La Cancillería ordenó una investigación en el Consulado de Chile en Bolivia -dirigido por Roberto Ubilla- por supuestos actos de espionaje y filtración de información, que hasta ahora se ha mantenido en la más estricta reserva.

La situación llegó a oídos del ministro de Relaciones Exteriores Alfredo Moreno el pasado 4 de mayo, cuando se reunió -entre las 13.30 y 15.00- con Alex Urra y David Bustamante, funcionarios del Departamento de Informática del Minrel.

En la oportunidad, le revelaron que dos de sus colegas ingresaron a la oficina del consejero de la legación diplomática, Rodolfo Montecinos, “procediendo a realizar trabajos que aparentaban acciones de espionaje… con la finalidad de perjudicar sus funciones diplomáticas”.

Leído así, se podría pensar que se trata de una defensa corporativa del afectado, sin embargo, una de las personas que ingresó a realizar la “mantención”, fue Jaime Castro, un ingeniero formalizado por la Fiscalía Centro Norte por el hurto de varios discos duros -supuestamente vacíos- desde el Minrel. El otro que entró a la dependencia fue su jefe, Carlos Fuentes.

Los hechos fueron protocolizados el pasado 24 de mayo en la notaría Linda Bosch por el secretario de la Asociación de Nacional de Funcionarios del Minrel (Aemre), Alex Brito, a la que accedió en exclusiva The Clinic Online. El documento se encuentra en manos también del Séptimo Juzgado de Garantía, que a lo envió al Ministerio Público y del fiscal administrativo del Minrel a cargo del caso Ricardo Fiegelist.

La otra versión

Pese a estos antecedentes, para los hechos acaecidos en Bolivia, existe una segunda versión que encendió las alarmas de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Y es que Castro habría encontrado una conexión clandestina (“espejo”) de la red del consulado que “refracta” hacia otro servidor. En los pasillos de la Cancillería se especula que sería hacia una agencia del espionaje boliviano, pero hasta ahora no existe una constatación formal de ello.

De acuerdo a la carta a la que accedió este medio, todo se trata de una “máquina” para tratar de “cagarse” al consejero Rodolfo Montecinos y que habría sido “montada” por Luis Álvarez, un funcionario de Informática destinado en Bolivia con “contrato local” que a su vez es amigo íntimo del jefe de la Unidad, Carlos Fuentes.

Los cruces que genera el documento van incluso más allá, porque Fuentes y Castro han viajado juntos a Lima, Perú, y no se han alojado en un hotel, ni en la residencia del embajador o en algún lugar elegido por el servicio exterior para evitar reclutamientos del espionaje del Rimac. Muy por el contrario, apunta la declaración jurada, ambos lo han hecho en un departamento “particular”.

“Durante la estadía del director de informática y el señor Castro, éstos arrendaron un departamento, siendo éste compartido con mujeres que ellos mantienen en dicho país cada vez que viajan en comisión de servicio. Haciendo presente lo delicado que podría resultar esta situación, toda vez que ellos viajan con pasaporte diplomático…”, señala el documento. La historia de Mata Hari viene como anillo al dedo.

El insólito

El pasado 16 de marzo, Jaime Castro fue detenido por la PDI en las dependencias del Minrel por hurtar material informático -hasta ahora discos duros y otros dispositivos de memoria- y venderlos en $ 100.000, en circunstancias que su sueldo supera los $ 2 millones 300 mil pesos, cuestión que prendió las alarmas de la ANI. El caso quedó a cargo de la Fiscalía Centro Norte.

La sospecha quedó instalada entonces en la Aemre, en los pasillos del edificio Carrera, en la ANI, como también en el restos de los servicios de inteligencia. ¿La razón? Jaime Castro y su jefe Carlos Fuentes -tal como reveló La Tercera y consta en el decreto 469- fueron enviados a la embajada de Buenos Aires desde el 22 al 28 de abril a realizar labores de mantención de redes, aún cuando había un sumario administrativo y una investigación criminal en curso. Actualmente, Castro sigue en su cargo.

En la declaración notarial aparecen una serie de detalles hasta ahora desconocidos sobre este último hecho que le fueron expuestos por Alex Urra al canciller Moreno. Uno de ellos es que el robo de “memorias, antenas, pantallas y discos duros” desde la unidad de informática se viene produciendo desde hace al menos un año. Hastiado de la situación, el propio Urra fue quien denunció el hecho al oficial de enlace de la PDI que opera en el Minrel y derivó en la investigación de la fiscalía y la confesión de Jaime Castro ante el perseguidor penal de turno.

Lo insólito, revela el documento, es que el jefe del imputado, Carlos Fuentes, inició una suerte de “razzia” para dar con el “soplón, quien los había cagado con hablar de esta situación”.

Este diario intentó obtener una versión de parte del Minrel en reiteradas oportunidades, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.