el apoyo del grupo parlamentario perteneciente al oficialismo, generó diversas repercusiones dentro del país.

“Hoy día se han tomado varias decisiones, entre ellas el retiro de la Ley de Obtentores Vegetales del trámite legislativo, para hacer un análisis que recoja todo lo que se ha conocido en nuestro país e internacionalmente en esta materia, y que resguarde los derechos de las comunidades agrícolas, los pequeños y medianos agricultores, el patrimonio de las semillas en nuestro país”, dijo Rincón.

Para el senador del Partido por la Democracia Guido Girardi, quien estaba en La Moneda al momento del anuncio, esta ley era “un atentado a la soberanía nacional y un atentado a la biodiversidad”. Aún así, el proyecto podría volver a ser discutido una vez que el debate sea más profundo.

Jaime Quintana (PPD), quien también oficia como vocero de la Nueva Mayoría, agregó que “muchos de los (proyectos) enviados por el gobierno anterior no guardan ninguna relación con las reformas estructurales y esta nueva agenda de transformaciones de la Nueva Mayoría”, aún cuando el ingreso de esta ley data del año 2009, es decir, durante el primer periodo de Michelle Bachelet.

Por su parte, Monsanto Chile, subsidiaria de la multinacional que da nombre a la ley, aseguró que esta solo trata de una “estrategia mediática carente de bases técnicas” para ligar una impopular medida con su nombre.

El gerente general de Monsanto Chile, José Ignacio Salazar, aseguró que “el UPOV 91, aprobado en general por el Senado en 2011, es la actualización de una ley vigente en Chile desde 1994, es decir, 11 años antes de que iniciáramos nuestras operaciones en el país, y es por ello que no entendemos la insistencia en denominar “Monsanto” al proyecto actualmente en trámite”.

Además aprovechó de decir que esta ley no perjudicaría a los pequeños agricultores ni a aquellos agricultores que no deseen utilizar variedades comercialmente disponibles, teniendo solo como fin el “catastrar y aumentar la capacidad de resguardo de todas las variedades de semillas autóctonas y recursos genéticos vegetales con que cuenta el país”.