Los peligros de una mala reconstrucción

POR JUAN PABLO HERMOSILLA (*)
Me preocupa cómo se van a reconstruir las zonas dañadas. No se trata sólo de cuestiones presupuestarias e ingenieriles, sino qué tipo de comunidades se reconstruirán. La integración de los ciudadanos afectados al proceso de diseño de las soluciones es vital, para reinstaurarlos en sus derechos. Ellos debieran integrarse organizados y asesorados, para que las soluciones sean de aquellas que mejoran su calidad de vida y los incorporan de una buena manera a su entorno. Hay una gran oportunidad de prevenir marginalidad futura, de prevenir la tan habitual segregación territorial y cultural. Pero creo que nada de esto se hará. En la superficie se mostrarán respuesta rápidas y eficientes, propias de buenos gerentes, pero por debajo, subterráneamente, se deteriorarán los vínculos sociales mediante respuestas meramente asistencialistas y en apariencia caritativas. Los ciudadanos saldrán agradecidos (en el mejor de los casos) pero con un sabor amargo, por que se les trató en el proceso como objetos y no como personas. Por debajo, se perpetuarán las discriminaciones atávicas de nuestra sociedad y surgirá una comunidad post reconstrucción debilitada e insegura. Lo que hay que tener claro ahora, no más adelante, son los costos de una reconstrucción mal implementada. Si no se opta por empoderar a los ciudadanos, de hacerlos partícipes en la tarea de poner en pie sus barrios y pueblos, pagaremos los costos por un buen tiempo y podemos pagarlo caro. Nuestros territorios y nuestros vínculos comunitarios son esenciales para moldear nuestro comportamiento futuro. Las conductas sociales se encuentran fuertemente influidas por nuestro entorno inmediato y el apego que éste nos genere. Hay marcadores de marginalidad social y cultural que son asimilados rápidamente: el hacinamiento, la mala calidad de las viviendas, la falta de espacios público dignos y útiles, las distancias de los servicios estatales y de lugares de trabajo, la estética del lugar, etc, etc. Aquí se encuentra uno de los principales motores de violencia social (delictual) que surge como respuesta a las condiciones impuestas por el Estado a ciertos ciudadanos, en verdaderos actos de violencia del sistema social en contra de aquellos que son instalados en los márgenes de la civilización y abandonados a su suerte. Nada produce más paz social y tranquilidad que una comunidad de ciudadanos integrada, que facilita la creación de vínculos de pertenencia y una identidad no dañada. Esto se puede lograr si hay voluntad política, pero lamentablemente, en nuestro golpeado país, la desintegración de los vínculos comunitarios, la segregación y la marginalidad constituyen la regla que se ha instalado desde hace un buen tiempo. Ojalá pudiésemos imputar el desastre que existe en gran parte de los barrios y ciudades a la Derecha, pero la verdad es que ha sido más bien un subproducto de las políticas sociales de los gobiernos de la Concertación. Lo que sucede, es que cuando uno se imagina el futuro con la desintegración social existente, agrega el terremoto y asume un reforzamiento de las políticas represivas de control penal por parte de un gobierno de Derecha, el escenario es de temer. Ojalá que esté equivocado, pero el optimismo me lo matan nuestros vecinos latinoamericanos. Hay una tendencia ancestral a construir nuestras sociedades dejando espacios estructurales para que germine la violencia. Nosotros nos hemos desagregado de nuestros vecinos, somos la excepción (junto con Uruguay) del festín de violencia estructural y delictual que es nuestro subcontinente, pero es fácil recaer y retornar a nuestro origen. Por la envergadura de la zona dañada y el alto nivel de población afectada, confrontamos un desafío único en nuestra historia republicana, en el cual nos jugamos más de lo que creemos. La tragedia generada puede continuar por mucho tiempo si no hacemos bien las cosas. La participación ciudadana organizada es una de las claves que no deben ser desatendidas para lograr nuevas comunidades que surjan fortalecidas social y jurídicamente (en sus derechos) fortaleciendo los lazos comunitarios tan necesarios para construir un país más justo e inclusivo.
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*Abogado

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