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6 de diciembre de 2011

Pink lady: la manzana envenenada que infectó a la Suprema y al Tribunal Constitucional

A fines de septiembre, la abogada Gabriela Paiva llegó hasta el estrado del Tribunal Constitucional (TC) para exponer los argumentos en favor de la transnacional Apple and Pear Australia Limited (APAL), que buscaba quedarse con la marca «Pink Lady», que denomina a una variedad de manzana. La mujer inició su ordenado relato ante los ministros […]

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A fines de septiembre, la abogada Gabriela Paiva llegó hasta el estrado del Tribunal Constitucional (TC) para exponer los argumentos en favor de la transnacional Apple and Pear Australia Limited (APAL), que buscaba quedarse con la marca «Pink Lady», que denomina a una variedad de manzana.

La mujer inició su ordenado relato ante los ministros de la instancia, pero al pronunciar un nombre, la ceja de uno de ellos se movió. Al magistrado del TC Francisco Fernández le sorprendió que Paiva citara a pie juntilla un estudio en derecho preparado por el abogado y jefe de Estudios de la Corte Suprema, Ignacio Vásquez.

En él, Vásquez señalaba que el TC debía acoger lo sostenido por la empresa, porque el TPI había actuado en contra de la Carta Fundamental.

El ambiente entre los jueces del TC estaba enrarecido. La empresa, para acceder a la posibilidad de ser escuchados, presentó primero un recurso ante la Suprema, el cual había sido suspendido por el mismo TC, mientras no se resolviera el fondo constitucional del asunto.

De esta manera, cualquiera fuera la decisión del TC, el asunto lo analizaría igual la Suprema, incluyendo el estudio de Vásquez, uno de los más altos funcionarios del Poder Judicial que no ocupa un cargo de juez.

Luego que Paiva se retiró, los ministros adoptaron el acuerdo y Fernández hizo presente la situación a sus colegas.

Todo pudo terminar allí, pero para Fernández el tema no cuadraba, así que pasó a la acción y contactó al presidente de la Corte Suprema, Milton Juica -y a otros magistrados- y les dio cuenta de la inconveniencia de que Vásquez hubiera aceptado hacer el estudio en derecho, haciendo llegar un documento de una página.

“Nos ha sorprendido que en el proceso ventilado en esta última sede la requirente (APAL) haya acompañado un informe en derecho en respaldo de su pretensión… suscrito por el jefe de la División de Estudios de la Corte Suprema, que en su calidad de profesor de derecho constitucional…”.

Duras prevenciones

Durante octubre el máximo tribunal realizó su tradicional jornada de reflexión anual, donde se analiza el futuro del Poder Judicial. Se hizo en Concepción, oportunidad, dijeron fuentes del máximo tribunal, que Vásquez aprovechó para acercarse a los ministros y “palabrearlos” antes de que la denuncia de Fernández se analizara en el pleno, haciéndoles ver que todo estaba en regla.

Pues bien, el 24 de octubre, es decir un día después del encuentro en la Octava Región, el ampliado de ministros de la Suprema se reunió y analizó los datos aportados por Fernández, en Santiago.

En esa oportunidad, hubo 14 miembros presentes. La determinación quedó plasmada en trece palabras, aún cuando la ley es tajante en señalar que los tribunales deben fundamentar sus decisiones: «Se tomó conocimiento de la información contenida en el documento de fojas 1», fue lo único que quedó como razonamiento de los 14 ministros.

Sin embargo, hubo dos de ellos, Pedro Pierry y Sonia Araneda -ambos de la Tercera Sala, Constitucional- a quienes la situación les pareció poco aceptable.

«Se previene que los ministros Pierry y Araneda estuvieron por disponer se limite, desde ya, la actividad del Director de la Unidad de Análisis, Estudios y Evaluación del Poder Judicial, sólo a asuntos que no tengan vinculación alguna con cuestiones de naturaleza jurisdiccional de que pueda conocer esta Corte Suprema», quedó estampado en el dictamen.

Intento fallido

Pero llegó noviembre. El miércoles 2 a las 13.16 pm. ingresó un escrito de Gabriela Paiva, la abogada de la multinacional australiana al TC. En el documento de una página, la profesional asegura que «tomó conocimiento» de la denuncia del ministro Fernández ante la Suprema, solicitando que fuera inhabilitado de conocer los antecedentes del recurso para quedarse con «Pink Lady».

En el expediente administrativo que vio rápidamente la Suprema contra Vásquez en ningún momento se le pidió opinión a la multinacional ni a la abogada que la patrocinaba, ¿cómo esta última tomó conocimiento? En la Suprema aseguran que más claro echarle agua.

Como haya sido, lo cierto es que los pares de Fernández en el TC analizaron la presentación de Paiva, pero rechazaron la inhabilidad. El fallo por la Pink Lady salió la semana pasada y fue contrario a los intereses de la multinacional.

Sin embargo, aún alta el de la Suprema, que será analizado por la Segunda Sala del máximo tribunal. Tradicionalmente esta sala ha resuelto las materias penales, pero desde el año pasado también se avoca a los temas marcarios.

La instancia está compuesta por los ministros Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Carlos Künsemüller y Hugo Dolmestch, los mismos que adhirieron a las 13 palabras de la resolución administrativa.

Cómo enterarse

Este diario consultó a Vásquez, quien confirmó el trabajo para el que fue contratado. Indicó que no tenía inhabilidad alguna para hacer estudios en derecho: “A mí se me solicitó la opinión en mi carácter de académico, sobre un tema de derecho y no en mi calidad de director de estudios”, esgrimió.

“A mí no me pagó la empresa. Me pagó la abogada que me contrató”, insistió.

Inquirido sobre la denuncia presentada por Francisco Fernández ante sus jefes, Vásquez fue claro y categórico: “Fernández presenta un escrito usando la tercera persona, diciendo ‘nos ha sorprendido’ y no ‘me ha sorprendido’ y en el fondo, cuando se discutió este tema en el tribunal constitucional se señaló que no había problema. Y se le hizo presente (a Fernández) después de sus largas vacaciones de que no era la forma de actuar, haciéndose pasar por el tribunal y no como una gestión personal”.

Al respecto, es importante señalar que parte de lo señalado por Vásquez apunta a una supuesta conversación en el pleno del TC, donde sólo los miembros de la instancia tienen acceso… o su pariente.

Grave acusación

Vásquez insistió: “Te podría contar más cosas de por qué el señor Fernández lanza este asunto”.

-¿Y por qué?
-Noooo…

-¿Hay segundas intenciones?
-No quiero más problemas con el tema me ha significado más un dolor de cabeza.

-¿Fernández tenía una segunda intención?
-Él es el redactor del fallo…. No, no no, hay una razón por la que él se quedó con el fallo… Cuando supe de este asunto… después supe algunos entretelones de su participación en este tema y de sus amistades con las personas a las que se les está dejando sin efecto o se está recurriendo sobre una determinada resolución.

– ¿Fernández tiene conflictos de interés?
-De interés no tengo idea. Lo que sí puede haber es una fuerte amistad entre una persona y él.

– ¿Quien será? ¿Los recurrentes o los recurridos?
-Del Tribunal de Propiedad Intelectual.

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