¿Quién fiscaliza a los fiscales?

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Hace algunos días el Fiscal Nacional Sabas Chahuán efectúo su cuenta pública anual, donde además de dar la ya tradicional versión parcial y autocomplaciente acerca de su propia gestión, reprochó a quienes nos hacemos la pregunta sobre “quién fiscaliza a los fiscales”, al calificarla de temeraria y mal intencionada. Lo anterior, ya que según su particular versión, la institución estaría llena de controles, toda vez que tendría que remitir de manera regular información sobre su funcionamiento tanto al Congreso como al Ministerio de Hacienda, más allá de los datos que él mismo procura que se mantengan a disposición de cualquier persona en la página web del Ministerio Público.

Sin embargo, el problema es que si se analizan los hechos objetivamente se puede concluir que los dichos del Fiscal Nacional son engañosos y derechamente inconsistentes con la realidad, lo que pone de manifiesto que su molestia con dicha pregunta en realidad deriva de su clara pertinencia como de su inquietante respuesta.

Ningún órgano externo revisa la veracidad y consistencia de los antecedentes que el Ministerio Público entrega sobre su propia gestión, en un contexto en que la Contraloría se ha declarado legalmente imposibilitada de efectuar dicha labor, y en que las supuestas “auditorías externas” señaladas por Chahuán sólo se hacen a partir de los datos que ellos entregan, sin poder verificarlos ni cuestionarlos. Además, se ha hecho habitual que la Fiscalía responda a los requerimientos de información que en esta materia se le hacen vía ley de transparencia, e incluso por medio de oficios de parlamentarios, negándolos a partir de invocar una torcida interpretación de su “autonomía”, la que fue establecida por la ley para evitar que los fiscales fueran influenciados en las decisiones que deban tomar en una investigación penal por intereses de grupos de poder, pero que jamás fue concebida como una excusa para no trasparentar el uso de los enormes recursos públicos que se les confía.

En este escenario, el anuncio del Fiscal Chahuán de que “una universidad” hará un control de la ejecución presupuestaria del Ministerio Público resulta inverosímil, si se considera que las bases de dicha licitación serán elaboradas por él mismo en el momento que le parezca conveniente. En todo caso llama la atención el énfasis que colocó al especificar que dicha universidad sería estatal, si se considera que es docente de una universidad privada de propiedad del Grupo Laureate, que ha sido profusamente mencionado en el contexto de la investigación penal vinculada al lucro en la educación superior y cuya principal arista, relacionada con la estafa de que han sido víctimas miles de estudiantes a partir de un modelo creado para defraudarlos, inexplicablemente no avanza.

De esta forma no debería llamar la atención que en su cuenta pública el Fiscal Chahuán haya omitido explicar cómo va a reparar el inmenso daño que le provocó al Estado con su lamentable actuación en el caso bombas, ni por qué el conjunto de manifiestas irregularidades cometidas en esa causa se encuentran hasta la fecha sin sanción. Tampoco explicó cómo justifica que un fiscal que fue sorprendido mintiéndole a un juez para obtener una orden de entrada y registro, dando cuenta que ésta es una práctica habitual, haya sido “castigado” con la sanción “ejemplar” de medio sueldo por un sólo mes. Pero lo más llamativo es que nada dijo acerca de la denuncia realizada por funcionarios del Ministerio Público sobre la adulteración ilícita de más de 21.800 registros a fin de mostrar artificialmente como cumplidas determinadas metas de gestión, materia que está “investigando” el Fiscal de su confianza, Pablo Gómez Niada; “sumario interno” que debe resolver en última instancia el propio Chahuán, a pesar de que se ha denunciado que él mismo habría participado en estos hechos, en un contexto en que el Fiscal Nacional se ha negado en dos oportunidades a entregar al Consejo de Defensa del Estado los antecedentes que se le han solicitado en relación a este caso.

Lo más paradójico es que esta falta de control y transparencia afecta especialmente a los miles de fiscales y funcionarios del Ministerio Público, sometidos a un régimen de absoluta arbitrariedad, ya que al no existir una carrera funcionaria, los cargos en la institución se mantienen o designan en la práctica a partir del grado de cercanía que se tenga con el Fiscal Nacional o con su grupo de confianza. Además deben enfrentar una carga de trabajo que los sobrepasa con escasos recursos, no obstante que sólo este año se le entregaron al Ministerio Público por ley de presupuestos más de 125 mil millones de pesos, los que son repartidos internamente bajo la decisión del propio Chahuán, sin ningún control externo efectivo; todo lo cual contrasta con las millonarias cifras que la Fiscalía Nacional gasta en actuaciones de dudosa utilidad y que no se vinculan directamente con la persecución de determinados delitos. Es precisamente esta realidad la que explica la preocupante y creciente fuga de fiscales de calidad hacia el sector privado.

Así las cosas, resulta inverosímil que el Fiscal Nacional pretenda que el Congreso le entregue otros 30 millones de dólares bajo el eslogan de “reforzamiento institucional”, sin que se establezca una fiscalización efectiva de sus gastos. Además, el referido proyecto que impulsa Chahuán con ayuda del Gobierno, destina tales recursos adicionales a la creación de un conjunto de “fiscalías especializadas” que están claramente diseñadas para darle trabajo a quienes cumplan su periodo legal en los cargos de Fiscal Nacional y Fiscal Regional, esto es, el proprio Chahuán y su grupo de confianza; lo que en nada ayuda a enfrentar la sobredemanda en los delitos más comunes. Todo lo anterior se ve facilitado por la ausencia de voluntad política de la autoridad competente para enfrentar la solución de estos problemas de manera desinteresada y decidida, a través de reformas legales que deberían ser impulsadas por la actual Ministra de Justicia, quien es la esposa del Fiscal Regional de Valparaíso, el cual fue nombrado a instancias de Chahuán como la persona de su confianza para que “investigue” la adulteración de registros donde se le ha involucrado.

En definitiva, la pregunta sobre quien fiscaliza a los fiscales no sólo es pertinente sino que urgente, debiendo como sociedad levantar la voz para exigir una repuesta concreta y seria, a fin de garantizar que esta “poderosa arma”, como califica Chahuán a la institución que dirige, no apunte ni dispare en contra del interés general ni de nuestras garantías como ciudadanos.

*Abogado, Magister en Derecho Penal y Procesal Penal.