Abogado de familia Huber: “Faltó procesar al general Augusto Pinochet, que fue quien dio la instrucción”.

El viernes pasado, luego de 20 años de la muerte del Coronel de Ejército Gerardo Huber, la Sala Penal de la Corte Suprema condenó por homicidio al general retirado Víctor Lizárraga, ex subdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejécito (Dine) y el brigadier en retiro Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE).

El Caso Huber se remonta a 1991 cuando en Budapest se descubre un carguero chileno que iba hacia Croacia en plena Guerra de los Balcanes con 11 toneladas de armamento, marcado como “ayuda humanitaria”. Por esa fecha el coronel Gerardo Huber era el jefe de adquisisiones de la Dirección Logística del Ejército y fue llamado a declarar por el ministro Hernán Correa de la Cerda que comenzó a investigar el tráfico de armas de la Fábrica y Maestranzas del Ejército (Famae).

En enero de 1992 Huber se retira a la casa de su amigo Elwin Tapia en Sal Alfonso, Cajón del Maipo y desaparece el 21 de enero. Su cuerpo es encontrado el 20 de febrero en el río Maipo con el cráneo destrozado. Se determinó que Huber se había disparado y la investigación se cerró determinando que era un suicidio. Eso hasta 2005 cuando se reabre la causa por petición del Consejo de Defensa del Estado que investigaba el caso del tráfico de armas. El ministro en visita logra determinar que se trata de un homicidio y que Huber había sido asesinado por el disparo de un francotirador para evitar su testimonio en la investigación.

La sentencia

Es así como el fallo del viernes condena a Lizárriga a cinco años y Provis a cuatro, sin embargo, ambos obtuvieron el beneficio de libertad vigilada. Para Ciro Colombara, abogado de la familia de Huber, el fallo es satisfactorio pero no les parece que la sentencia sea suficiente: “nosotros considerábamos que en la medida que había asociación ilícita y una serie de circunstancias modificadoras de las penas, debieron haber sido más altas y con cumplimiento efectivo de la pena, sin ningún beneficio”.

Precisamente, no exisitó la pena efectiva porque la Corte Suprema desestimó los cargos de asociación ilícita para estos dos ex uniformados, así como para el general (r) Carlos Krumm y el coronel (r) Julio Muñoz Bustamante. Fue este último el que llevó engañado a Huber en su auto, al lugar donde fue asesinado, ya que eran amigos. Este punto también molesta a Colombara y la familia Huber: “no estamos de acuerdo con que se haya absuelto a algunas de las personas, entre ellos Julio Muñoz, porque tenemos la certeza de que él sí tuvo responsabilidad penal en estos hechos y desde esa perspectiva obivamente no estamos de acuerdo con la sentencia”, señala el abogado.

Tampoco está conforme con que se hayan desestimado los cargos por asociación ilícita, ya que, según Colombara, la investigación por tráfico de armas deja en evidencia que una vez reestablecida la democracia se organizó y funcionó al interior del Ejército una asociación que se dedicó a cometer delitos, como el homicidio de Hubber: “no me parece satisfactorio que no se haya condenado por asociación ilícita porque tengo la certeza de que esa asociación existió y siguió funcionando durante muchos años. De hecho, lograron obstaculizar el desarrollo de esta investigación durante 14 años”. Colombara se refiere al hecho de que personas vinculadas al Ejército habrían intentado impedir e incluso amenazado a la viuda de Huber, Adriana Polloni y su familia, para que no ejerciera su derecho como querellante.

De todas formas, Colombara rescata que la sentencia del poder judicial, así como la participación de la abogada María Inéz Horvitz del Consejo de Defensa del Estado en la investigación del tráfico de armas a Croacia y del ministro en visita Claudio Pavez, quien “una vez que toma la investigación realiza todas las diligencias que durante diez años no hicieron los jueces anteriores. En un plazo muy breve dicta procesamientos que fueron confirmados unánimemente por la corte de apelaciones y la Corte Suprema, llegando a las esferas más altas del Ejército”, explica Colombara. Pero agrega que en esa lista faltó una persona: “solamente faltó el General Augusto Pinochet que fue quien dio la instrucción, pero que obviamente por su fallecimiento no fue posible avanzar en su responsabilidad penal y establecerla por la vía del procesamiento”.

Otro punto que para Colombara queda pendiente es que tanto el Ejército como el Estado se pronuncien públicamente y reconozcan su responsabilidad ante la familia, porque los funcionarios “actuaron en el contexto de la institución, utilizando su posición, privilegios y medios del Ejército”, recalca. Y agrega que también falta dilucidar quién fue el autor material del asesinato, lo que nunca se pudo determinar: “y por otro lado, quiénes fueron todos los partícipes en este hecho que por cierto no fueron solamente los condenados”, sentencia Colombara.

Demanda civil

La sentencia de la Corte Suprema además ordena una indemnización de 300 millones de pesos para la familia, divididos en 150 millones para Adriana Polloni y 150 para los tres hijos del matrimonio. Colombara señala que “la familia en este momento está analizando y sopesando una sentencia que viene a establecer una verdad después de veinte años”, y aunque señala que esta investigación nunca tuvo un objetivo de carácter económico, el abogado agrega que “la demanda nos parece satisfactoria aunque la familia lamenta que los inculpados en este caso no sólo no van a cumplir penas efectivas, sino que tampoco van a cubrir las indemnizaciones. Eso lo va a cubrir el Fisco de Chile y desde esa perspectiva lo que nos parecía razonable sería que los condenados sean quienes paguen las indemnizaciones, pero sabemos que eso no va a ocurrir”.

De esta forma, aunque la condena ya está determinada, para Colombara el caso Huber aún no está cerrado. Señala que tanto para él como para la familia “se cierra el capítulo judicial y se inicia el capítulo del reconocimiento y las reparaciones”.