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La mañana del pasado viernes 7 de octubre, los dirigentes de la actual Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, concretaron un trabajo que hace algunos meses comenzaron a moldear junto con el Colectivo de Memoria UC y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).

Ese día, los seis dirigentes que integran la federación, presentaron seis querellas por las desapariciones o ejecuciones de estudiantes de la casa de estudios durante la dictadura de Augusto Pinochet. Un decisión inédita para la casa de estudios, en busca de esclarecer quiénes fueron culpables de la muerte de esos alumnos de la universidad.

“Ellos quieren rescatar la memoria de su institución, de sus compañeros y profesores. También tienen la necesidad, ante los hechos de impunidad que ocurren hoy, de marcar presencia y decir que esta federación realmente quiere investigar los crímenes cometidos contra funcionarios, estudiantes y académicos de la UC en tiempos de dictadura militar”, señaló Alicia Lira, presidenta de la AFEP.

Pero también un gesto político hacia la dirección de la universidad, con quienes se enfrentaron en las semanas anteriores por “poca presencia real” de las autoridades en temas vinculados a Derechos Humanos.

En específico, una polémica al interior de la UC en septiembre de este año, luego de una declaración pública del colectivo y los estudiantes ante el silencio de la rectoría frente al caso del homicidio calificado del profesor de Arquitectura Leopoldo Benítez, la condena de Miguel Krassnoff por su participación en la ejecución del profesor de la Facultad de Letras de la UC Jaime Ossa Galdames y el nulo pronunciamiento luego de la detención y procesamiento en el marco del caso Caravana de la Muerte Episodio La Serena, del exdirector del Centro de Relaciones Internacionales de la PUC y profesor asociado de la Facultad de Derecho, Juan Emilio Cheyre.

De esa forma, no fue casual que los propios dirigentes se hicieran parte de las investigaciones que se encuentran actualmente en proceso de sumario.

LAS VÍCTIMAS

“Estamos avanzando en este tipo de acciones de memoria activa hoy día exigiendo algo que tanta falta le hace a Chile, que es justicia y verdad en torno a las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en dictadura, sobre todo estando en una institución que hoy le debe mucho a su comunidad universitaria que fue vulnerada en sus derechos en estos tiempos de dictadura”, señaló Daniel Gedda, presidente de la federación y hoy querellante en los seis casos.

De ellos, tres son en calidad de detenidos desaparecidos y tres como ejecutados políticos, contando el caso de Jenny del Carmen Barra Rosales, que cambió su figura en el año 2001 cuando algunos fragmentos de sus huesos fueron identificados tras ser descubiertos en un pique de la mina Los Bronces, en la Cuesta Barriga.

Jenny aparecía en las listas de víctimas como detenida desaparecida desde el 17 de octubre de 1977 y hace 15 años se convirtió en la primera DD.DD. identificada por un análisis de ADN nuclear y mitocondrial, según explicó en esa época el exdirector del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos.

Oriunda de San Bernardo, la joven fue parte del Frente de Estudiantes Revolucionarios durante su educación media y luego ingresó a estudiar Enfermería en la Universidad Católica. Fue detenida primero en 1974, pasando por centros de detención y torturas como “Cerro Chena”, “Tejas Verdes”, la Casa Correccional de Mujeres de Santiago y “Tres Álamos”.

Junto a ella, se suma el caso de Ernesto Ríos, un estudiante de Dibujo Técnico del Duoc UC que murió cuando una bala perforó su cráneo el 3 de julio de 1986, teniendo apenas 18 años. El joven participaba en la segunda jornada de protesta nacional convocada por la Asamblea de la Civilidad en una calle de la población La Legua.

Tal como lo señala la querella, el Informe Rettig dice que Ríos fue “víctima de violación a su derecho a la vida cometida por agentes del Estado que hicieron uso excesivo de la fuerza”.

La tercera ejecutada política por la que la Feuc se querelló es Alicia Ríos Crocco, estudiante de Psicología en la Universidad Católica y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que murió la tarde del 12 de diciembre de 1984, en calle San Eugenio, en Ñuñoa.

Ríos tenía 26 años y según lo señala el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal, falleció por múltiples lesiones viscerales y esqueléticas “explicables por acción de elemento explosivo”. Los antecedentes entregados por Carabineros de Chile y la Central Nacional de Informaciones (CNI) sobre Alicia señalaban que supuestamente había muerto al detonar un artefacto explosivo que portaba en una mochila, más una granada casera tipo rocket que también traía consigo pero que no detonó.

Sin embargo, el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile informó que el artefacto explosivo -que no tenía proyectil- estaba bajo el sillín de la bicicleta en la que se transportaba. Su cuerpo quedó reducido sólo a la mitad por la explosión.

Junto a ellos, hay otros tres casos dos de detenidos desaparecidos y uno de ejecutado político. Se trata de Víctor Oliva Troncoso, estudiante de Pedagogía en Castellano en la UC, detenido y torturado por la Fuerza Aérea en 1973, que luego se exilió en Argentina.

Dos años después del golpe en Chile, cuando era estudiante de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca, fue secuestrado y asesinado por la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). Su cuerpo apareció con al menos 35 disparos.

Los últimos dos casos están enmarcados dentro del episodio Paine: Samuel Lazo, estudiante de Primeros Auxilios del Duoc UC, casado y padre de un hijo, militaba en el Partido Socialista y pertenecía al Asentamiento Nuevo Sendero de Buin.

Del total de 22 personas detenidas el 16 de octubre de 1973, se han identificado hasta ahora nueve personas entre los restos encontrados en la quebrada El Arrayán, desde donde se habrían retirado los restos en el año 1978 en la operación Retiro de Televisores, ordenada por Augusto Pinochet y ejecutada por Odlanier Mena. Entre esos nuevo no está Samuel.

El último caso corresponde al estudiante de Filosofía de la Universidad Católica de Chile, detenido por funcionarios de Carabineros de Chile pertenecientes a la Subcomisaria de Paine el día 14 de septiembre de 1973, mientras se encontraba junto con su familia.

Leiva, según señala la querella, apareció en los listados del Estadio Nacional, pero luego fue borrado y hasta hoy no se sabe su paradero.

EL FUTURO

“Presentar querellas hoy, es también una señal súper potente para todos quienes han pretendido instalar los últimos meses una nefasta señal de ir terminando los procesos judiciales. Por el contrario, queda mucho por investigar, y mucho más por hacer justicia”, dice Nicolás Pavéz, abogado de la AFEP que acompañó las querellas.

La agrupación tuvo un rol fundamental en ellas, haciéndose parte junto a los dirigentes estudiantiles en las presentación, realizadas ante la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte de Apelaciones de San Miguel. Y tampoco es la primera acción conjunta, porque la AFEP es querellante en el caso del profesor Leopoldo Benítez, justamente uno de los puntos que la comunidad reclamó en la declaración de septiembre pasado.

La acción, además, no sería la última en esta materia, dado que las víctimas de la dictadura en la UC suman 29, algunos de ellos con títulos póstumos, pero otros no. Precisamente ese es uno de los argumentos esgrimidos por el colectivo de memoria y los dirigentes de la Feuc, quienes ya reclamaron en septiembre pasado porque la entrega de ellos no incluyó a todos los estudiantes ejecutados o hechos desaparecer.

“Esto demuestra que hoy la juventud está por una sociedad sin impunidad, por el rescate de la memoria histórica, de lo que pasó en nuestro país con chilenos, chilenas y extranjeros. Esta es una demostración de dignidad, fuerza y convicción. No le vendría mal a las autoridades de esta universidad sumarse a la exigencia”, dijo Lira.