El vergonzoso prontuario legislativo de la UDI: La férrea defensa de la discriminación entre hijos legítimos y “huachos”

*Foto referencial Agencia Uno.

“Este es un acto de reparación para todos los que debieron cargar con la postergación y la segregación”, aseveró en octubre de 1998 el entonces Presidente Eduardo Frei al promulgar la ley que puso fin a la división -consagrada en la partida de nacimiento-, entre los hijos nacidos en el matrimonio, los “naturales” (reconocidos por el padre) y los ilegítimos. En pocas palabras, Chile se dividía legalmente entre los niños “bien concebidos” y los “huachos”.

La discriminación, amparada en el código civil, establecía, por ejemplo, que un hijo natural, en caso de muerte de su padre, sólo podía heredar la mitad de lo que recibía el legítimo, y el ilegítimo, que no contaba con herramientas para probar su vínculo sanguíneo, no tenía derecho a nada.

El 10 de agosto de 1993, en una época en que más del 40% de las personas nacían fueran del matrimonio, Patricio Aylwin inició el camino para cambiar la diferenciación por cuna y a pesar de que hoy no se cuestiona el sentido común de esta propuesta, el proyecto fue discutido por cinco años en el Congreso debido a la férrea oposición de la derecha que consideraba que este paso, en palabras del senador UDI Hernán Larraín -que en la época ya ocupaba el mismo cargo-, implicaba llevar al país “hacia un descalabro social mayor” al “desnaturalizar la institución familiar”.

Estos son los argumentos con los que hace sólo 16 años la UDI, parte de RN y Pinochet -en ese entonces senador vitalicio- defendían a rajatabla la selección por nacimiento de los chilenos.

EL PROYECTO

En los primeros años del retorno a la democracia, Aylwin comenzó la lucha para corregir la diferenciación que quedaba estampada en los certificados de nacimiento respecto del origen -matrimonial o no- de los niños nacidos en el país. Lo hizo con todos los votos de la Concertación y parte de RN. La UDI se opuso tenazmente.

“Le parece al Gobierno que el régimen de filiación actual es profundamente discriminatorio, en la medida que clasifica a los hijos en legítimos e ilegítimos, según si han nacido dentro o fuera del matrimonio, estableciendo marcadas diferencias de trato para una categoría y otra. Tales discriminaciones serían, además, contrarias a los principios contenidos en las diversas Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos de las que Chile es parte, que regulan los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, respecto de los cuales existe el deber de los órganos del Estado de respetar y promover”, rezaba la presentación de la iniciativa que derivó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara.

Le parece al Gobierno que el régimen de filiación actual es profundamente discriminatorio, en la medida que clasifica a los hijos en legítimos e ilegítimos, según si han nacido dentro o fuera del matrimonio”. Mensaje de Patricio Aylwin.

Si bien la Comisión apoyó, en su mayoría, la idea de legislar, consignó en su primer informe diversas opiniones. Las Iglesias Evangélicas de Valparaíso, por ejemplo, plantearon que “hay que tener cuidado al momento de abrir puertas que pueden traer la liberalización de las costumbres y del sistema familiar, pues se falta el respeto al matrimonio y a la familia (..) Se permitiría llevar una vida licenciosa tanto al hombre como a la mujer, fuera del matrimonio, lo que es más grave en el caso de la mujer, que es la que da la vida” y se declararon a favor de “establecer mayores sanciones” a quienes no estando casados engendraban niños.

Unido a otras iniciativas y en la perspectiva de la cultura en que hoy nos desenvolvemos, contribuye a ir debilitando el concepto de familia, el de matrimonio. Los va confundiendo”. Andrés Chadwick, ex diputado, ex senador y ex ministro de Interior de la UDI.

Al contrario, el padre Tony Mifsud, quien concurrió en representación de la Conferencia Episcopal de Chile, aseveró que “sin desconocer el efecto secundario, indirecto y no deseado, de equiparar la procreación dentro y fuera de la institución matrimonial, que a la vez puede debilitarla, no es menos cierto que la supresión de la diferencia (entre hijos) es éticamente superior”.
Y aunque la Iglesia Católica dio el visto bueno, la derecha dura no cedió.

La legitimidad de los hijos se produce por haber sido concebidos dentro del matrimonio de sus padres; es decir, la causa eficiente de la legitimidad la da el matrimonio que genera la familia”. Carlos Bombal, ex diputado y ex senador UDI.

En la discusión general de la iniciativa, el 15 de septiembre de 1994, el diputado RN, Alberto Cardemil (quien hasta el año pasado siguió en el mismo cargo) adujo que “en efecto, la Constitución Política asegura a todas las personas la igualdad ante la ley; pero tal garantía supone que los sujetos destinatarios de tales derechos se encuentren bajo el mismo supuesto normativo (…) El caso de los hijos legítimos y de aquellos que no lo son, se encuentran bajo supuestos normativos distintos, ya que los primeros han sido concebidos durante el matrimonio válido de sus padres y los segundos no. En consecuencia, entre uno y otro existe una diferencia que se basa en un hecho racional que resulta ser el matrimonio válido de sus padres”.

