Así cayó el caso bombas de la dupla Peña-Hinzpeter

El martes pasado, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y su fiel escudero, el ex fiscal de la zona Metropolitana sur Alejandro Peña, sufrieron un duro golpe en una de las causas más emblemáticas desde que el ex hombre fuerte de La Moneda asumiera su cargo: la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la apelación de la Fiscalía y del Ministerio del Interior a un fallo que dejó afuera más de un 70% de las 6.744 pruebas presentadas en la acusación en contra de los imputados por el denominado “Caso Bombas”. Esta decisión dejó al borde del abismo el polémico caso ya que entre las pruebas descartadas se encuentran los pilares sobre los cuales Peña y compañía construyeron la tesis de asociación ilícita y solo avala los elementos que prueban la existencia de las bombas, como los rastros de pólvora o los extintores despedazados en los lugares de las explosiones. Para Mauricio Daza, abogado de Pablo Morales, uno de los acusados de liderar la supuesta asociación, el fallo de la corte podría abrir la puerta a que el fiscal que heredó la causa, Raúl Guzmán, sobresea a los imputados o reformule los cargos en su contra. “Estos son los problemas que le heredó Peña a esta causa a partir de una actuación en la cual vulneró los mínimos principios de lo que debe ser el actuar de un fiscal del ministerio público. Además, para más remate, a la mitad del proceso básicamente arranca de la audiencia en la que se iba a revisar la pertinencia de estas pruebas para irse a trabajar al Ministerio del Interior”, comenta Daza con un dejo de molestia. Pero hace mucho tiempo que este caso pasó del plano delictivo al político, especialmente por la constante injerencia del ministro del Interior, su criminalización a los imputados y el estrecho vínculo que tiene con el ex fiscal Peña, que a solo una semana de presentar la acusación renunció al Ministerio Público para aceptar un cargo en el ministerio comandado por Hinzpeter, quien además deberá declarar en el caso si este llega a un juicio oral. Sin embargo, para Daza, lo más razonable sería que bajo la línea del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, el fiscal Guzmán decida sobreseer a los imputados, para lo cual tiene plazo hasta mañana, a menos de que presente un recurso de queja ante la Corte Suprema. “Se ha dicho que la Fiscalía está muy afectada porque se le quitaron pruebas claves. La verdad es que ellos nunca tuvieron pruebas para acreditar nada, la prueba clave era muy feble, muy débil, y básicamente consistía en opiniones de policías sobre lo que sería una asociación ilícita”, explica. Pero hubo una delación en algún momento... -Frente a la circunstancia de que no había ningún antecedente concreto, lo que hace el fiscal Peña es ofrecerle a determinadas personas tener el carácter de testigos protegidos, esto significa la posibilidad de que declaren en juicio en contra otros, atribuyéndoles participación directa en determinados delitos sin que la defensa o los afectados sepan quién es esta persona. Esta ley tiene algo increíble: permite y en forma legítima otorgar beneficios económicos a quien declara como testigo sin rostro. Según Daza, los testigos protegidos en el caso bombas eran personas condenadas por narcotráfico en causas que llevó la Fiscalía sur comandada por el fiscal Peña “a quienes se les ofreció ir a la cárcel donde se encontraban estas 14 personas y que declararan que habían escuchado decir y confesar su supuesta participación en la asociación ilícita y en la colocación de los artefactos”. ¿Y está probado que recibieron beneficios? -No sabemos quiénes son, esa es la información que hemos recogido de distintas fuentes y que vamos a intentar hacer presente en el juicio. ¿Qué camino crees que va a tomar la Fiscalía tras este fallo de la Corte de Apelaciones? -Tengo la esperanza de que el fiscal Guzmán sea un fiscal serio. Yo creo que debiese sobreseer esta causa. Yo creo que está en una situación incómoda porque heredó todo este problema y sin duda que el Ministerio del Interior debe estar ejerciendo una presión brutal. En muchos casos el Ministerio Público tiene autonomía, pero la verdad y lo grave es que en una causa de esta envergadura se haya vulnerado de manera tan evidente y burda lo que es el límite entre el poder político y la autoridad que tiene a cargo la persecución penal. ¿Al final, quién es delincuente? ¿tu enemigo político? Según el abogado, durante el curso de la investigación y mientras los imputados