El debate que viene en Educación Superior: Gobierno estudia crear comisión externa para definir arancel de referencia y agregaría fondo para Investigación y Extensión

Es la tercera y más compleja condición que deberán cumplir las universidades para recibir aportes estatales que aseguren gratuidad. El arancel de referencia, el monto total que definirá el Ministerio de Educación para cada carrera, es el último quebradero de cabeza de la administración de Nicolás Eyzaguirre en esa cartera.

Con índices del Consejo Nacional de Educación (Cned) que muestran diferencias de hasta cuatro veces entre una universidad y otra en la misma carrera, el Estado se abocó a regular uno de los flancos más complejos que tiene hoy el sistema de educación superior.

Un debate que ya comenzó con algunos rectores del Cruch y que se está sondeando desde el Gobierno con una propuesta que contaría con el apoyo de las dos universidades más importantes del país, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eso sí: siempre y cuando venga junto a un Fondo de recursos al que puedan apelar las universidades para Investigación y Extensión.

Arancel para gratuidad

Fue el ministro Eyzaguirre el que enumeró, ante más de 500 apoderados en un foro realizado en la Universidad de Talca, el 8 de agosto pasado. “Habrá gratuidad siempre y cuando las universidades sean debidamente acreditadas, cubran el arancel fijado por el Ministerio de Educación y sean inclusivas teniendo al menos un 20% de la matrícula de los dos primeros quintiles”, dijo Eyzaguirre en esa oportunidad.

Si bien estos términos ya habían sido enumerados por el titular del Mineduc, fue en esta oportunidad cuando comenzó a abrirse un debate respecto a la conformación de los aranceles de referencia que fijará el Estado y por los cuales las universidades recibirán el dinero para asegurar gratuidad.

Según fuentes de gobierno, el Mineduc ha propuesto inicialmente un modelo que incluiría la constitución de una comisión autónoma que determine el monto de los aranceles para cada carrera y que será el único que las instituciones podrán recibir, sin agregar cobros extras a las familias, además de un conjunto de recursos para ocupar en lo que no corresponda a docencia.

La propuesta está a cargo del Jefe de la División de Educación Superior, Francisco Martínez, la que ya habría sido compartida con algunos rectores del Cruch, específicamente con los de las dos universidades más importantes del país.

Desde el Ejecutivo aseguran que ése será un duro escollo para concretar la promesa de gratuidad, que al fin de este período llegará al 70% y que quedará estipulado por ley -según dijo el propio Eyzaguirre- para llegar al 100% durante el próximo gobierno.

Esto porque un estudio recientemente publicado por el CNED entregó detalles de las diferencias de precio entre carreras, dependiendo de la universidad que la imparte. Es el caso de Ingeniería Comercial, que en la Universidad Arturo Prat tiene un arancel de $1.159.000, mientras que en la Universidad del Desarrollo cuesta $5.065.000.

Lo mismo ocurre en Odontología, la más cara, tiene un arancel de $6.625.000 en la Universidad del Desarrollo y en la Universidad Arturo Prat cuesta $3.114.000, mientras que Periodismo cuesta $4.177.000 en la Pontificia Universidad Católica y en la Universidad Bernardo O’Higgins llega a $1.892.000.

Rectores apuntan a oferta de carreras y cuotas

Los rectores, aunque dicen no haber recibido ninguna propuesta formal del Gobierno, aprueban la idea de una regulación del sistema universitario y la corrección de los vicios que ha generado el mercado en educación superior.

Según el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, lo que hay “es una voluntad nuestra de congelar aranceles y hay una enorme felicidad de que vayamos a una política de que no se sigan cobrando aranceles en las universidades, por lo menos las públicas. Estamos muy de acuerdo con la gratuidad. Es una contradicción de términos que las universidades estatales cobren a sus estudiantes, eso no te lo entiende nadie en el mundo”.

A lo anterior se suma el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, quien si bien no hay un documento del Mineduc, si han existido algunos anuncios genéricos de una nueva estructura de financiamiento para la educación superior.

“Yo creo que hace bien el gobierno en proponerse un cambio en la estructura de financiamiento. Entre otras razones, porque los costos en educación superior no necesariamente están reflejados por los precios que se fijan por las universidades. En Chile todo sabemos que los precios no necesariamente se fijan en atención a los costos. Y por lo mismo, desagregar lo que significa financiamiento de la investigación, de la vinculación con el medio de la universidades y del financiamiento de la docencia, pasa porque efectivamente se pare y se desagregue unos y otros costos”, dice Valle.

El también presidente del Consorcio de Universidades Estatales de Chile (Cuech) dice que hoy día el país “tiene en una cierta oferta privada unos aranceles que no se justifican desde nuestro punto de vista si uno mira los costos de la docencia, incluso si uno mira los indicadores de la calidad. Usted puede ver que hay universidades que cobran muy caro, pero que a la hora de mostrar indicadores de productividad científica, uno no los ve por ninguna parte. Y que sin embargo la gente toma decisiones, en función de factores no necesariamente académicos. Por lo mismo, yo comparto que se avance en una nueva estructura de financiamiento, pero siempre pediremos que ese avance sea sobre la base del diálogo y de la participación, porque aquí tampoco puede haber decisión puramente burocrática”.

