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Uno de los nombres del oficialismo que circuló en medio de los rumores cuando se abrió la arista política del caso Pentagate fue el del actual Ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga. Tal como lo publicó este medio en semanas anteriores, la identidad del secretario de Estado democratacristiano se había mezclado con el resto de políticos UDI que habrían recibido aportes irregulares para sus campañas políticas. Undurraga calzaba con las informaciones debido a que había sido candidato en las últimas elecciones senatoriales compitiendo por el cupo de Santiago Poniente, donde finalmente fue derrotado por el PPD Guido Girardi.

Pese a que su nombre y el de otros dos miembros de su partido, senadores en ejercicio, habían quedado despejados de la lista de posibles involucrados, según pudo constatar The Clinic Online, en la UDI distintos dirigentes afirmaron a este diario que lo de Undurraga era cosa de tiempo, incluso “de semanas”, anunciaron, junto con mencionar depósitos, boletas y facturas que estaban dando vueltas por ahí.

La información obtenida por este diario apunta a servicios prestados a Penta por la Fundación Ciudad Justa, que fue la institución que Undurraga fundó en 2012 luego de dejar de ser alcalde de la Municipalidad de Maipú durante dos periodos. Fuentes consultadas de la Democracia Cristiana, explicaron que los servicios efectivamente existieron, pero que se realizaron en febrero de 2014, un mes después de que el ex edil había renunciado a la presidencia de dicha Fundación debido a que ya había sido nombrado en su cargo por Bachelet.

Según la información que maneja el partido, la Fundación le vendió un estudio a Penta sobre distribución de empresas por comunas en la Región Metropolitana por cuatro millones de pesos. Agregan que Undurraga cuenta con la documentación necesaria para demostrar cómo se hizo el estudio, en qué condiciones, cómo se facturó y, además, las fechas en las que se suscribió el trabajo. “Él tiene además un documento ante notario del día en que renunció a la Fundación, que fue en enero de este año (2014) y en fechas que no coinciden con elecciones de ningún tipo”, explican.

El nombre de Undurraga se había sumado a la temida lista que supuestamente había entregado Bravo, pero sólo a nivel de rumor. De hecho, cuando el secretario de Estado fue consultado por este medio el pasado 29 de septiembre, donde negó tajantemente cualquier vinculación de su campaña con las platas de Penta, en su entorno se inició también una revisión de todos los gastos. El arqueo de datos se realizó luego que en su cìrculo se enteraran que la UDI en los pasillos del Congreso y en conversaciones sobre el caso, insistiera que existía información sobre su eventual vinculación en el Pentagate. De hecho, cuando el vocero de La Moneda, Álvaro Elizalde, dijo el lunes pasado que el gobierno no avalaría ningún manto de impunidad sobre el caso, fueron varios en la UDI los que se se preguntaron en privado si acaso se refería a Undurraga.

Consultado por The Clinic Online, el ministro explicó lo siguiente: “No quiero calificar las intención de quién pueda estar detrás de esto, pero claramente hay una mala intención. Porque esto no tiene nada que ver con campañas políticas. Fue febrero del 2014 (la venta de un estudio a Penta), bastante después de las campañas y fue una actividad habitual y permanente que hacía Ciudad Justa, que eran ventas de estudios. Esto además se concretó después de que había renunciado a la fundación, donde fui remplazado”.

Venta de Estudios

De acuerdo a la información que pudo recabar este medio, la Fundación nació de un concepto de “Ciudad Justa” que Undurraga desarrolló mientras era alcade de Maipú. Según publicó la prensa, la fundación generó estudios sobre distribución de áreas verdes en la capital, salas cunas, dotación de carabineros por comuna, diferencias en inversiones en transporte y vialidad, entre otras materias. Además de cruces de datos en resultados en el Simce y la PSU relacionados con la conexión a internet.

En el CV que publica el MOP se indica que Undurraga presidió la Fundación en 2013 y en el currículum del sitio web de Bachelet en campaña fijan la fecha en 2014. La descripción que se hace indica que se trata de una “organización de la sociedad civil que busca contribuir al fin de las desigualdades en el país y promueve el AUGE de la ciudad, con la puesta en marcha de estándares garantizados por habitantes en distintas áreas como Educación, Salud, Vivienda, Transportes, Infraestructura, Seguridad, Servicios, Áreas Verdes y Medio Ambiente”.

En el entorno del secretario de Estado explican que dichos estudios se comercializaban de acuerdo al interés de las empresas. No sólo se hicieron para privados sino que también para municipios, uno de ellos fue La Granja.

Los dineros que generó la Fundación pagaban las oficinas, gastos administrativos y los profesionales que se encaragan del trabajo, aclaran.

La situación de Undurraga abrirá sí o sí un nuevo frente en el caso, que obligará al gobierno a dar explicaciones pese a que luego de la vocería de Elizalde el lunes pasado y las declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, se había decidido no involucrarse en el cruce de declaraciones que se han hecho hasta ahora.