Policía de Córdoba no recibirá entre sus filas a hermafroditas, amputados de pene, cojos y tartamudos

Por Infobae.com.ar

Una nueva reglamentación, firmada en un decreto por el gobernador De la Sota, establece que se rechazarán candidatos que sufran distintas afecciones, entre las que incluyó cojera y tartamudez.

Fuentes de la jefatura policial explicaron que las nuevas disposiciones buscan prevenir que “en el futuro, cuando ya sean policías en la calle, tengan algún padecimiento serio por su trabajo”.

El decreto 763 fechado el 17 de julio, que reglamenta una ley del personal policial de 2010, menciona en el apartado X punto 5 como “causales de rechazo” el “hermafroditismo” y la “amputación de pene”.

Otras causas de exclusión de la fuerza, según publicó el diario La Voz del Interior, serán que el aspirante tenga dificultades de movilidad en sus piernas o le falte un dedo, sea tartamudo o sufra enfermedades coronarias o diabetes.

El mismo decreto menciona que a los aspirantes a policías también se les exigirá que no tengan antecedentes delictivos ni dependencia del alcohol o a algún estupefaciente, adicciones que tampoco deberán afrontar sus familiares y amigos.

La reglamentación, firmada además por el ministro de Seguridad, Alejo Paredes; y el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, puso de manifiesto exigencias que regían para los policías cordobeses, como el respeto y obediencia de los ingresantes hacia sus superiores.

El decreto advirtió que los policías “siempre” deberán estar conformes con su “estado y situación” y tendrán que evitar actuar con “tibieza”, aunque se les exige ser serenos y enérgicos.

Asimismo, dispone restricciones a la posibilidad de que los periodistas obtengan información sobre asuntos vinculados a la policía de Córdoba, al establecer que los agentes en actividad y retirados deberán contar con autorización previa de la Jefatura para entregar datos a trabajadores de prensa.

En la ley publicada en enero de 2010 no se hizo mención a la relación de los policías con los periodistas, sino que se estableció el deber de los efectivos de “guardar secreto, aún después del retiro o baja de la institución, de los asuntos del servicio que por su naturaleza o en virtud de disposiciones especiales, impongan esa conducta”.

Pero en la reglamentación, en el inciso G del artículo 14, el decreto de De la Sota advierte que “salvo autorización expresa de la Jefatura, el personal en actividad o en retiro no podrá prestarse a reportajes ni emitir públicamente su opinión en asuntos de carácter oficial o vinculado a la función o a los intereses policiales”.

“El personal que se vea aludido en crónicas o artículos periodísticos, en contra de lo establecido, se dirigirá por nota a su superior, formulando el descargo o declaración correspondiente”, estableció el gobierno.