Decreto de Piñera permite borrar los correos electrónicos de los funcionarios públicos

Ad portas de que se produzca el cambio de mando, el pasado 27 de febrero el Diario Oficial publicó un Decreto Supremo que le da chipe libre a los funcionarios públicos para borrar el contenido de sus correos electrónicos, modificando el reglamento que regula las comunicaciones electrónicas entre los órganos de la administración del Estado, promulgado durante el gobierno de Ricardo Lagos.

En ese marco se derogó el decreto 77, que obligaba a las reparticiones del Estado a guardar sus correos durante un plazo definido. “Con la finalidad de asegurar la constancia de la transmisión y recepción, los órganos de la administración del Estado que hagan uso de medios de comunicación electrónicos, deberán conservar los registros de estas comunicaciones por un período de tiempo que no podrá ser inferior a 6 años”, expresaba la extinta norma.

Según explica a El Mostrador la directora ejecutiva de Pro Acceso, María José Poblete, el riesgo de haber eliminado el mencionado decreto es que “se abre la puerta a que se borren los correos, porque deroga la norma expresa que establece que por seis años se deben guardar los mails”, ante lo que ahora “no sabemos qué pasará con la memoria digital”, relacionada con información de carácter gubernamental.

“El caso del decreto 77 es importante porque establecía normas que fijaban las reglas para el tratamiento de comunicaciones de correos electrónicos entre los mismos órganos del Estado, así como entre el Estado y los ciudadanos”, agrega Poblete.

La modificación legal fue firmada el pasado 15 de enero por el presidente Piñera, el ministro de Interior, Andrés Chadwick, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, el de Economía, Félix de Vicente, y el subsecretario de este último, Tomás Flores.

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