Sergio Villalobos, el desconocido proscrito de la dictadura

El historiador fue censurado por una obra sobre los bandoleros de la Araucanía. Junto a él, también fueron objetados la novela “Hijo de Ladrón” y teleseries como “Mi nombre es Lara”, como parte de un seguimiento al “activismo intelectual”.

La dictadura del general Augusto Pinochet desplegó un plan global para aplacar las críticas que provenían desde la cultura, el que incluyó desde desconocidas censuras al historiador Sergio Villalobos hasta sesiones secretas para analizar teleseries como “Mi nombre es Lara”, según miles de oficios reservados en poder de The Clinic.

“Cuando (el texto de Villalobos) se refiere al vandalismo entre los años 1880 y 1920 alude a valores espirituales de esa actividad (…) y se puede interpretar entonces que el terrorismo actual tendría a su vez los motivos de ‘justicia social’ que motivaron a los bandoleros”, alegó el ministro de Educación, Sergio Gaete, el 23 de junio de 1986.

El funcionario, quien portaba un revólver Astra calibre 38 en su vida diaria, escribió sus aprehensiones en el oficio reservado 263, dirigido a la Rectoría de la Universidad de la Frontera.

En el documento, Gaete demandó en concreto a las autoridades de esa institución dejar de patrocinar el libro “Araucanía: Temas de historia fronteriza”, escrito justamente Sergio Villalobos y Jorge Pinto.

La acción, que pedía “no incurrir nuevamente en un respaldo a los autores ya citados”, fue parte de una preocupación permanente de la dictadura por “el activismo intelectual”, según revelan oficios de ministerios, la Armada y la Central Nacional de Informaciones (CNI).

En el país, las medidas fueron simples y directas como la censura y el seguimiento a intelectuales. En el extranjero, la operación incluyó impulsar actos a favor del régimen a través de las embajadas.

Ya en 1979, el jefe de la CNI, el general Odlanier Mena, pidió a Cancillería en el oficio secreto 206.080 “los nombres y apellidos de las personas que realizan activismo artístico proselitista en desmedro de los intereses del gobierno” en el extranjero.

“(Ello) facilitaría una mayor expedición en la adopción de medidas destinadas a neutralizar a quienes dañan la imagen de Chile en el exterior”, explicó el director de la CNI.
La coordinación subsiguiente fue total, con reportes provenientes desde Roma, Viena, Washington o Buenos Aires. Ariel Dorfmann, Joan Manuel Serrat e Illapu fueron nombrados en los reportes.

Rojas y Rodríguez

En Chile, una inquietud crucial fue vigilar el contenido de las lecturas a las que era expuesta la juventud, la cual la dictadura deseaba formar bajo sus valores. En 1984, ello llevó por ejemplo al subdirector de Carabineros, general Rodolfo Stange, a plantear la inconveniencia de que los jóvenes leyeran “Hijo de Ladrón”, de Manuel Rojas, un autor ganador del Premio Nacional de Literatura en 1957.

El ministro de Educación de la época, Horacio Aránguiz, acogió la solicitud el 28 de agosto de ese año, en el oficio reservado 05/336.

“Se han tomado las providencias necesarias para evitar el uso de esta obra como lectura complementaria en II y IV Medio”, respondió a Stange.

“Hijo de Ladrón”, publicada en 1951 y una de las obras cumbres de la novela social chilena, quedó así excluida de la lectura escolar, marginando las vivencias de su personaje Aniceto Hevia del imaginario juvenil.

Los esfuerzos por depurar las lecturas en los colegios consideraron también proponer a autores que inspiraran a los estudiantes, en especial durante las masivas protestas de 1986 que derivaron en marchas y tomas de colegios.

Por orden directa de Pinochet, el Ministerio de Educación debió sugerir textos y cambios al plan de estudios en Educación Cívica, como quedó consignado en los oficios 14.435 de la Secretaría General de la Presidencia y 01/527 de Educación.

