¿Qué significa para Chile el caso Pacogate?

-El robo refleja muy bien lo que nos ha sucedido como sociedad. El Pacogate es muy similar a lo que pasó con la Ley de Pesca, Soquimich o Penta, y que ocurre, básicamente, por la falta de controles. Pero el problema esencial es que pusimos el dinero y el lucro, y no valores como la solidaridad, como el centro de la sociedad, lo que terminó abriendo la puerta a los desfalcos no sólo en Carabineros, sino que también en la política, empresas coludidas, etcétera.

-En el fondo fue un patrón de sociedad…

Claro, pero es muy icónico lo de Carabineros, porque era una institución que creíamos inmaculada, confiable, por lo menos en el ámbito monetario. Esto demostró que había una gran banda de carabineros, probablemente la banda delictual más exitosa, más masiva y que ha funcionado por más tiempo en la historia de Chile. Estamos hablando de 130 personas en una institución jerárquica, ordenada, que defraudaron 28 mil millones de pesos.

¿Cómo funcionaba la que usted denomina “Mafia de la Intendencia”?

-Es una estructura que operaba en el área de Finanzas y Tesorería de Carabineros, la que se conoce como el área de la Intendencia. Esta mafia tuvo diferentes personas que asumieron el control del fraude, una de ellas es el general Flavio Echeverría, que confesó que había robado 420 millones. Las confesiones siguieron, por ejemplo, con el coronel Nail, que dijo tener 600 millones de pesos en su departamento en el Parque Forestal. Piensa que, a la hora de declarar, algunos llegaron con mochilas con 80 millones de pesos para devolver. Una situación de desmadre bien increíble.

Cuando apenas se descubre la punta del iceberg del fraude en Punta Arenas, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se demoró más de 10 meses en entregar las primeras diligencias sobre el caso. ¿Por qué?

-No hay una explicación razonable. Lo increíble es que esta mafia operara durante más de 10 años y que nadie lo detuviera pese a la enorme cantidad de indicios que hubo en el Banco Estado y en la banca privada. Finalmente, esto se detiene porque una sola persona, Nelson Soto Millanca, un simple ejecutivo bancario del Banco Falabella de Punta Arenas, quien advierte que hay un movimiento sospechoso en la cuenta de un policía, al que se le habían depositado 50 millones de pesos en honorarios. Soto decidió cerrarle la cuenta y reportar la situación.

En el fondo, él sólo cumplió con su función…

-Él sólo hizo lo que tenía que hacer, y esto pese a que lo llamaban de Carabineros y lo presionaban. A partir de eso se produce el primer reporte que tarda 10 meses en ser evacuado por la UAF, pero en ese minuto, esta mafia de la Intendencia se había alertado de la situación y logra hacer la última gran operación de desfalco, en el que sustraen unos 1.200 millones de pesos para tapar los hoyos contables que estaban saliendo.

Esto partió de menos a más ¿por qué cree que las cifras fueron aumentando exponencialmente?

-Simplemente, se dieron cuenta que podían hacerlo, pasamos de desfalcos que aparentemente eran de uno o dos millones a sustracciones de hasta cinco mil millones de pesos que, por ejemplo, pasaron a través de cheques que se habían emitido a unos comerciantes de calle Bandera. Cinco mil millones de pesos, que es lo que cuesta construir un colegio bicentenario.

¿Dónde estaban los ojos de las instituciones públicas para no ver -o no querer ver- que había una irregularidad en que en la cuenta de un comerciante pasen 5 mil millones?

-Hay una imagen muy brutal, que lo resume todo, y es que gran parte de las operaciones fraudulentas fueron a través del Banco Estado. Venían a la casa matriz en calle Bandera, sacaban el dinero en mochilas, cruzaban al estacionamiento del Palacio Presidencial y se intercambiaban las mochilas. Literalmente debajo de las narices de los ministros del Interior durante años. Es una escena brutal, porque demuestra la impunidad absoluta en que operaban.