Luego el ex subsecretario de la dictadura agregó, en la sesión del 22 de noviembre que “las diferencias que establece el Derecho Civil entre los hijos de la familia y los que no lo son no es arbitrario”.

El caso de los hijos legítimos y de aquellos que no lo son, se encuentran bajo supuestos normativos distintos, ya que los primeros han sido concebidos durante el matrimonio válido de sus padres y los segundos no. En consecuencia, entre uno y otro existe una diferencia”. Alberto Cardemil, ex diputado RN.

El ex senador UDI Carlos Bombal, argumentó que entre los seres humanos existe un estatus distinto dependiendo de la relación entre los padres. “El matrimonio putativo es una institución que, como muchas, proviene de la legislación canónica y que pasó a la civil. A nuestro juicio, es una manera clara de que la legitimidad de los hijos se produce por haber sido concebidos dentro del matrimonio de sus padres; es decir, la causa eficiente de la legitimidad la da el matrimonio que genera la familia”.

Con estos antecedentes, la propuesta llegó al Senado en 1996.

Ahí el senador Miguel Otero -el mismo que apela a las falencias intelectuales de los hijos de padres separados- votó a favor de la iniciativa y apuntó a que estaba de acuerdo en terminar con la nominación de legítimo e ilegítimo, pero no con entregar los mismos derechos de herencia. Citó al respecto una carta del obispo Jorge Medina que planteó “serias dudas acerca de si un hijo nacido fuera de matrimonio debe ser equiparado con los que nacieron dentro del matrimonio en materia de herencia. Puede darse el caso de que el nacido fuera del matrimonio sea de tierna edad al momento de morir el padre. En este caso se plantearía una especie de derecho de alimentos post mortem. Pero fuera de este caso, no me parece aceptable que el hijo de una aventura adulterina tenga derechos iguales a los hijos legítimos en materia de herencia”.

El senador gremialista, Hernán Larraín, en tanto, manifestó que “la igualdad natural entre las personas no es obstáculo para que, respecto de determinadas materias, tengan un trato diferenciado o distinto, como ocurre en las relaciones de familia” y dijo que “no responde a un criterio realista intentar que la ley iguale aspectos de la relación humana que la naturaleza ha hecho diferente”.

Estos fundamentos, concluyó, “justifican la inconveniencia de eliminar la diferencia entre los hijos que nacen fuera del matrimonio de sus padres y aquellos que nacen en él, lo que no implica, sin embargo, abandonar el estudio de una regulación adecuada que mejore a estos últimos el ejercicio de sus derechos”.

No responde a un criterio realista intentar que la ley iguale aspectos de la relación humana que la naturaleza ha hecho diferente”. Hernán Larraín, senador UDI.

En marzo de 1997, agregó que “es necesario disponer reglas diferentes para los cónyuges y para los que sólo conviven sin casarse, y también reglas para los padres, que no son las mismas de los hijos. Nadie puede decir que con ello la ley está vulnerando el derecho a la igualdad de trato jurídico, ya que estas distinciones y diferencias de ningún modo son arbitrarias o injustas, sino fundadas en la realidad y razonables para la mejor conformación de la institución familiar”.

Toda los datos aportados por Larraín apuntaron a que la distinción entre hijos legítimos y los “huachos” debía mantenerse. “Cuando entran en colisión derechos de hijos o descendientes surgidos del seno de esa familia, formada consciente y regularmente, con los de hijos o descendientes nacidos de relaciones no formalizadas jurídicamente, el legislador se ve ante una alternativa insoslayable, que no admite términos medios: o protege y ampara la relación constituida en forma legal y favorece los derechos de esa comunidad familiar, o, sencillamente, la ignora y considera que ella carece de suficiente entidad jurídica como para efectuar una distinción razonable de derechos entre los que forman parte de la misma y quienes le son ajenos”, aseveró.

En la misma línea sostuvo que, “éste es el grave peligro que se cierne cuando se propone legislar haciendo tabla rasa de las distinciones entre las posiciones jurídicas de los hijos. Si no se hacen diferencias, es porque el sistema jurídico, como tal, desconocerá la virtualidad jurídica de la institución matrimonial”.

Otras de sus joyitas es esta: “Se ha dicho que las altas tasas de ilegitimidad vigentes en nuestra sociedad, que superarían el tercio de los nacimientos anuales, justifican el propiciar una legislación igualitarista, ya que la normativa anterior habría probado su fracaso en propender a que los niños nazcan dentro de matrimonio. En realidad, el raciocinio debiera ser el inverso: si con una legislación en que se favorece marcadamente la constitución regular de la familia por medio de la unión matrimonial de los progenitores se ha llegado a estas cifras de ilegitimidad, ¿cuán catastróficos podrán ser los efectos de una regulación que suprime casi por completo la relevancia y el “favor iuris” del matrimonio?”.