“Como primera medida, he dado expresas instrucciones respecto de que se declare material didáctico el Tomo I de los libros de don Pablo Rodríguez G., ‘El mito de la democracia en Chile’, ya que estimo aborda el tema en forma sumamente adecuada”, apuntó Gaete.

Pablo Rodríguez, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, fue previo al golpe el líder de Patria y Libertad, grupo nacionalista que realizó atentados y asesinatos para derrocar al presidente Salvador Allende (1970-1973).

El ministro, tras analizar las ventajas y problemas que acarrearía modificar las horas de estudio de Educación Cívica, alertó además que cualquier cambio sería objetado por la oposición. “No faltarán los sectores que impulsarán una a lo menos tendenciosa campaña en contra”, subrayó Gaete.

Peligros de Teleserie

Desde el Ministerio de Educación también hubo una vigilancia especial sobre el cine y la televisión, a través de su participación en entidades como el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

El 2 de noviembre de 1987, por petición del almirante Jorge Martínez Busch, el CNTV destinó por ejemplo largas horas a debatir los peligros que entrañaba la teleserie “Mi nombre es Lara”.

Protagonizada por Bastián Bodenhofer y Elena Muñoz, la telenovela narraba la vida de Lara Fernández, una joven de Maipú que trabajaba en un club nocturno, antes de llegar a la televisión de la mano del productor Pablo Mondetti.

El problema, para la Armada, era el contenido moral de la telenovela, que a su juicio contravenía los propios fines de la televisión estatal.

La acusación fue secundada por el llamado Departamento de Control Interno de TVN, órgano a cargo de vigilar los contenidos en esa estación televisiva y que reclamó que los primeros 70 capítulos de la telenovela habían salido sin censura.

En el debate secreto que surgió en el CNTV, y que los involucrados dejaron por escrito y con sus firmas, el entonces miembro de la Corte Suprema Enrique Correa Labra abrió la discusión preguntando “si era moral exhibir inmoralidades para después demostrar la bondad”.

Jorge Eugenín Ulloa, nombrado en el CNTV por Pinochet, admitió que él había visto cinco capítulos de la telenovela y que jamás observó algo inmoral, aunque si le llamó la atención que en ese lapso la historia “no avanzara absolutamente nada”.

Finalmente, y tras debatir la conveniencia de transmitir telenovelas en horario de niños, el CNTV optó por recomendar a TVN “un mayor cuidado en el cumplimiento de sus principios programáticos”.
También se aprobó en esa sesión la emisión del último capítulo del programa de reportajes “Informe Especial”.

El activismo intelectual

Todo este despliegue de los ministerios y la policía secreta para controlar lo que sucedía en el mundo de la cultura y la televisión fue entendido como el “activismo intelectual”. De hecho, desde la década de 1980 la Oficina de Estudios Sociológicos de la Armada (OESA) comenzó a enviar reportes mensuales a Pinochet, la Junta Militar y los ministros en los que analizaba integradamente “el terrorismo”, “el activismo social” y el “activismo académico”.

En esos años, el régimen envió diplomáticos a vigilar qué era expuesto sobre Chile en el Museo Metropolitano de Nueva York, al tiempo que pidió a gobiernos como el de Holanda modificar sus textos escolares por “menciones lesivas” al gobierno de Pinochet.

Hacia 1987, con el plebiscito por la continuidad del régimen en el horizonte, las preocupaciones en el campo intelectual dejaron de lado los charangos y novelas, para centrarse en las propuestas sociales y políticas generadas desde universidades y centros de estudios, como CERC, Flacso y Cieplan.

Temas como los debates sobre gasto militar, propuestas de paz para Sudamérica o el papel de las Fuerzas Armadas en democracia cobran relevancia, como consignaron los informes número 15 y 16 de1987 de la OESA, fechado en agosto y septiembre de ese año.

Los nombres de Juan Somavía, Heraldo Muñoz, Carlos Portales, José Miguel Barros y Pilar Armanet circularon entonces por las oficinas del Diego Portales. La democracia, y todos los riesgos que los militares veían en ella, estaban a la vuelta de la esquina.

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