Huracán

¿Dónde se ubica la operación Huracán dentro de este desfalco?

-Con Huracán uno se pregunta por qué surge, cuáles fueron los motivos. O sea, que el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, haya viajado tres veces a La Araucanía a juntarse con un fiscal para llevar adelante una investigación es, por lo menos, extraño. No recuerdo un caso policial en que el cabecilla de la institución se desplace 700 kilómetros para reunirse con un fiscal, no con el fiscal nacional ni regional, con un simple fiscal de una causa, para instarlo a ejecutar estas detenciones. Es inaudito, insólito y tendrá que ser explicado, por qué era tanto el interés por Huracán y que es lo que se pretendía ocultar con Huracán.

¿Qué opina de la supuesta operación de inocular mensajes falsos en los celulares de los imputados?

-Fíjate que no existe tecnología conocida todavía para hackear Telegram y Whatsapp. Acá sale Carabineros diciendo que tenía una persona sin títulos profesionales, el profesor Smith, que asegura que lo puede hacer. Si no hubiera sido porque intentaron vincular al propio fiscal del caso con información falsa, lo más probable es que estos mapuches seguirían presos, es dramático.

Varias veces a Smith se vio complicado fundamentando sus declaraciones…

-Uno se pregunta cómo alguien sin preparación comprobable llega a ser el asesor estrella de la inteligencia policial. Dieron mucha pena, fue muy precaria, muy amateur. Hay que pensar que inculpaban a gente que tenían coartadas comprobables y se caían las pruebas solas. Por ejemplo, acusaban al fiscal de tener una amante mientras él estaba fuera de Chile, realmente fue de un amauterismo que tiene que ver directamente con la impunidad. Se sentían dueños de la ley, creían podían hacer lo que quisieran. De hecho, una de las escenas más dramáticas de los últimos años es cuando va la PDI a incautar computadores a las oficinas donde operaba esta unidad especial de Carabineros y la policía se resiste a esa operación determinada por la justicia. Bajo el mando de Bruno Villalobos, la policía no estaba dispuesta a aceptar la ley.

¿Hay un antes y un después de este caso?

-Probablemente haya detenidos y procesamientos, pero la gran incógnita es qué va a pasar con los gastos reservados. Hay que ver si la fiscal Macarena Cañas logra judicialmente desentrañar eso, porque una cosa es tener la certeza humana que aquí hubo un robo y otra es lograr probarlo judicialmente.

No parece fácil…

-No, porque en general los gastos reservados se pueden girar sin ningún tipo de rendición de cuentas, sin dejar ningún rastro. Por ende, es muy difícil lograr probar la apropiación indebida.

¿Cuál es la ley que le da esa “facilidad”?

-Es un artículo suscrito en el último año de la dictadura, que faculta a las FFAA de destruir archivos sin previa consulta. De hecho, eso fue lo que pasó con los documentos de la CNI, fueron destruido cerca del año 2000 sin consultarle ni a los tribunales, ni al gobierno, ni a nadie.

¿La ley no contempla que quede por lo menos un registro del proceso?

-Queda todo en la nebulosa. Es como en este caso, que la ley permite a los bancos destruir su documentación después de seis años y como este fraude tiene más de diez, hay una parte que es bastante difícil de reconstruir, que es del 2009 hacia atrás. Es muy probable que nunca tengamos certeza total de cuál es el monto real de esta defraudación, que hoy suman 28 mil millones de pesos.

Para pensar, esa cantidad equivalen a 10 veces un sueldo de todos los presidentes de Chile desde el año 90 hasta la fecha, con este dinero se podrían pagar, a valor actual, los honorarios durante dos siglos de los presidentes de Chile…No hay institución que esté libre de la corrupción, pero esto no es una simple corrupción, en el caso de Carabineros, es el fraude fiscal más grande de la historia.