La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la decisión del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que mediante un decreto comunal ordenó el cierre a la rampa de acceso a los estacionamientos que operan bajo la Universidad San Sebastián (USS), ubicada en Pío Nono con Bellavista. Además condenó a la casa de estudios a pagar las “costas” por la tramitación del recurso de protección.

El fallo de la Quinta Sala del tribunal de alzada capitalino -que publica íntegramente The Clinic Online- establece que Jadue actuó dentro de las facultades que le otorga la Ley Orgánica de Municipalidades para revocar el otorgamiento del llamado “comodato precario” sobre un “bien nacional de uso público”, precisamente donde se ubica la rampa de acceso a los 500 estacionamientos de los que usufructúan comercialmente las sociedades vinculadas a la USS y que son de los más caros de Santiago.

Los tres magistrados de la Quinta Sala -María Rosa Kittsteiner, María Cecilia González y el abogado integrante José Luis López- no sólo consideraron las atribuciones de Jadue, sino también escucharon otros dos aspectos que fueron incluidos en los alegatos del abogado de la municipalidad, Ciro Colombara.

El primero, el caso de corrupción que lleva la Fiscalía Centro Norte que liga a la USS a las coimas cobradas por el condenado ex director de Obras Carlos Reyes. El segundo, relativo al proceso que inició la Superintendencia del Medio Ambiente (SIMA) por diversas irregularidades.

Sucede que la propiedad de la USS -ligada a sociedades con giros distintos- es dueña del llamado “conjunto armónico bellavista” que incluye además tres torres departamentos que están en la misma manzana de Bellavista, Pío Nono, Dardignac y Ernesto Pinto Lagarrigue.

El organismo descubrió que la USS sólo ingresó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) respecto de los edificios habitacionales, mas no el correspondiente a la zona educacional. La sanción que arriesga la USS podría llegar a los 5 millones de dólares o la clausura del edificio.

Hay que recordar también que la USS es investigada por el fiscal oriente Carlos Gajardo, en la arista “lucro”del llamado caso CNA, donde uno de los miembros del organismo -Luis Eugenio Díaz- cobraba coimas para conseguir las acreditaciones.

En tanto, el rechazo al recurso de protección puede ser apelado a la Corte Suprema.

En estrado

Fue Alejandro Pérez, presidente de la USS, patrocinado por el abogado Nicolás Kulikoff quien recurrió de protección a la Corte de Santiago. En su libelo apuntó a que Jadue había actuado de forma arbitraria e ilegal al revocar el uso del bien de uso público. Este último había sido otorgado por Sol Letelier en diciembre de 2009 por cuatro años y sería renovado automáticamente por períodos iguales, según alegaron.

Argumentaron asimismo que se atentaba contra la libertad de educación, ya que varios de los estacionamientos del subsuelo son usados por académicos y personal de la USS. Y además que la resolución de Jadue provocaría un caos vial “impresionante”, entre otros derechos que a su juicio le fueron conculcados sin racionalidad legal.

Sin embargo, el abogado de la Municipalidad de Recoleta, Ciro Colombara refutó todas y cada una de estas imputaciones e incluyó el caso de corrupción y la indagatoria de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Colombara arguyó que Jadue tiene todas las atribuciones; que la USS -a través de sus sociedades- modificaron el proyecto arbitrariamente y trataron de actuar por la vía de los hechos consumados, es decir, construir para luego pedir las autorizaciones. Además indicó que la casa de estudios -en su oportunidad- aseveró que los estacionamientos eran para uso educacional y no comercial como ocurre actualmente

Por último esgrimió que no es efectivo que al cerrar la rampa de a los estacionamientos estos últimos queden impedidos de funcionar, ya que tienen otros accesos para hacerlo.

Al respecto, los ministros de la Corte resolvieron: “Que, al no configurarse en la especie los presupuestos exigidos para que la acción prospere, eso es, que el acto objetado sea ilegal o arbitrario, el presente recurso debe desestimarse, por ende no es necesario emitir pronunciamiento respecto de las garantías constitucionales que se denunciaron como vulneradas por el recurrente…”.

Corrupción

La historia que derivó en la negativa a esta presentación, comenzó en la Fiscalía Centro Norte a principios de 2012, luego que un particular denunciara que el jefe de obras de la Municipalidad de Recoleta, bajo la administración de la alcaldesa UDI Sol Letelier, le cobraba coimas para seguir operando su local comercial.

El caso quedó en manos de la perseguidora de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Macarena Cañas, que a poco andar descubrió que no era el primer caso imputado a Carlos Reyes.

Luego de incautaciones de documentos, discos duros e interrogatorios a varios testigos e imputados, Cañas llevó a juicio abreviado a Reyes, quien pasó casi un año en prisión preventiva. En la audiencia de agosto pasado –cuyo audio fue  publicado íntegramente por este pasquín digital– Reyes reconoció cuatro delitos de cohecho , pero dejó abierta una puerta relativa a una coima de 14 millones de pesos que intentó pagar la USS, a través de Enrique Herrera, representante legal de la casa de estudios. Todo con el fin de que Reyes intercediera con la alcaldesa Sol Letelier para rebajar el pago por el uso del suelo comunal. Esta arista se encuentra actualmente en plena tramitación.

Complicaciones reales

Volviendo a la investigación de la fiscal Cañas, la USS, de comprobarse el intento de cohecho del representante legal de la casa de estudios al ex director de Obras, podría enfrentar un complejo escenario.

Sucede que uno de los sobornos recibidos por Carlos Reyes fue desde la empresa de pinturas Ceresita, cuya sociedad fue formalizada en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica. La empresa, para evitar un desgastante juicio oral y arriesgar que le cancelaran el funcionamiento de la sociedad, prefirió negociar con el Ministerio Público.

Pues bien, Ceresita debió pagar más de 2,5 millones de dólares en beneficio comunal, que se usan actualmente en mejoramiento de plazas, remedios y artefactos para el servicio de salud de Recoleta y en cada obra debe instalar un letrero donde se puede leer que esa donación obedece a la sanción derivada de las coimas.

La USS bien podría caer dentro de la misma fórmula, aunque todo está por verse en los próximos meses cuando la fiscal Cañas avance en la indagatoria.

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