se encontraban detenidos, Peña solicitó medidas como la toma de muestras de sangre extraída por personal policial al interior de la Cárcel de Máxima Seguridad por la fuerza, para después ofrecerle a la familia de imputados, específicamente a Francisco Solar, que no tiene antecedentes, que si él reconocía ser parte de una asociación ilícita terrorista y reconocía que las personas que eran sus coimputados participaban en ella, lo dejaban el libertad. -La actuación del fiscal Peña va más allá de lo descriptible. Aquí se vulneraron derechos y garantías mínimas y todo para salvar una causa que se vendió como un insumo político para lo que era en su momento, las pretensiones presidenciales del ministro del interior y que ocupó su cargo para beneficio propio a expensas de 14 personas. Esto es un atentado al Estado Derecho y da cuenta que los fines no era servir a la política de seguridad ciudadana sino para una causa política. ¿Si es un montaje, porqué se eligió a estas 14 personas? ¿Qué méritos tenían? -Yo creo que Peña salió a pescar. El llegó y tomó a tres grupos de personas distintos. Primero a un grupo de personas que vivían en casas okupas y se autodenominan anarquistas y que tienen un perfil de peligrosidad. Paralelamente toma a universitarios que habían trabajado el tema de derechos humanos y presión política, y toma a dos ex Mapu Lautaro que estaban en libertad cumpliendo su condena. Entonces arman este paquete y le presentan al país a un grupo de personas peligrosas, entre comillas, y se dice que son ellos los responsables de las bombas. El problema es que durante la investigación, no sólo las pruebas determinaron que no tenían responsabilidad sino que los bombazos no pararon, sino que aumentaron. El primer quiebre del caso se produjo el 25 de abril, cuando la Corte de Apelaciones concedió arresto domiciliario a Pablo Morales, uno de lo supuestos líderes de esta asociación por considerar que los antecedentes en su contra no sustentaban la prisión preventiva. Actualmente ninguno de los imputados se encuentra en la cárcel por el que Daza considera como “el mayor bochorno en la historia del ministerio público desde la reforma procesal penal” y que entre sus casi 7.000 pruebas iniciales incluía afiches de Axel Rose, libros y documentales como La Batalla de Chile. ¿Porqué crees que en la acusación se incluyeron tantas pruebas inútiles, como el afiche de Axel Rose? -Básicamente era una señal política. Todo esto en algún momento se transformó en una operación política básicamente por el actuar del ex fiscal Peña, que en lugar de ser un fiscal del Ministerio Público fue un operador político de Hinzpeter. En ese contexto, lo que hacen, para efectos mediáticos, es decir miren tenemos penas altísimas y 7000 pruebas con la finalidad de generar el titular en el diario. Pero nunca calcularon que iba a haber un análisis serio de las pruebas. Ellos menospreciaron la labor del Poder Judicial. Acá hubo una teoría que en algún momento sirvió para levantar una frustrada campaña presidencial del ministro del Interior: se dijo que había un peligro muy grande, una amenaza. Pero las pruebas sosas estuvieron acompañadas con un procedimiento irregular bajo el cual hoy existe una causa criminal en contra de fiscales del Ministerio Público, debido a que estos sostuvieron en audiencia que obtuvieron evidencias a partir de autorizaciones judiciales previas, sin embargo, posteriormente se probó a partir de los oficios de esos tribunales que dichas pruebas se obtuvieron antes de la autorización. “Ellos entraron, incautaron y además hicieron análisis forzados de vestimentas y personas que requerían por ley autorización judicial expresa. Lo más grave es que este hecho se lo niegan en su momento al tribunal”, dice Daza. ¿Qué tipo de pruebas? - Las trazas de nitrito. Son partículas que se encuentran en la ropa de las personas. Nosotros contamos con informes científicos que dan cuenta que las trazas no prueban contacto con material explosivo, porque las personas que tienen contacto directo presentan marcas, que es una cantidad sustantivamente mayor que estos átomos dispersos. Habiendo hecho pruebas a las personas que caminan por la plaza de Calama, Antofagasta o Rancagua, resulta que a todas se les encuentran trazas porque están en zonas mineras o agrícolas donde hay alta presencia ambiental de fertilizante que deja nitritos. Otro dato, uno de los detergentes de mayor uso en Chile deja trazas de nitrito en la ropa.
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