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Opinión

18 de octubre de 2010

Los otros muertos

POR ANA VERGARA TOLEDO ¿Qué pasa con los autores de los asesinatos de los más de 30 jóvenes durante el gobierno de la Concertación? ¿Encontraremos sus nombres en el Museo de la Memoria?

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POR ANA VERGARA TOLEDO
“Gobierno de Aylwin: democracia para ricos y asesinos, miseria y represión para el pueblo”, con ese rayado se recibía la “transición a la democracia” en Villa Francia. No podía ser de otra manera, el 6 de octubre de 1988, mientras se celebraba el triunfo del plebiscito, Luis Alberto Silva Jara, niño de 14 años, fue herido mortalmente por una bala disparada por carabineros de Chile en la esquina de Alameda con Las Rejas, frente a la vista aterrorizada de los vecinos que se encontraban junto a él.

A fines de los ’80 las FFAA, los grupos económicos y los mismos políticos como Patricio Aylwin, que promovieron el golpe militar que terminó con el gobierno de la Unidad Popular, logran sentarse en la mesa a negociar la salida del dictador Pinochet. Este pacto político plasmado en lo que se denominó “transición a la democracia”, debía asegurar en su política de Derechos Humanos, entre otras cosas, que se enjuiciara a los uniformados sólo en los casos por ellos denominados “emblemáticos”, dando cuenta que para la Concertación habrían personas asesinadas por motivos políticos de primera y segunda categoría.

Centenares de crímenes cometidos por militares y agentes de seguridad del régimen pinochetista permanecen hasta hoy en la penumbra y el olvido como muchos casos de «detenidos desaparecidos».

Las escandalosas rebajas de condenas dictadas por el poder judicial en los contados casos donde se ha logrado culpar a un uniformado, la construcción de las cárceles cinco estrellas de Punta Peuco y Penal Cordillera especialmente destinadas para asesinos y delincuentes uniformados, la aplicación de la Ley Pinochetista Antiterrorista especialmente al pueblo mapuche, los aparatosos montajes policiales-jurídicos y mediáticos ejercidos en contra de jóvenes luchadores sociales, la criminalización de la lucha social, la existencia de presos políticos y sociales en cárceles que aseguran el máximo castigo (aislamiento por 22 horas diarias, hostigamiento a las visitas, hacinamiento, insalubridad), los más de 30 jóvenes asesinados en manos de la policía, obedeciendo a políticas represivas de los gobiernos de la Concertación: Año 1989, Jecar Neghme. Año 1990, Luis González González; Aldo Norambuena Soto; Julio Eyzaguirre Reyes; Ariel Antonioletti; Emilio González González. Año 1991, Odin Moena Adasme; Enrique Torres Saravia; Ignacio Escobar Díaz; Sergio Valdez Valdés; Juan Fuentes; Mauricio Cancino. Año 1992, Fabián López Luque; Álex Muñoz Hoffmann; Pablo Muñoz Moya, Mario Vásquez; Andrés Soto Pantoja; José Miguel Martínez; Pedro Ortiz Montenegro; Mauricio Gómez Lira. Año 1993, José Luis Oyarzún Pino; Norma Vergara Cáceres; Alejandro Sosa Durán; Yuri Uribe Toro; Raúl González Órdenes. Año 1997, Francisco Díaz Trujillo. Año 1998, Fernando Soto Durán; Claudia López Benaige. Año 1999, Daniel Menco. Año 2002, Álex Lemún; Año 2007, Rodrigo Cisternas. Año 2008, Matías Catrileo; Jonny Cariqueo; Año 2009, Jaime Mendoza Collío.

El 11 de enero de 2010, aparecía en los medios de prensa: “Incidentes empañan inauguración del Museo de la Memoria… el acto que prometía ser el más simbólico de la era de la Presidenta Michelle Bachelet, con la presencia de importantes figuras del mundo político se dio paso al primer recorrido por este espacio que busca recuperar la memoria histórica del país tras el golpe militar de 1973 y sus consecuencias y que pretende conseguir que “nunca más” ocurran hechos de esa naturaleza en Chile, se vio empañado por los disturbios que protagonizaron dos mujeres que se hallaban en el público”.

Esas dos mujeres, hermanas de Matías Catrileo y los hermanos Vergara Toledo, empañaron no sólo “el acto más simbólico de la era de la entonces Presidenta Bachelet”, sino que emplazaron a todos los representantes de la Concertación presentes en el lugar por la gran bofetada que significaba esa “celebración a la memoria” con “justicia en la medida de lo posible”, que no es más que la impunidad institucionalizada de asesinos uniformados.

El 27 de septiembre de 2010, en la Región de Aysén el cabo Walter Ramírez Inostroza, quien asesinó al joven comunero Matías Catrileo en febrero del 2008 y fue condenado a tres años remitidos, se desempeñaba en la Central de Comunicaciones de Puerto Aysén desde el 16 de agosto de 2008.

En el caso de los hermanos Vergara Toledo, luego de 25 años desde su asesinato, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva, rebajando los años de condena de 15 a 10 años y un día al carabinero Jorge Marín Jiménez y de 10 a 7 años a los uniformados Álex Ambler Hinojosa y Nelson Toledo Puente.

¿Qué pasa con los autores de los asesinatos de los más de 30 jóvenes durante el gobierno de la Concertación? ¿Encontraremos sus nombres en el Museo de la Memoria?
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Villa Francia, 6 octubre 2010, a 22 años del asesinato de Luis Alberto Silva Jara, El Chaca.

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