Cath Collins llegó de Inglaterra en 1996 a trabajar en Puente alto con agrupaciones comunitarias. A más de 10 años de aquello, la cientista política hoy dirige el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, que se especializa en el estudio de causas judiciales iniciadas desde 1998 por violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura.

Buscan ser un puente entre la comunidad y el Estado, lo que no ha sido fácil, sobre todo en un país donde aún se acepta que figuras públicas defiendan la dictadura y las consecuentes torturas, asesinatos y desapariciones. Debido a lo que Cath señala como falta de acciones reparatorias de parte del Estado, ha sido el propio Observatorio el que ha tenido que recopilar información sobre casos, víctimas y condenas, las que destacan por las bajas penas y por la poca cantidad de agentes procesados.

¿Cómo han revisado el tema de los beneficios para presos por violaciones a los derechos humanos?
Cuando supimos eso y lo empezamos a publicar de repente gendarmería ya no nos da más información directamente. Me llamó una persona de gendarmería, que no te voy a decir el nombre y me dijo: “es que Cath, te tengo una mala noticia, es que la persona a cargo de acceso a información de gendarmería me dice que no les dé más información”. Y yo le dije ¿y a ti te produce alguna contradicción que la persona a cargo a acceso de información te dice que dejes de dar información? Ahora, habíamos llegado a esa persona de manera correcta consultando en una oficina que ellos nos dijeron. Y ahora ya no tenemos más acceso directo a información de gendarmería, entonces nosotros en la medida que alguien está a punto de cumplir sentencia o en la medida que estimamos que puede que haya pasado algo de estas características mandamos a consultar el nombre y no nos contestan.

¿Y cómo lo hacen?
Ahora que lo canalizamos en el Programa de Derechos Humanos de Ministerio del Interior, tampoco nos contestan. Entonces en estos momentos nadie es capaz de dar una cosa al día de cuántas personas están presas en este país por los crímenes por los cuales han sido condenados, porque nadie da información. Tampoco dicen explícitamente que no dan información ¿qué es lo que hacen? Dilatan, dilatan. No contestan, no contestan, entonces estamos con ese problema.

¿Qué han podido saber del tema de los militares con beneficios?
Hasta donde llegamos a enterarnos, tenemos un documento donde está todo individualizado. Son doce, nueve que le han dado el juicio y tres que han cumplido su sentencia que son los que alguna vez pasaron por la cárcel por estos crímenes pero ya no están en la cárcel. Pero si hay más, es algo que lamentablemente no estamos en condiciones de saberlo. No puede ser, no puede seguir así.

¿Por qué se les negó la información? ¿Qué les dijeron?
El argumento era que esto era información privada de la persona. Ahora, la condena criminal que tiene la persona en este país no es una cosa personal, es parte del proceso de justicia que tiene que ser público, tiene que ser conocido, todos tenemos derecho a saber que la persona a las que mandaron a cumplir su sentencia efectivamente la cumplió o no la cumplió. Pero la posición de gendarmería, por lo menos con nosotros, es que esto es información privada y que la persona tiene derecho a privacidad. Lamentablemente la persona en el momento que se pone a torturar y a matar pierde su derecho a privacidad, por lo menos en este ámbito, porque la pena se impone en nombre de la sociedad, no es un arreglo privado entre la persona y el juez o gendarmería o quién fuera, entonces eso nos pareció a nosotros totalmente fuera de lugar.

¿Y no pudieron hacer nada?
Lo conversamos en una reunión que teníamos con uno de los ministros de causa, para saber, en una de esas estábamos mal. Y entre los afectados estaban dos personas que él había mandado presos y se llegó a enterar por nosotros que ya no lo estaban. Él dijo “yo voy a arreglar eso” y le dieron la misma respuesta al Ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago. Le dijeron que no le podían dar información de los reos porque era información personal y hasta ahí llegó. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar con la Ley de acceso a la información. Y ahí nosotros argumentamos que incluso en un programa de derechos humanos, lo que se necesita es un sistema de supervisión y de cumplimiento de penas, esto es un ejemplo de lo que pasa en el sistema en general.

¿No hay un responsable de fiscalizar eso?
Es que todos creemos que debe haber un responsable, pero a nadie se le ocurre quién, porque el poder judicial no tiene que ver con los beneficios, el programa de los derechos humanos no tiene que ver con los casos de tortura y sobrevivientes, entonces todos tienen una responsabilidad que es hasta ahí no más. Esto para mí refleja lo que ha pasado a nivel de víctima, de sobreviviente: nadie se hace cargo del tema de reparación, se hace una cosita por acá por allá, para apaciguar, para dejarlos tranquilos. Pero globalmente nadie quiere abarcar el tema. Son cosas como tragicómicas que pasan porque nadie se hace cargo. Después del Valech 2 en el 2011, que fue también una farsa la forma en que dieron la información.