Las opiniones de Larraín representaban cabalmente a la UDI ya que era la voz de este partido en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.

Este es el grave peligro que se cierne cuando se propone legislar haciendo tabla rasa de las distinciones entre las posiciones jurídicas de los hijos. Si no se hacen diferencias, es porque el sistema jurídico, como tal, desconocerá la virtualidad jurídica de la institución matrimonial”. Hernán Larraín.

El ex presidente Sebastián Piñera, en ese entonces senador, fue uno de los pocos legisladores de la derecha que puso cordura en el debate. “Comparto un principio básico, cual es buscar, dentro de lo posible, la mayor igualdad entre los niños, independientemente del origen de su nacimiento; es decir, basándose en el principio de igualdad ante la ley”, dijo. Postuló también que “nunca serán iguales los hijos nacidos dentro del matrimonio y los que nacen fuera de él, por mucho que la legislación busque igualarlos. Pero la ley si puede, por lo menos, atenuar, en la medida de lo posible, las diferencias que se generan en materias objetivas, como las que precisamente la iniciativa en estudio pretende abordar”.

Los designados de la época también se negaron a la igualdad ante la ley. El general (R) Santiago Sinclair, quien debió enfrentar procesamientos por crímenes en la dictadura, sostuvo que “el proyecto equivoca el rumbo cuando pretende aplicar de manera irrestricta una igualdad formal para los estatutos familiares de los hijos. Con ello, el matrimonio habrá perdido su significado como elemento constitutivo jurídico de la familia”.

Dijo que “una cosa es tratar de mejorar los derechos de los hijos ilegítimos, pero otra muy distinta es pretender que para la ley dé lo mismo que un niño nazca en un matrimonio formalizado como de una relación extra conyugal”.

En mayo de 1998, Bombal ya no era diputado, sino senador, y en esta calidad intervino en el debate. Aseveró que “mientras seguimos diciendo que el matrimonio no es vinculante como elemento clave para la fundación de una familia, estamos dando cada día más señales que propician el aumento de los embarazos juveniles y el crecimiento de la pobreza en nuestro país. Ello, porque los niños nacidos sin unidad de los padres generan pobreza en la mujer y en los hijos. Y no porque la ley lo disponga, un hijo nacido fuera del matrimonio dejará de ser desigual respecto de otro que cuenta con padre y madre reconocidos en el orden social”.

El ex senador Novoa, hoy a cargo de la Fundación Jaime Guzmán, afirmó que “si la definición inicial que tomamos en la ley es que no existe ninguna diferenciación, probablemente será imposible resguardar en forma debida los derechos que afecten a una familia constituida en torno al matrimonio. Si, por el contrario, aceptamos la diferenciación entre hijos matrimoniales y no matrimoniales, lo único que haremos será reconocer un hecho, una realidad”.

“Considero que aceptar el que existen hijos matrimoniales e hijos no matrimoniales solamente es reconocer una realidad. Cuando la ley trata de alterar como son las cosas, se producen consecuencias jurídicas y dificultades de interpretación”, adujo.

Aceptar el que existen hijos matrimoniales e hijos no matrimoniales solamente es reconocer una realidad. Cuando la ley trata de alterar como son las cosas, se producen consecuencias jurídicas y dificultades de interpretación”. Jovino Novoa, ex senador UDI.

En agosto de 1998, intervino el fallecido dictador Augusto Pinochet. Dijo que “eliminar la distinción entre hijos legítimos e hijos ilegítimos, sin ningún tipo de resguardos que eviten perjuicios a la institución del matrimonio, se termina por causar un grave daño a este núcleo fundamental de la sociedad. De aprobarse el proyecto en los términos actuales, se estará dando una muy mala señal a la sociedad, en el sentido de que ¡da lo mismo procrear dentro del matrimonio que fuera de él!”.

Eliminar la distinción entre hijos legítimos e hijos ilegítimos, sin ningún tipo de resguardos que eviten perjuicios a la institución del matrimonio, se termina por causar un grave daño a este núcleo fundamental de la sociedad”. Augusto Pinochet, dictador y ex senador.

En la misma fecha, Andrés Chadwick, ex ministro de Interior de Piñera, se sumó a la discusión. “No se trata de que el proyecto, en sí mismo, destruye la familia, porque sería una exageración plantear el asunto en esos términos. El punto radica en que, unido a otras iniciativas y en la perspectiva de la cultura en que hoy nos desenvolvemos, contribuye a ir debilitando el concepto de familia, el de matrimonio. Los va confundiendo. Ya no es claro quiénes son los integrantes de esas instituciones, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus deberes, desde el momento en que otros que no pertenecen a ellas pasan a asumir iguales responsabilidades o pueden acceder a iguales derechos”.

Con todo, la ley fue aprobada y todos los niños chilenos pasaron a ser igual ante la ley. Y el mundo no se acabó, como pronosticó la UDI.

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