Los propietarios de la empresa editora del diario Clarín, incautado en 1973 por la dictadura de Augusto Pinochet, consideran que la anulación del pago de la indemnización de 10 millones de dólares por parte del Estado chileno, “abre las puertas a un nuevo Tribunal de Arbitraje”.

En un comunicado remitido firmado por Víctor Pey Casado y la Fundación española Presidente Allende (FPA), los demandantes y propietarios de Clarín interpretan así la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) de anular el fallo que él mismo emitió en 2008.

“La FPA y Víctor Pey denunciaron siempre ese fraude ante el Tribunal de arbitraje y el Comité ad-hoc y celebran que la decisión de 2012 haya encontrado la manera de anular su reflejo pecuniario”, señala.

Según el texto, “la decisión ha abierto de par en par las puertas a que un nuevo Tribunal de Arbitraje se constituya más adelante, con la misión específica de conocer las razones que justifican en derecho que la indemnización por los daños causados debe ser superior a la simbólica concedida en 2008”.

La decisión del Ciadi de 18 de diciembre de 2012 “ha confirmado el Laudo arbitral de 8 de mayo de 2008 en cuanto a que Víctor Pey u la Fundación española Presidente Allende (FPA) son los propietarios del patrimonio de la empresa editora del diario Clarín, que está bajo ocupación militar ininterrumpida desde el 11 de septiembre de 1973”, añade el comunicado, fechado en Madrid.

Confirma asimismo -prosigue- “la condena que el laudo impuso a la República de Chile de indemnizarles por denegación de justicia y discriminación, y la condena en costas. Estas resoluciones son definitivas y tienen efecto de cosa juzgada”.

El texto indica que “la decisión de 2012 innova en cuanto al monto de la indemnización a los propietarios españoles. El Laudo de 2008 había aceptado la suma -unos diez millones de dólares- que en 2005 la Administración de Lagos había regalado a los partícipes en el fraude al Estado en torno a unos falsos propietarios inventados por la Administración de Ricardo Lagos”.

En 1997, Víctor Pey Casado, con el respaldo de la FPA recurrió al Ciadi con una solicitud de arbitraje debido a la confiscación del Clarín, que en el momento del golpe militar era el de mayor circulación en Chile.

La dictadura se apropió todos los bienes del periódico y su sede, en el centro de Santiago, fue utilizada como cuartel secreto de torturas y asesinatos por uno de los varios grupos represivos del régimen militar.

En su acción inicial ante el Ciadi, los demandantes solicitaban una indemnización de 515 millones de dólares, que posteriormente aumentaron a 797 millones a través de un recurso de revisión.

En su defensa, el Estado chileno limitó dicha indemnización a diez millones de dólares, lo que el Ciadi dictaminó en 2008, y posteriormente solicitó la nulidad del fallo condenatorio que ha sido ahora acogida por el tribunal.