¿Por qué?
Colgaron unos nombres a una página web, eso fue todo. Esa fue la entrega ceremonial formal que el Estado hace ante los sobrevivientes de tortura. Ni una carta, ni una notificación formal con una explicación de qué fue lo que sucedió y para más insulto colocada en un sitio web que si tú ves el perfil etario y el perfil socioeconómico, algunas de las personas que estaban ni idea tenían de qué había pasado con eso. Y nos llaman a nosotros. Como nadie sabe nada y nadie se hace cargo de nada llegan a nuestra puerta y yo he tenido unas conversaciones telefónicas tremendas y yo digo ¿dónde está el Estado? Porque el Estado debe reparar en la forma también en que trata a la personas y eso no se ve. Ahora, hay personas de muy buena voluntad en todas las instancias que hacen más de lo que pueden. Por compromiso, porque son sobrevivientes, porque llevan años que conocen la situación de sus compañeros, pero eso blinda al sistema. O sea, hace que parezca que la cosa está mejor que antes. Pero te iba a dar un ejemplo.

Sobre el tema de los beneficios
Yo una vez iba saliendo del país y estoy llegando al aeropuerto y me suena el teléfono y es un amigo nuestro sobreviviente de la Villa Grimaldi. Y me dice “oye Cath estoy en el Parque Arauco, acabo de ver a Odlanier Mena que está aquí”. Odlanier Mena que supuestamente está preso, fue el jefe de la CNI. Le pregunto: “¿estás seguro?” Y me dice: “¡si lo conozco, estoy seguro!” Y y me dice “¿qué hago?” Cómo qué haces ¿si tú ves una persona que debería estar preso en la calle, qué haces?

Llamo a Carabineros
Llamas a Carabineros, porque esto es lo que se haría en un país donde la ley se cumple. A él no se le ocurrió, y yo sé por qué no se le ocurrió. Yo también me imagino tratar de explicar a un Carabinero por qué tiene que llevar detenido a este tipo. Al final llamé a la Brigada de derechos humanos de la PDI, que no han hecho mal su trabajo, lo han hecho correctamente con un compromiso que otros no han demostrado. Y yo pidiendo disculpas que después me cuestiono: ¿por qué voy a pedir disculpas por una cosa que es totalmente correcto que lo haga? Lo llamo y le digo que vieron a esta persona y ahí fue a averiguar y ahí supimos que Odlanier Mena tiene salida el fin de semana y se pasea todos los sábados y domingos con su señora por el Parque Arauco como si nada.

Y así quizás cuántos más
Entonces el tema no es solamente eso, sino que su víctima se encuentra con él en el mall, que es una cosa de película. Y ¿a quién recurre? A nosotros que no somos nadie. Entonces dónde empezar con todos los problemas, bueno pero es el tema de los famosos beneficiados.

¿Cómo ves la participación o el apoyo del Estado?
Lo que nosotros hacemos es monitorear más bien lo que hace el Estado, si el está cumpliendo o no con sus deberes y a la vez informar a la gente. Tratar de empoderar a la gente para que ellos interpelen directamente a sus autoridades, ya sea en el poder judicial o más ampliamente. Porque llega un punto en que tú te das cuenta que lo que pasa en el poder judicial no agota el tema, que eso tiene que ver también con el legislativo que se hace el desentendido, y con el poder ejecutivo que le pone un poco más o un poco menos de énfasis, pero nunca la ha puesto todo el énfasis que debiera. Entonces nuestro deber es más bien facilitar esa conversación. Tenemos una relación fluida con algunos de los agentes del Estado, como el Servicio Médico Legal que es un aporte tremendo y ahí hemos podido hacer cosas.

Pero han tenido problemas con otros
Nos dimos cuenta que algunos de los problemas que van quedando es la falta de coordinación. Todo se sabe en este país, esto que “yo no supe” es una mentira, porque todo se supo acá. El tema es quien lo sabe y dónde está la información. Porque el que sabe lo ha dicho, lo ha proclamado desde que le pasó, no le han pescado, no le han creído y después viene, después recién le vienen a creer, después el ministro llama a un tipo que hace treinta años trató de hacer algo y dice “ya ahora quiero saber” y el tipo a veces dice “¿sabes qué? Hasta aquí llego porque cuántas veces cuento la misma historia”.

Individuos actualmente o recién habiendo cumplido penas de presidio en Chile por violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990 a enero del 2013

Documento: Condenados por crímenes relacionados con DD.HH. excarcelados por concesión de beneficios

 

Documento: Individuos actualmente cumpliendo o recién habiendo cumplido penas de presidio en Chile por violaciones a los derechos humanos cometidos entre 1973 y 1990n