Sin embargo, ambos académicos señalan que esto debe ir íntimamente ligado a una regulación de oferta de carreras y cuotas, quizás el debate más complicado que tendrá que llevar adelante el Gobierno, aseguran desde el gobierno.

Según Vivaldi “hay que regular que existan carreras que no tengan ningún mercado ocupacional o que se creen carreras que no están en condiciones de preparar profesionales idóneos o que se inventen carreras casi como un engatusamiento, como ha ocurrido. Entonces, bueno, yo creo que es totalmente compatible que universidades privadas, como lo hay en todas partes del mundo, creen carreras. Pero esta historia del todo vale y el sistema sin ninguna regulación sencillamente no te lo cree nadie. Aquí, uno de los temas es que se llegó a exageraciones inéditas y que hoy día es el momento de repensar una propuesta que corrija estos despropósitos”.

En la misma línea, Valle dice que que es muy difícil querer fijar la oferta desde algún órgano del Estado, es decir burocráticamente. “Sin embargo, creo que el Estado debe contribuir a la mayor transparencia en la información que permita que las personas también tomen buenas decisiones. El Estado debe, por ejemplo, establecer un sistema de acreditación que sea obligatorio y en el que efectivamente la certificación sea el ejercicio de una potestad pública y no la consecuencia de un contrato de prestación de servicios porque inmediatamente allí se pierde el carácter de una certificación pública para transformarse en una asesoría o en un acto de publicidad en favor de una determinada institución”, dice.

El presidente de las universidades estatales dice que se debe avanzar en principios de orden público “porque finalmente los jóvenes no pueden estar expuestos a la audacia o el artificio de buenos comerciantes, tratándose de la educación en general. No puede ser que la gratuidad venga simplemente a consolidar el mercado en la educación”.

Estudiantes piden ampliar matrícula pública

Por su parte, los estudiantes dicen que primero debe haber un sistema de financiamiento que termine con el financiamiento a la demanda y sea directo a la oferta -no más voucher y financiamiento directo a las instituciones- y en segundo lugar, formas de financiamiento que permitan la ampliación de la matrícula del sistema público, de forma que podamos ir transitando a un sistema educacional con un fuerte componente de matrícula pública y vaya disminuyendo la privada.

“Nosotros nos hemos acostumbrado a un sistema de subsidios cruzados, donde los estudiantes con su arancel financian no sólo la docencia sino que también actividades de investigación, que son muy importantes para el país pero no existe una explicación racional para que esto recaiga sobre las familias de los estudiantes y de eso el Estado debiese hacerse cargo porque es un bien colectivo importante para el país. Ahí también las universidades públicas debieran cumplir una función primordial”, dice Sebastián Aylwin, vicepresidente de la Fech.

Según el dirigente el mercado termina produciendo efectos irracionales sin ningún control sobre la necesidad que la sociedad tiene de ciertos profesionales, respecto de que efectivamente se termina produciendo al interior los planteles.

“Una orientación más racional es aquella a través de la matrícula pública donde el Estado, el país democráticamente decide orientaciones generales que se van implementando en un modelo de educación superior. Nosotros creemos que eso es algo que pone el interés en el país y no en intereses particulares de determinados agentes del mercado educativo”, dice.

Finalmente, el dirigente de la Izquierda Autónoma dice que “la idea de que la culpa de que el mercado no funcione bien es de las familias o los estudiantes que no se informaron bien a la hora de elegir es absolutamente absurda y termina dando la razón de que el mercado no puede orientar la educación. Esto tiene que ver con qué sistema de desarrollo vamos a elegir como país. ¿Queremos potenciar determinadas energías limpias o vamos a continuar con esta matriz altamente contaminante? Son decisiones que exceden a una universidad específica o las decisiones que una familia toma cuando sus hijos van a elegir una carrera”.

Desde 2006 el arancel de referencia para universidades acreditadas es calculado por el Mineduc e incluye indicadores académicos como la calificación de los docentes de la universidad y la exposición de los estudiantes a docentes altamente calificados; la productividad científica de los académicos; el nº de publicaciones ISI y Scielo; e indicadores ligados a eficiencia docente como la tasa de titulación oportuna, el promedio de titulados de pregrado y la tasa de retención en primer año.

Este año, justamente, rectores y el Mineduc saliente (de la administración Piñera) tuvieron una disputa por el ingreso de una nueva variable. El sistema cambió dejando un 95% para la estimación antigua e ingresó con una valoración de 5% una fórmula de ponderación de empleabilidad y sueldo promedio del cuarto año de egreso.

La noticia no fue bien recibida por el Cruch, que entonces se manifestó en desacuerdo con la medida, considerando que esto introducía variables de mercado al cálculo de las carreras. Sin duda, un tema complejo que será parte del debate de educación superior durante este segundo semestre.