Desde Australia, Sebastián Piñera puso el grito en el cielo porque según el mandatario a los inversionistas de afuera les preocupa la falta de “seguridad jurídica” que hay en nuestro país.

El alegato del Presidente alude directamente a la cancelación por parte de la justicia de la Central y el Puerto Castilla, en la Tercera Región.

Piñera dijo desde la tierra de los canguros y el demonio de Tasmania que “en la reunión con los empresarios, ellos plantearon algunas preocupaciones. Entre ellos, los temas de energía, los temas de agua y los temas de seguridad jurídica. Y compartimos con ellos la estrategia que el gobierno está siguiendo para resolver estos problemas”.

Según el número uno de La Moneda “tenemos proyectos en la minería por más de 100 mil millones de dólares, pero tenemos dos dificultades: la energía y el agua”.

Piñera habló de la estrategia energética del gobierno argumentando que “éstas son políticas de Estado, que requieren contar con el apoyo y la comprensión de todos los chilenos (…) ningún Gobierno puede dejar de levantar la vista y preocuparse de enfrentar hoy día los problemas que pueden frenar el desarrollo y el crecimiento de Chile en los próximos años”.

Este codazo corto de Piñera al Poder Judicial se suma a las críticas que hizo la ministra de Medioambiente María Ignacia Benítez en El Mercurio, quien dijo que no estaba conforme con el fallo judicial por Castilla pero que aún así lo respeta.

Según Benítez la decisión judicial “incurre en errores y eso es complicado”.

La secretaria de estado aseguró que “el fallo se acata, pero no comparto el razonamiento del fallo. No estoy aquí para defender un proyecto determinado, sino que estoy por defender la institucionalidad ambiental”.

La ministra explicó que “el fallo habla de fraccionamiento de proyectos. La reforma a la Ley dice que el fraccionamiento de proyectos sólo está prohibido cuando se utiliza como una manera de no ingresar un tema al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), o sea que un proyecto que se fracciona para no ingresar algunas de las partes. Ahí se prohíbe el fraccionamiento. La Ley también impide que tú eludas la forma de ingresar, es decir, que tú ingreses un proyecto a través de una declaración y no un estudio”.

Continuando con su crítica la ex consultora ambiental manifestó que “en este caso se trata de una central y un puerto, y ambos ingresaron mediante estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, no hay vulneración ni infracción. Por otra parte, el fallo dice que hay una parte del proyecto que no fue evaluada, que es la conexión entre el puerto y la central, y el transporte de carbón y petróleo. Yo puedo garantizar que eso sí se evaluó y en su totalidad con línea base y los impactos que genera, por lo tanto ahí hay un error y ese es el problema que se genera”.

Según Benítez el Poder Judicial se metió en un área que no le compete: “Sustituir al organismo técnico no corresponde, porque la institucionalidad queda en entredicho”.

En la misma línea la ministra manifestó que “si el fallo dice que esto es contaminante y no molesto, o que el proyecto debe tramitarse en uno solo, ¿entonces dónde queda el organismo técnico? Esa decisión corresponde al SEA y la Superintendencia de Medio Ambiente lo debe fiscalizar para que así sea”.