Foto: Alejandro Olivares

La intensificación de las máquinas mediáticas, ya se sabe, no sólo está allí sólo para controlar qué, cómo y cuánto se informa, sino que en su interesada selección va paulatinamente envileciendo las tramas sociales. Máquinas miméticas, que se replican las unas en las otras hasta convertirse en una mera repetición que excava entre los escombros de la noticia buscando ese elemento, generalmente cursi o morboso o insulso, que les permita alimentar el paso del día ante una noticia que, definitivamente, ya fue despedazada al punto de ser distorsionada de sí misma.

Intensificadas máquinas mediáticas, siempre políticas, nunca inocentes ni menos ingenuas sino más bien filtros y dispositivos de poder que están dispuestos certeramente para cumplir con mandatos que cooperan ya con la coerción o con el debilitamiento de las fuerzas sociales para beneficiar la expansión del capital. Los controles de estas máquinas mediáticas que producen realidad y administran la información le pertenecen a la derecha, la misma derecha que históricamente, a partir de los núcleos familiares, ha manejado en gran medida el país negociando (a regañadientes) cambios culturales y beneficios sociales con los partidos políticos.

En medio del reality minero, cuando ya el drama ha sido convertido en un moderno circo romano, se advierte de antemano el futuro de su olvido. Sin embargo, este presente permite ver hasta qué punto se han extremado las formas, las conductas o los signos que, en definitiva, consiguieron avasallar los dilemas que históricamente han experimentado los trabajadores de la minería del cobre.

Entre las múltiples situaciones que se han detonado a partir del derrumbe que mantiene cautivos a los mineros, quizás uno de los episodios más curiosos lo haya protagonizado Farkas (siempre latente precandidato a la presidencia de la República), una intervención en la tragedia que tal vez puede resultar paradigmática para pensar cómo ocurren los excesos y hasta dónde es legítima la obtención de un beneficio personal.

Haciendo gala de su dinero, Farkas regaló “compasivamente” a cada una de las familias de los mineros $5.000.000. Sólo que ese regalo fue público, personal y, más aún, estruendoso. Precisamente por la condición de reality que ha alcanzado la mina, el regalo de Farkas fue cubierto y hasta sobrecubierto por todos y cada uno de los medios de comunicación. De esta manera Farkas se hizo presente en el escenario nacional con la misma mecánica que ha construido su presencia pública: regalando dinero a diestra y siniestra, ya mediante exageradas propinas, ya lanzando billetes hacia las multitudes, cumpliendo así puntillosamente su rol de millonario excéntrico dotado de su “look” de campeón de lucha libre.

Desde luego, no se trata de criticar el hecho de que las familias reciban donaciones, pero la pregunta es cuánto dona Farkas y en qué medida sus donaciones representan, en realidad, simples inversiones en su propia imagen, que benefician directamente el buen curso de sus negocios. O dicho de otra manera, hasta qué punto el millonario invierte un (modesto) capital en familias mineras que le rentan muchísimo más que su aporte, pues le permiten acceder a una inmensa cobertura mediática que resulta monetariamente invaluable.

Regalar dinero, ingresar al mundo mediático como Pedro por su casa, millones más, mientras atrás la represión policíaca se ensaña contra los estudiantes estrenando sus nuevos balines impregnados con pintura o las emprende contra los hinchas futboleros y ya es claro como el agua que esa fuerza policíaca se prepara para reprimir, empleando la máxima violencia, cualquier manifestación que vulnere el orden piñerista.

Y más atrás todavía, la situación irresuelta de las “aldeas” (que es el término curioso que renombra a los antiguos campamentos), espacios ya abandonados por las máquinas mediáticas y que, sin embargo, continúan experimentando cotidiana y duramente la mediagua del retroceso, la carencia y el hacinamiento.

Y afuera de las tramas mediáticas, la ley antiterrorista amenaza con más de cien años de cárcel a uno de los comuneros mapuches, Héctor Llaintul. Comuneros presos bajo la infame ley antiterrorista promulgada por la dictadura y activada por la Concertación, una ley que los enfrenta simultáneamente a cortes civiles y cortes militares para añadir años sobre años a sus condenas. Cortes de justicia que admiten testigos encapuchados que prestan testimonio quebrando las lógicas jurídicas que se oponen a las capuchas.

El Estado chileno ha sido, de manera constante, amonestado por sus políticas indígenas en los espacios internacionales. No sólo se acumulan muertos mapuche por la violencia policíaca en los más de 20 años de transición a la democracia, sino que habría que recordar como símbolo de la violencia contra los comuneros al joven Matías Catrileo, baleado por la espalda, sin que su homicida haya recibido un día de cárcel.

En el norte, las cámaras, las radios, los parlamentarios, los personeros de gobierno, los chefs, Farkas, se instalan en la superficie de la mina para exhibir sus imágenes y ser reconocidos. En el sur el hambre es el arma mapuche. En la capital la policía cerca los espacios estudiantiles, allana a los okupas, intercepta teléfonos buscando terroristas. Sí, un Chile que se pone a tono con los dilemas del mundo y genera sus propios terroristas. Jóvenes, mapuche, total, da lo mismo.