Mal terminaría sus días el antiguo mandatario egipcio, Hosni Mubarak, ya que la fiscalía que lleva su caso, pidió la pena de muerte por su implicación en las muertes de manifestantes en las revueltas que llevaron a su renuncia.

La petición de la pena capital formulada por el Ministerio Público incluye también al exministro del Interior Habib al Adli y a seis de sus ayudantes, informó a Efe uno de los abogados de la acusación, Ashraf Atwa.

Durante la sesión de hoy del juicio, la Fiscalía confirmó la responsabilidad directa de Mubarak y Al Adli en la muerte de los manifestantes durante los incidentes ocurridos durante la Revolución del 25 de Enero.

El Ministerio Público indicó que Mubarak, como presidente durante las protestas, es responsable según la Constitución y la ley, ya que tenía los mayores poderes y recibía informes, por lo que es imposible que no conociera los ataques y asesinatos de manifestantes.

Según Atwa, la Fiscalía pidió que se aplique “la máxima pena a los acusados por el crimen de asesinato premeditado, cuyo castigo es la muerte”.

El fiscal general, Mustafa Suleiman, denunció que el exmandatario no hizo uso de sus prerrogativas y no forzó la dimisión de Al Adli porque tenía interés en reprimir las manifestaciones.

Mubarak gobernó Egipto por más de 30 años.